En Norte de Santander se creó la consejería para la paz, ¿en qué consiste?

En el marco de la mesa humanitaria que se llevó a cabo el jueves 8 de septiembre en el municipio de Tibú, región del Catatumbo, con representantes del Gobierno (departamental y nacional), se decretaron varias medidas que permitirán mitigar la situación de violencia que se vive en este territorio nortesantandereano.

En ese sentido, el gobernador de este departamento, Silvano Serrano Guerrero, firmó la ordenanza 011 de 2022, la cual le da vida a la creación de la Alta Consejería para La Paz y la Reconciliación de Norte de Santander.

El mandatario destacó que con esta herramienta participativa buscarán apostarle a que esta zona se convierta en un territorio de paz debido a las múltiples acciones terroristas que se han presentado por parte de los grupos armados que allí delinquen.

“Hemos insistido en la necesidad de que esta región tenga un capítulo especial en el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro y trabajaremos de la mano con el Gobierno nacional en ese propósito”, puntualizó Serrano.

Así mismo, el gobernante departamental se comprometió a realizar una convocatoria para que aquellos actores que trabajan por la paz se postulen al cargo de Alto Consejo de Paz en Norte de Santander.

“Están dadas las garantías para que se pueda generar un espacio que permita ese acercamiento a la paz total que propone el Gobierno nacional y es una necesidad sentida de la sociedad civil buscar un acercamiento con los actores armados para que cese el conflicto en esta región”, aseveró el gobernador.

Ante esta situación, en la que también participarán los sectores sociales, comunales y comunidades indígenas, SEMANA se comunicó con Juan Carlos Quintero Sierra, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), para conocer cuáles son esas peticiones que los acoja en la región del Catatumbo, destacando algunos temas puntuales.

Uno de ellos es plantearle al actual Gobierno el reconocimiento de los mínimos humanitarios, comenzando con el respeto al derecho internacional humanitario y que de allí se genere un mecanismo de seguimiento para que haya una concesión entre las partes que se confrontan, logrando así un alivio humanitario en el Catatumbo.

El segundo componente sería escuchar a las comunidades que han sido vulneradas en los Derechos Humanos y de las cuales son víctimas del derecho internacional humanitario, tanto de los legales, como de los ilegales.

“En el caso de Tibú, va a haber bastantes quejas sobre presuntas extralimitaciones de miembros de la fuerza pública en el mes de julio, en lo que se llamó la ‘retoma Tibú', después de los escandalosos videos que mostraban a los grupos de las disidencias aquí en el casco urbano del municipio”, puntualizó en este medio Quintero.

Por último, se hará una especie de movilización, como una acción de llamado, para que los grupos armados se unan a la iniciativa que tiene el Gobierno sobre reanudar los diálogos de paz. “Nosotros creemos que es urgente un diálogo de solución de la violencia política con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un diálogo con los mecanismos que establezcan las partes entre el Estado y el Congreso, con el resto de (los) grupos armados que tienen presencia en el territorio”, aseveró el vocero de Ascamcat en SEMANA.