La polémica que se desató en la Universidad Nacional por un candidato a la rectoría que denunciaron por acoso sexual

La Universidad Nacional de Colombia se prepara para escoger a un nuevo rector que rija los destinos de la institución pública más importante del país en el periodo 2021-2024. El pasado 17 de febrero, el Consejo Superior Universitario, tras revisar las hojas de vidas de los postulados, publicó la lista de los cuatro candidatos que integrarán el tarjetón para escoger al sucesor de la actual rectora, Dolly Montoya, que también podría ser reelegida.

La polémica se desató cuando quedó en evidencia que uno de los candidatos es el profesor asociado del Instituto de Estudios Urbanos, Moisés Ildefonso Cetré Castillo, pues múltiples estudiantes aseguran haber sido sus víctimas de acoso sexual durante el paso por la universidad. Incluso intentaron posicionar a través de Twitter el hashtag #ConAcosoNoHayRectoría, criticando el hecho de que el docente fuera incluido como candidato.

Ante este hecho, la representación estudiantil ante el Observatorio de Asuntos de Género y los Comités de Asuntos de Género de las Sedes Bogotá, Medellín y Manizales enviaron un derecho de petición a diferentes instancias de la Universidad para conocer si había procesos abiertos contra el profesor por presuntas conductas de acoso sexual y si la institución tenía en cuenta estas denuncias a la hora de candidatizar a una persona para la rectoría.

La Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria de la Universidad respondió a este derecho de petición asegurando que, si bien el docente no tenía ningún proceso disciplinario abierto en la actualidad, en junio de 2017 sí se le había adelantado un trámite disciplinario por hechos de posible acoso sexual y amenaza, que posteriormente culminó con decisión de archivo en diciembre de 2020.

Sobre el cuestionamiento que la representación estudiantil elevó para conocer si la Universidad tenía en cuenta las denuncias que existían en contra de un profesor a la hora de aceptar su candidatura o para terminar su contratación, la Veeduría Disciplinaria respondió que “uno de los derechos constitucionales de los sujetos procesales involucrados dentro de cualquier investigación penal o disciplinaria, es la presunción de inocencia; la cual, solo puede ser desvirtuada con sentencia o fallo condenatorio o sancionatorio ejecutoriado o en firme”.

Para varias de las estudiantes que denunciaron haber sido presuntamente víctimas del profesor la respuesta no es satisfactoria y no exculpa al docente de sus posibles conductas. “Que un proceso esté archivado no quiere decir que la queja fue falsa. Antes, qué vergüenza que esté archivado: la Universidad fue negligente al no dar garantías con un caso de más de 4 años”, dijo una usuaria en Twitter.

Al respecto de la polémica, el docente de 60 años, quien es economista de la Universidad de Nariño y cuenta con maestría y doctorado en la misma disciplina de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró en un correo dirigido a toda la comunidad universitaria que en la actualidad no es posible controlar lo que se dice en sitios que no tienen ningún filtro –haciendo referencia a las redes sociales– y que la veracidad de ñas denuncias debe revisarse por los canales oficiales. “Está demostrado que algunas personas enmascaran sus faltas con acusaciones de violencia de género”.

Moisés Ildefonso Cetré Castillo ha sido profesor de la Universidad Nacional desde julio de 2006 y anteriormente había laborado en la Empresa de Acueducto de Bogotá, la Universidad Industrial de Santander y la Gobernación de Nariño, de donde es oriundo. Adicionalmente, ha publicado tres libros y una decena de artículos internacionales en revistas indexadas. En la actualidad es miembro del Sistema de Investigadores de México y ha sido invitado por la OEA-Nicaragua para asesorar el Ministerio de Economía.

Sin zanjar aún la discusión, una de las estudiantes que manifestó haber sentido pánico mientras fue su monitora en la Universidad en la década pasada, les pidió a la Universidad, a la rectora y los demás candidatos a la rectoría que se manifiesten y sienten una posición sobre las denuncias.