“Cortar y pegar la auditoría”: escandalosa denuncia salpica a la Superintendencia Nacional de Salud

En la edición impresa de SEMANA se publicó una entrevista con el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, donde hace graves denuncias en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la Superintendencia Nacional de Salud.

Según el mandatario regional, Jaramillo convirtió en un arma política la entidad. Una de las supuestas maniobras fue intervenir el Hospital Departamental María Inmaculada, trámite que habría adelantado su esposa, Beatriz Gómez.

La versión de la SuperSalud es que detectó 52 irregularidades en la prestación de servicios de salud, relacionados con la atención en urgencias, inventario de medicamentos y moléculas vencidas que ponían en riesgo la vida de los pacientes.

En efecto, se tomó posesión de ella hasta el 14 de agosto de 2025. La decisión llegó luego de que la administración regional se negara a devolver los 89 mil millones de pesos que el Gobierno le dio en 2023 para la construcción de una torre médica.

Las denuncias

Para Luis Francisco Ruiz, esta decisión estuvo llena de inconsistencias dado que, en medio de la argumentación de la SuperSalud, se reseñó que la institución incumplió reiteradamente con los malos manejos descubiertos en el año 2022.

Pero en ese período no se habría realizado ningún tipo de auditoría a los servicios: “Es una mentira y una falacia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, porque al hospital jamás le hicieron una auditoría en el año 2022″, agregó el mandatario.

Al parecer, la institución habría caído en un error que ya fue denunciado ante las autoridades competentes, una especie de supuesto duplicado en resoluciones emitidas en diferentes regiones de Colombia, pero atribuidas al Hospital del Caquetá.

“Lo que hicieron fue cortar y pegar la auditoría que le hicieron a la Red Centro Oriente de Bogotá, con el descaro más grande del mundo, que cogieron esos argumentos para meterlos en la resolución”, manifestó Ruiz.

Los procesos

Aunque la Superintendencia dio diez días para hacer un plan de mejora, supuestamente al tercer día hábil intervino el Hospital, reconociendo “deficiencias en la garantía efectiva de la prestación de los servicios de salud”.

Por las posibles irregularidades, la administración departamental ya inició procesos penales y disciplinarios en contra del superintendente de Salud y el ministro. El primer objetivo que se fijó es reversar la intervención forzosa administrativa.

“Nosotros hemos colocado las denuncias penales, disciplinarias del caso, tanto al ministro como al superintendente. Es decir, que esta discusión político-jurídica va a seguir siendo aún más fuerte en los próximos días”, dijo el gobernador.

SEMANA buscó al superintendente y al ministro de Salud para que respondieran a estas denuncias, así como a su equipo de comunicaciones, pero hasta la publicación de este artículo no se recibió ningún tipo de respuesta.