Para exponer situación de violencia se organizará una mesa humanitaria en el Catatumbo

Este próximo jueves 8 de septiembre se llevará a cabo en la región del Catatumbo una mesa humanitaria con representantes del Gobierno (departamental y nacional) para hablar sobre la situación de violencia que se vive en este territorio nortesantandereano.

La iniciativa se da luego de que el pasado 27 de julio del presente año se realizara en la ciudad de Bogotá la Cumbre Nacional de Mesas Humanitarias, donde se determinó que este departamento fronterizo, por ser uno de los más afectados por la violencia, sería epicentro de este evento.

Así las cosas, en el municipio de Tibú seccionará esta mesa de participación, en conjunto con la Comisión de Paz y la Comisión Segunda del Congreso de la República, así como también miembros de la sociedad civil, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú.

Ante esta situación, donde también participarán los sectores sociales, comunales y comunidades indígenas, SEMANA se comunicó con Juan Carlos Quintero Sierra, miembro de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) para conocer cuáles son las peticiones que los acoja en la región del Catatumbo, destacando algunos temas puntuales.

Uno de ellos es plantearle al actual Gobierno el reconocimiento de los mínimos humanitarios, comenzando con el respeto al derecho internacional humanitario y que de allí se genere un mecanismo de seguimiento para que haya una concesión entre las partes que se confrontan, logrando así un alivio humanitario en el Catatumbo.

El segundo componente sería escuchar a las comunidades que han sido vulneradas en los Derechos Humanos y de las cuales son víctimas del derecho internacional humanitario, tanto de los legales, como de los ilegales. “En el caso de Tibú, van a haber bastantes quejas sobre presuntas extralimitaciones de miembros de la Fuerza Pública en el mes de julio, en lo que se llamó la retoma Tibú, después de los escandalosos videos que mostraban a los grupos de las disidencias aquí en el casco urbano del municipio”, puntualizó en este medio Quintero.

Por último, se hará una especie de movilización como una acción de llamado para que los grupos armados se unan a la iniciativa que tiene el Gobierno sobre reanudar los diálogos de paz. “Nosotros creemos que es urgente un diálogo de solución de primitiva de la violencia política con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un diálogo con los mecanismos que establezcan las partes entre el Estado y el Congreso, con el resto de (los) grupos armados que tienen presencia en el territorio”, aseveró el vocero de Ascamcat en SEMANA.

Así mismo, los defensores de los Derechos Humanos en este departamento hacen un llamado especial ante las expectativas que se tienen una vez se logre restablecer estos diálogos, pues esperan que este proceso no sea como los anteriores.

“El Gobierno no puede cometer los mismos errores que se cometieron con la Farc, en el que su resultado fue una serie de violencia e incremento de cultivos ilícitos en la región. Si el ELN realmente tiene voluntad y quiere iniciar unos diálogos, deben ser ellos quienes manifiesten su voluntad en las regiones donde tienen control territorial, en términos del derecho internacional humanitario”, resaltó en SEMANA el defensor Diego Villamizar.

Por su parte, el defensor mostró su preocupación debido a que señaló que en lo corrido de este año se han presentado más de 100 acciones terroristas contra las autoridades en esta región, por lo que pide que este grupo armado debe anunciar un cese al fuego unilateral de todas sus actividades criminales y terroristas.

“Es un grave error para el Catatumbo, lo que anunció el Gobierno nacional de suspender las órdenes de captura de miembros del ELN sin condicionar a esta organización, aunque con fachada de guerrilla. En la región solo son un grupo criminal cuyas actividades ilegales son: el secuestro, la extorsión y el control de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico al servicio de carteles mexicanos y cartel de los soles que, entre otros, son manejados por generales de la guardia venezolana de la dictadura de Maduro”, expresó Villamizar en este medio.