Norte de Santander

Ofrecen $ 30 millones de recompensa por responsables del asesinato de un policía en Tibú

El oficial James Antonio Morales Curico era oriundo de Leticia, Amazonas.

26 de julio de 2022
Pese a que el uniformado portaba chaleco antibalas, el proyectil lo impactó.
Pese a que el uniformado portaba chaleco antibalas, el proyectil lo impactó. | Foto: Policía Nacional

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en la mañana de este martes 26 de julio en el municipio de Tibú, región del Catatumbo, donde un grupo de subversivos con un francotirador asesinaron a un policía mientras cumplía con sus funciones.

El crimen se registró hacia las 6:30 a. m., cuando una patrulla de la subestación de Petróleo realizaba el acompañamiento de un superior cerca al casco urbano. Allí, un francotirador disparó contra los uniformados, logrando impactar al patrullero James Antonio Morales Curico, de 34 años.

“El hecho ocurrió cuando el uniformado que realizaba turno brindaba acompañamiento y seguridad a un funcionario que salía de la estación a disfrutar de su descanso, siendo afectado por el francotirador a la altura del pecho”, señaló el coronel John Robert Chavarro Romero, comandante de Policía de Norte de Santander.

Pese a que el uniformado portaba chaleco antibalas, el proyectil lo impactó. Aunque fue auxiliado, la gravedad de la herida le causó la muerte en poco tiempo. Según se conoció, el patrullero Morales era oriundo de Leticia (Amazonas), sirvió a la nación por 11 años y tenía una hija de 3 años.

El ataque, al parecer, sería responsabilidad de grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las Farc, como retaliación a los golpes que las autoridades han dado en los últimos días en este municipio y la región del Catatumbo.

“Vamos a ubicar, a capturar o neutralizar a los responsables de este vil atentado que enluta a nuestra institución y no esto no va a quedar impune. A alias Jhon Mechas le caerá todo nuestro peso de la ley para ubicarlos y capturarlos”, mencionó el comandante Chavarro.

La situación en este territorio fronterizo, específicamente en la región del Catatumbo, se ha visto mayormente afectada por los criminales que atacan indiscriminadamente a las autoridades y a su vez intimidan a la población civil.

“Nosotros siempre estamos dispuestos a arriesgar nuestra integridad para proteger a la ciudadanía. La recompensa va hasta $ 30 millones por información que nos conduzcan a esclarecer estos hechos y dar con la captura de los responsables”, precisó el oficial.

Así mismo, el director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas Valencia, expresó su solidaridad con la familia de las víctimas que han sido asesinados en los últimos días, a su vez, aseguró que uno a uno de los asesinos de estos policías serán ubicados y asumirán las consecuencias.

“Mi saludo respetuoso a las familias de todos nuestros policías asesinados; los acompañamos. Pido a los colombianos que rodeen y apoyen a sus hombres y mujeres policías, siempre dispuestos a arriesgar su integridad para protegerlos”, indicó el director Vargas Valencia.

Para algunos defensores de los derechos humanos resulta insólito que en medio del amplio dispositivo de seguridad que se desplegó en el sitio, ante la presencia de grupos armados “patrullando” ilegalmente las calles de Tibú, se haya presentado el ataque contra la Fuerza Pública.

“Lo curioso es que esta acción terrorista que viola el derecho internacional humanitario se da luego de que las tropas del Ejército Nacional junto a la Policía Nacional, y demás autoridades, desplegaran un dispositivo en todo el municipio de Tibú durante las 24 horas”, puntualizó en SEMANA Diego Villamizar, defensor de los derechos humanos en la región.

Así mismo, el defensor le aseguró a este medio que la situación de seguridad y orden público es preocupante para los pobladores del Catatumbo, pues manifiesta que en lo corrido de este año se han presentado más de 100 acciones terroristas contra las autoridades en el departamento.

“Por eso pedimos a las autoridades que los dispositivos que refuerzan la seguridad en la región sean permanentes, no podemos seguir permitiendo más ataques contra los policías y militares”, precisó Villamizar a SEMANA.