A las 10 de la mañana de un lunes de febrero, Alejandrina estaba con sus tres hijos menores, quienes este año no han ido a la escuela que está a escasos 500 metros. Los dos mayores chupaban un hueso de chivo y el menor, sobre sus piernas, se aferraba a su seno. Su esposo estaba en el campo pastoreando chivos, mientras ella cocinaba unas tripas para el almuerzo. La empalizada del rancho donde vive no necesita ser descrita, pero es una de las viviendas del 99% del municipio de Uribia que no tiene servicios públicos, que está construida con materiales de desecho, con piso de barro y a donde no llegan las ayudas estatales para mitigar la pobreza a pesar de las declaratorias de emergencia remarcadas por la sequía desde hace dos años.