¿Es posible hablar de un "carrusel de las escuelas"?

El pasado 28 de marzo la Contraloría General de la República reveló una investigación preliminar sobre los retrasos que se están presentando en los proyectos de infraestructura educativa en varios municipios del país. “Los resultados iniciales confirman retrasos en varias obras y determinan además, en algunos casos, costos exagerados”, dice el comunicado de prensa.

El costo que se estimó en promedio para construir un aula escolar es de 146 millones de pesos, sin embargo, la investigación de la Contraloría señala que hay varios casos donde se evidencia un gran desfase. Por ejemplo, en la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá, se construyeron tres aulas con un promedio de mil millones de pesos, seis veces más de lo presupuestado inicialmente. Así mismo ocurre en Atlántico, donde el costo promedio por aula supera los 500 millones de pesos.

Le puede interesar: La apuesta por los megacolegios no solucionaría el problema de la educación

La Contraloría buscar determinar si hay un desfalco al erario, pues los recursos que se utilizan para la construcción de estas obras se encuentran en un fondo del Ministerio de Educación (FFIE) el cual recoge dineros de los municipios y del gobierno nacional.

Desde el 18 de enero el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrate, declaró el impacto nacional de los hechos y desde eso las denuncias han aumentado. Además, el organismo de control ha recibido órdenes de jueces de tutela que le han pedido que intervenga para hacer las debidos verificaciones. Sin embargo, este es un tema para coger con pinzas y, por el momento, es difícil hablar de un ‘carrusel de las escuelas’.

El tema es complejo y la maleza es mucha. Las diferentes partes implicadas se echan la pelota caliente entre sí y nadie asume responsabilidades. Los municipios aseguran haber hecho el aporte al fondo de financiamiento, mientras el Ministerio de Eduación dice que está investigando el estado en que el gobierno anterior dejó las obras.

Mota Engil, el contratista con más cantidad de adjudicaciones dice que sí tiene la capacidad financiera para cumplir con los 252 colegios que tiene a su cargo y que los atrasos se deben "a un conjunto de situaciones, algunas ajenas al contratista, y también a dificultades operacionales y logísticas", dijo el contratista a SEMANA. En el caso del FFIE, SEMANA ha intentado comunicarse con el gerente pero hasta la fecha no ha sido posible.

Le sugerimos: 7 de cada 10 proyectos de infraestructura educativa tienen graves problemas de ejecución

Los que es real es el atraso que sufren 7 de cada 10 colegios en obra en el país que hacen parte del plan de Jornada Única que implementó el gobierno pasado y son los estudiantes los que sufren directamente las consecuencias. ¿Cómo se llegó a esto?

Jornada Única

En 2015 el Ministerio de Educación atendió al llamado del Presidente Juan Manuel Santos para crear lo que se conoce como la jornada única en los colegios públicos del país. “Menos tiempo en la calle y más tiempo en el colegio”, así se resumen el propósito de alargar el tiempo de la jornada escolar en este plan de gobierno.

Para lograr esto fue necesario la creación del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) el cual recogería el dinero para la construcción de los ‘mega colegios’. El acuerdo firmado entre cada municipio y el FFIE, establecía que las Entidades Territoriales deberían aportar el 30% de los recursos y el Ministerio de Educación, a través del Fondo, el 70%.

Puede interesarle: Jornada única y tres temas más del sector educativo que deben definirse este año

El gobierno de Juan Manuel Santos estimó que para poder cumplir con la implementación de la jornada única, era necesario construir 50.000 aulas en todo el país, sin embargo, se propuso entregar solo 30.000 durante su mandato y dejar el resto al gobierno que le seguía. Para esto se estimaba un presupuesto total de 4,5 billones de pesos

El cambio de gobierno

Con la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño, la administración del FFIE también cambió. Con el propósito de mirar qué había dejado el gobierno anterior y constatar en qué estado iban las obras, el MEN realizó una evaluación a 424 de los 531 colegios que se estaban adelantando en 235 municipios del país.

Los resultados arrojaron que 369 de 531 colegios tienen grandes atrasos en su construcción. Tan solo 73 fueron terminados y entregados antes de acabar el 2018. En término de aulas, esto se traduce a 1.310 salones de los 30.000 que esperaba entregar la administración Santos antes de terminar su periodo.

De esos 369 proyectos, 162 tienen un nivel de riesgo medio, esto significa que el atraso en su ejecución es menor al 10 % de lo programado. 57 presentan un nivel de riesgo medio-alto, lo que significa un atraso entre el 11% y el 20%. Finalmente, la cifra que más preocupa es la de 352 colegios que tienen un nivel alto de riesgo, con graves problemas de ejecución (el texto continúa abajo).

Además, el gobierno actual llama la atención sobre una concentración del 63% de los 531 proyectos contratados  en sólo dos firmas constructoras. Una de ellas ejecuta 252 y la otra 87 contratos.

Frente a estos resultados el MEN asegura que está realizando varias acciones para “llevar las obras a feliz término”. Por ejemplo, ha iniciado 108 procesos jurídicos por incumplimiento contra los contratistas y ha aprobado 25 cesiones de obra a nuevos contratistas para que las obras se puedan reactivar.

Además, se han modificado los procedimientos y políticas del FFIE para así cambiar la manera en que se adjudican las obras a ciertos contratistas, “esto permitirá que no se asignen obras a los contratistas que han demostrado un desempeño contractual”, dice la cartera.

Las voces críticas no dudan en calificar este acto como un frenazo a las obras que se venían adelantando, que si bien sí tenían retrasos, parar el proceso para revisar cada uno de los proyectos, dilata aún más la entrega de resultados.

Consecuencias

Los retrasos en las construcciones en cada municipio han generado diversas contingencias, pero en términos generales, los directamente afectados son los estudiantes cuyos colegios ya han sido demolidos y aún están a la espera de recibir las nuevas aulas. Para la muestra, dos casos particulares.

- Envigado (Antioquia): Al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) le corresponden 36 colegios en total, es decir, 1.000 aulas nuevas y mejoradas. Para esto era necesario que cada municipio aportara el 15% y el AMVA el otro 15% de los recursos necesarios para las obras. Esto significó un total de 41.000 millones de pesos. El FFIE tuvo que aportar el 70% que corresponde a 133.000 millones de pesos para acumular un total de 223.000 millones de pesos.

En contexto: Con sus nuevos megacolegios Envigado logrará sus objetivos en educación

De esos 36 colegios solo hay uno finalizado en el municipio de Barbosa, 14 están en fase de construcción, 17 están demolidos y con el terreno listo para construir y cuatro aún están en trámite para la licencia de construcción. Para medir el termómetro de la situación, SEMANA habló con la administración de Envigado, a quien le corresponden tres proyectos, de los cuales solo uno ha iniciado su construcción. Hay dos grandes preocupaciones por parte de las autoridades.

En primer lugar, los alumnos de las dos instituciones educativas demolidas (Normal Superior de Envigado y Jose Miguel de la Calle) están distribuidos en otras dos escuelas del municipio. Esto ha generado que lo estudiantes visitantes tengan su jornada en la tarde mientras que los alumnos de casa acortan su jornada diurna para compartir sus aulas con los alumnos que llegan después de almuerzo.

“Los padres de familia tuvieron que cambiar sus horarios. Los niños que antes entraban a las 6:30 am y salían a las 2:30 pm, ahora tienen que entrar a las 12 del medio día y salir a las 6:00 pm. Esto es un inconveniente no solo para los estudiantes, sino para todo el cuerpo directivo, profesores y padres de familia que tienen que cambiar sus agendas para ajustarse a la nueva jornada”, dijo el secretario encargado de Educación de Envigado, Bernardo Gutiérrez Muñoz.

En segundo lugar la secretaria de obras públicas manifiesta que se han presentado algunos sobrecostos mientras se atiende la contingencia, pues para poder atender la llegada de casi mil estudiantes más en cada institución se tuvo que hacer algunos ajustes a las aulas y un mantenimiento general. Además, tener un colegio funcionando casi 12 horas los cinco días de la semana, lo que genera un recargo en la cuenta de los servicios. Esta contingencia ha generado la deserción de varios estudiantes que han optado por matricularse en otros colegios del municipio.

En este caso, el municipio ya cumplió con los requisitos básicos para que la obra se pueda realizar, esto significa hacer el aporte correspondiente al Fondo de Financiación de Infraestructura Escolar y la demolición de las antiguas escuelas. Sin embargo, aún están a la espera de que el FFIE dé la orden para iniciar la construcción.

- Cali: la capital vallecaucana está entre la espada y la pared. “La autoridad nacional ha manifestado que el retraso es culpa del contratista quien dicen que no tiene capacidad financiera para cumplir con las obras. Por su parte el contratista (Mota Engil) manifiesta que tiene toda la capacidad para cumplir con las obras, que el retraso se debió al proceso de empalme con Graña y Monetero y que ahora no ha podido arrancar con las obras debido a que el FFIE no les ha otorgado permiso para iniciar”, señaló la secretaría de Educación de Cali.

Aquí también hay más dudas que certezas. Lo cierto es que son los estudiantes los que sufren las consecuencias más directas mientras se construyen los colegios. En el caso de Cali ha sido necesario alquilar otras instituciones educativas para enfrentar la contingencia, sin embargo hay “niños padeciendo de hacinamiento, en varias de esas instituciones les ha tocado compartir espacios que no cumplen estándares oficiales de calidad para atender a niños, niñas y adolescentes”, asegura la entidad.

Hablar de un ‘carrusel de las escuelas‘ es un poco apresurado, sólo la Contraloría podrá establecer si existe un verdadero descalfo a los dineros públicos. Mientras tanto, se espera que el ministerio de Educación haga efectivos todos los mecanismos que tiene a su disposición para acelerar los procesos y cumplir con las metas presentadas desde el gobierno anterior.