La escalada de atentados que el ELN se atribuyó luego de anuncio de cese al fuego con el Gobierno Petro. ¿Dónde los cometieron?

Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro anunciaba con bombos y platillos el cese al fuego con el ELN, esa estructura terrorista protagonizó una semana de terror, secuestros, asesinatos y violencia desbordada en varias regiones del país.

El Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN) del ELN se atribuyó los hechos registrados, en el marco de la conmemoración de su aniversario número 59. Esta guerrilla mencionó que se combinaron acciones de propaganda armada y acciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas y la infraestructura.

“Realizamos 31 acciones político-militares en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Barrancabermeja, Popayán y Cúcuta (...). En desarrollo de las acciones de propaganda armada en 6 ciudades de Colombia, unidades del FGUN instalaron 23 banderas, dos pendones, 2 panfletarias, realizó pintas y distribuyó el comunicado en las cabeceras urbanas conmemorando el 59° aniversario del ELN”, indicó un reciente comunicado de esta estructura criminal.

No es la primera vez que el ELN es noticia por su actuar criminal y despiadado. En esta ocasión, en menos de cinco días, logró diseñar y ejecutar acciones verdaderamente violentas y sin filtro. La primera atribución corresponde a los hechos ocurridos en horas de la noche del pasado 2 de julio contra la oficina de Tránsito y Transporte del municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta.

“Un comando especial del FGUN del ELN ataca con explosivos la sede de tránsito municipal dejando daños a la infraestructura. La acción responde a los reiterados abusos y malos manejos de esta entidad contra la población del municipio en completa impunidad”, dice el escrito.

Seguido a esto, en el municipio de Barrancabermeja (Santander), el 3 de julio a las 5:45 a. m., esta organización realizó dos voladuras a las líneas de transferencia de agua y crudo en el campo El Llanito y en el campo La Cira Infantas, corregimiento de El Centro, donde, según ellos, “esta acción fue dirigida a afectar el saqueo del recurso energético de la nación por cuenta de Ecopetrol y las empresas extranjeras”.

Asimismo, en el corregimiento de San Faustino, del área rural de Cúcuta, el 4 de julio a las 7:40 p. m., un comando especial del FGUN realizó una acción violenta en las instalaciones de la planta procesadora de coque Incolmina.

“Como resultado de la acción, se afecta la infraestructura de la planta. Este sabotaje castiga a las empresas mineras que explotan sin compasión y sin garantías mínimas la fuerza de trabajo de la población más vulnerable de la región”, ratifica el comunicado.

Sin embargo, lamentó la muerte de un joven trabajador de dicha empresa, quien estaba en el lugar de los hechos: “en la acción contra Incolmina no hubo 16 heridos, ni fue una acción deliberada de nuestra parte; por el contrario, actuamos bajo protocolos de protección de la población y el caso donde resulta herido y luego fallece un trabajador se da por imprudencias del mismo, pues se encontraba a salvo y se regresó sin avisar al sitio de los hechos. Elevamos nuestra condolencia a sus familiares por esta lamentable situación”.

Ese mismo 4 de julio, pero en horas de la mañana, fueron asesinados dos policías mientras desayunaban en un restaurante en el municipio de El Zulia, área metropolitana de Cúcuta. Horas antes, habían atentado contra la vida de otro uniformado en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

La estructura del ELN no se atribuyó estos asesinatos, de los cuales fueron víctimas los patrulleros Renzo García Castro, Jerson David Cuevas Pineda y Samir José Vega Velásquez.

La escalada violenta del ELN no terminó con los asesinatos de policías, secuestros e intimidaciones a la población. El 6 de julio, cuando se supone que empezaba el cese de operaciones ofensivas, de acuerdo al anuncio del Gobierno nacional, esa guerrilla lanzó un artefacto explosivo a la estación de policía La Virgen, al norte de Bucaramanga.

El hecho terrorista ocurrió a las afueras de la estación hacia la 1:40 p. m., cuando había cambio de guardia. Seis policías resultaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad. Además, decenas de motocicletas y vehículos de la institución se vieron afectados por la explosión. Las autoridades de Bucaramanga creen que el ataque fue una respuesta de las células urbanas del ELN por recientes capturas. Los criminales aprovecharon el revuelo en la ciudad ante las protestas por la muerte de un motociclista para atentar contra la Fuerza Pública.

Sin embargo, esta guerrilla mencionó que el ataque con explosivos en la capital de Santander fue un castigo y en respuesta al abuso policial. “Las acciones realizadas fueron de castigo y en respuesta a los distintos males que afectan la vida de la población más vulnerable y que son conducta permanente del Estado. Con estas acciones, acompañamos las luchas que día a día libran los pobladores urbanos y rurales contra el abuso policial (...). Llamamos al pueblo a continuar estas luchas y allanar las salidas y transformaciones que el país necesita”.

Pese a esos días de horror, el presidente Gustavo Petro no se pronunció al respecto. En contraste, compartió a la opinión pública que el 6 de julio iniciaba la fase de cese de operaciones ofensivas entre ambas partes.

“Orientando a los guerrilleros urbanos el acatamiento del cese al fuego bilateral nacional y temporal (CFBNT) y haciendo un llamado a la participación de la sociedad en los diálogos que se adelantan con el actual gobierno”, puntualizó el comunicado del ELN.

Secuestro de la sargento y sus hijos

El 5 de julio, un día después del asesinato de los tres policías y de la muestra de terror en Cúcuta, el ELN confirmó el secuestro dos días antes de la sargento del Ejército Gihislaine Karina Ramírez, quien viajaba junto con sus dos pequeños hijos de 9 y 7 años por una vía de Fortul, Arauca.

Los menores también fueron raptados por los criminales. La militar y los niños, uno de ellos con autismo, fueron sometidos por el ELN, sacados del vehículo y transportados a uno de sus campamentos, donde estuvieron cuatro días, hasta su liberación en la tarde del pasado viernes. El secuestro de la sargento sacudió a la opinión pública y, ante los pedidos de cancelar todo tipo de avance con esa guerrilla, el Gobierno nacional respondió a través del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien tímidamente reconoció que había dificultades en el proceso.

No obstante, en un acto de ligereza, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo desde Buenaventura –horas antes de la liberación– que la sargento fue imprudente. “Ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN, es un acto de imprudencia”.

En otras palabras, el alto funcionario consideró que en esta ocasión la culpa era de la víctima y no de los victimarios. Pero no conforme con eso, el ministro agregó: “cada uno debe tener también responsabilidad en su comportamiento, las personas deben tomar todas las precauciones necesarias para que en sus desplazamientos haya seguridad”. Estas frases del ministro no cayeron muy bien en la familia de la sargento. Gerardo Ramírez, padre de la militar, dijo en entrevista con Vicky en SEMANA que esas no eran palabras de un jefe de las Fuerzas Militares.

“Yo estoy pasando por una compleja situación, pues no sé nada de mi hija. La imprudencia es la del ministro que no sabe cuánto gana un sargento del Ejército. Ella estaba cumpliendo una orden de traslado; es el colmo que el ministro diga eso, en vez de llamarnos a darnos fuerzas. Finalmente, la sargento y sus hijos fueron entregados a una delegación de la Defensoría del Pueblo. En una imagen compartida por esa guerrilla, se aprecia a la militar acompañada por guerrilleros, que llevaban de la mano a los niños.

Civiles en medio de las balas

Una de las imágenes más impactantes que dejó esa semana de horror en Colombia por cuenta de la crueldad del ELN es el video aficionado en un gimnasio de Fortul, Arauca, donde decenas de personas quedaron en medio del fuego cruzado de un hostigamiento de esa guerrilla contra la Policía de ese municipio.

Las personas que estaban en el gimnasio corrieron desesperadas en búsqueda de refugio, tras escuchar las ráfagas de fusil muy cerca. Momentos de terror se vivieron en varios sectores de ese municipio. En otro video, se escucha cómo los disparos no cesan mientras las voces de miedo de quienes graban las imágenes se escuchan en paralelo.

Aunque en el papel expresan deseos de paz, en la realidad el ELN sigue avanzando a su propio ritmo, caracterizado por la violencia y el terror.

El Gobierno nacional debe elegir entre dos escenarios: llenarse de paciencia y hacer oídos sordos ante las múltiples violaciones al cese al fuego o sentar posiciones claras y proteger a la población civil, así eso implique dar un paso atrás en un proceso de paz bastante confuso.