Nación
Nuevo atentado contra la fuerza pública en Norte de Santander: policías de tránsito fueron atacados con explosivos este sábado, 11 de marzo
Las autoridades informaron que no se registraron pérdidas humanas.
En menos de 24 horas se registraron dos ataques contra la fuerza pública en el departamento de Norte de Santander. El caso más reciente se reportó en la mañana de este sábado, 11 de marzo.
Según la Policía metropolitana de Cúcuta, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte se encontraban realizando actividades preventivas de control en el kilómetro 2 de la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Puerto Santander cuando detonó un artefacto explosivo a escasos 40 metros.
“Afortunadamente, no se presentaron afectaciones al personal policial ni a particulares, de manera inmediata técnicos de la unidad antiexplosivos y antiterrorista de la SIJIN realizaron la inspección al lugar de los hechos, logrando establecer que se trataba de una carga de aproximadamente 3 kilogramos de una sustancia explosiva de alto poder”, informó la institución armada.
Las autoridades calificaron lo sucedido como un atentado terrorista y anunciaron que iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la identificación de los responsables.
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El otro atentado se registró sobre el mediodía del viernes, 10 de marzo, donde tres uniformados fueron atacados. Las víctimas responden al nombre de Álvaro David Peñalosa Córdoba, intendente jefe; el subintendente, Emerson David Silva Jaimes y el patrullero, Jorge Luis Silva Pinzón.
SEMANA confirmó que este hecho se presentó en el sector La Chacona, entre la vía que comunica a la ciudad Cúcuta con el municipio de Sardinata, subregión del Catatumbo.
Según detalló una fuente judicial a este medio, los policías se movilizaban en un vehículo y alcanzaron a dar aviso a la unidad del departamento que estaban siendo hostigados con explosivos y ráfagas de fusil. Además, un civil también resultó lesionado, quien se desconoce su identidad.
Así mismo, se conoció que los uniformados evitaron el ataque, dejando a los tres uniformados gravemente heridos. Por el momento, las autoridades se dirigen vía aérea al lugar de los hechos para realizar el traslado de los uniformados a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta.
Por su parte, Diego Villamizar, defensor de los Derechos Humanos en Norte de Santander, condenó el ataque y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región, teniendo en cuenta que los grupos criminales cada vez toman más fuerza y poder en este departamento.
“Ya son varios los ataques contra la policía en este municipio, esto demuestra que los grupos criminales no tienen voluntad de paz, nos preocupa que el Gobierno nacional no dice nada, los ataques y asesinatos de policías y militares solo los justifiquen en una estadística, en la región existe abandono del gobierno del “cambio” no solo en materia de seguridad, sino en política social”, señaló Villamizar en SEMANA.
De igual forma, el defensor pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas. “Esperamos que el Ministerio de Defensa realice un consejo de seguridad en la región, no es posible que todas las alteraciones del orden público en la región, y no hacen presencia ni los comandantes generales de la fuerza pública”, recalcó.
Gobierno Petro reconoce al ELN como “organización armada rebelde”
SEMANA conoció el decreto que expidió el Gobierno del presidente Gustavo Petro para otorgar el reconocimiento al ELN como “organización armada rebelde”, una petición que habían hecho los integrantes de esa guerrilla al ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Aunque dicha guerrilla ya contaba con un reconocimiento político, se pidió que para estos diálogos se les otorgara esa calidad de organización armada rebelde para tener una seguridad jurídica y avanzar rápidamente en la negociación.
El decreto tiene fecha del 6 de marzo y allí se explica que el Gobierno Petro dentro de su política de ‘paz total’ está adelantando una negociación política con el ELN para buscar una salida negociada al conflicto.
Allí se argumenta que la prórroga de la Ley de Orden Público facultó al presidente de la República a tener acercamientos y diálogos con el ELN para facilitar el desarme y desmovilización de esa guerrilla.
“Reconocer que el Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz a una desmovilización”, dice el documento.
Sin embargo, se aclara que dicho reconocimiento de hace con sujeción a las normas legales vigentes por lo que no se modificarán las decisiones judiciales que se hubieran adoptado contra integrantes del ELN hasta la fecha. “No se suspende los diferentes procesos judiciales que se adelantan contra ellos, ni las órdenes de captura vigentes. No impide que las autoridades judiciales correspondientes con posterioridad a esta declaración, inicien y culminen las investigaciones judiciales a que haya lugar”.
