De la coca a la paz: así se transforma la zona rural de Cúcuta con la sustitución de cultivos ilícitos

Cúcuta es la única ciudad capital que tiene un problema de cultivos ilícitos en su zona rural, panorama que motivó a la creación del primer proyecto de sustitución voluntaria en un municipio que no hace parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En ese sentido, la vereda El 25, del corregimiento Banco de Arena, la cual era desconocida para los cucuteños, pues de ella sabían solamente sus habitantes y los grupos armados ilegales, la Alcaldía de Cúcuta le está apostando a cambiarle su historia.

Hoy su nombre hace referencia al lugar que está a punto de convertirse en ejemplo nacional por la transformación que ha tenido, al pasar de ser una zona de conflicto a convertirse en un territorio de paz.

Los inicios de esta transformación se remontan a diciembre de 2020, cuando, por primera vez, las 27 familias que conforman la vereda vivieron la estrategia de Entornos Protectores, la cual es liderada por la Secretaría de Posconflicto que semanalmente acerca la oferta institucional de la Alcaldía a barrios y corregimientos.

Como resultado de esta jornada, se iniciaron una serie de actividades con la comunidad, actividades que incluyeron acompañamiento psicosocial y la puesta en marcha de un proyecto productivo que les garantizaba la seguridad alimentaria. En el proceso, se identificó la intención de los habitantes de salir de la histórica economía ilegal y buscar otras alternativas de ingreso.

La propuesta llegó en enero de 2021, cuando la administración municipal, en alianza con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), le planteaban a la comunidad el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Tras varios meses de socialización con los habitantes, se consolidó el que sería el primer modelo de este tipo en un municipio no PDET.

Contrario a lo que venía imponiendo el Gobierno nacional, esta no sería una erradicación forzada, sino una propuesta que promueve los proyectos productivos en familias que tienen el interés de acabar los cultivos de coca de manera voluntaria.

Actualmente, son 27 familias las que conforman este modelo pionero en el país y quienes están haciendo la transición del cultivo ilícito (coca) al cultivo lícito (cacao y plátano), en el que se incluyen las etapas de asistencia técnica, proyecto productivo y pagos condicionados para garantizar la seguridad alimentaria de los beneficiarios.

“Este proyecto ha sido una bendición para nosotros. Como todo, al inicio fue difícil, porque no estábamos seguros de las garantías que nos hablaban, pero al ver el compromiso de las entidades y pensar en cambiar un pasado marcado por la ilegalidad y el conflicto, a uno que nos permite brindarles un mejor futuro a nuestros hijos y sobre todo vivir tranquilos y en paz, nos llenaba de esperanza. Hoy, ya erradicamos las matas que teníamos sembradas y estamos en la fase de verificación del terreno”, contó una de las beneficiarias.

De la mano del proyecto de sustitución voluntaria han llegado otras acciones de mejora para la zona rural de un municipio que históricamente ha estado marcado por la violencia. Entre ellas, la construcción del primer salón comunal en la Vereda. Una petición que por años había estado en la lista de sueños por cumplir de los habitantes, y que parecía sepultado por anteriores administraciones.

“Gracias a la articulación con la comunidad, aquí entre todos construimos un aula educativa y mejoramos las condiciones del restaurante escolar. Proyectamos el campo hacia el futuro y por eso hemos planteado un modelo integral único en el país, en el que, además de promover la economía legal, ha traído inversiones importantes en placas huellas para el mejoramiento de la vía y actividades como la jornada de bancarización”, puntualizó Elisa Montoya Obregón, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz.