Como si los problemas de la justicia fueran pocos, un fenómeno viene en ascenso. Se trata de una estructura silenciosa que ha logrado contaminar muchos de los procesos más controversiales del país y que puede llevar a decenas de ciudadanos inocentes a las cárceles. Son los falsos testigos, un problema tan real que incluso la Fiscalía General tuvo que crear hace poco una unidad para combatirlo.El grupo, que depende directamente del despacho del fiscal Eduardo Montealegre, ha identificado en los tres años que lleva trabajando 260 procesos y asegura que si se suma lo que hay en 32 seccionales en el país, actualmente, puede haber más de 3.000 personas acusadas de cometer este delito.En un foro realizado por SEMANA y el grupo editorial Ibáñez, académicos y víctimas debatieron sobre las implicaciones que tiene esto para la justicia. Sobre todo porque el nuevo sistema penal acusatorio se basa en la idea de negociar las penas a cambio de confesiones o de que el imputado colabore para desmantelar redes criminales.Algunos casos se han convertido en íconos de este fenómeno. Por ejemplo, el conocido proceso por la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares motivó la creación de ese grupo en la Fiscalía. Hoy tres de los principales testigos están condenados.Ni siquiera personajes de reconocimiento nacional se han salvado. Es el caso de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, quien pasó más de un año en detención domiciliaria, luego de que en 2008 un detenido aseguró que ella había sido beneficiaria de grupos paramilitares. En su proceso hubo varios falsos testigos, entre los que está Andrés de Jesús Vélez Gutiérrez, quien a pesar de que se le comprobó haber rendido falso testimonio en ese y otros procesos, hoy está cobijado por un principio de oportunidad y se le han suspendido todos los procesos que ya estaban con imputación y medida de aseguramiento. Tras un proceso de casi seis años, y de ser absuelta en 2012, en julio del año pasado la Corte Suprema cerró el proceso contra la exsenadora.A mediados de 2007, el paramilitar Armando Lugo intentó extorsionar por 50 millones de pesos al hoy presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, a cambio de no incriminarlo en el escándalo de la parapolítica; Velasco lo denunció y la Fiscalía lo capturó. En retaliación, un año después el paramilitar sostuvo haberse reunido con el senador para coordinar unos asesinatos en el Cauca; esta declaración también resultó ser falsa y el año pasado, tras una denuncia penal por falso testimonio, Lugo fue condenado.Lo mismo le pasó a Sigifredo López. El exdiputado del Valle fue detenido en Cali en 2012, por homicidio agravado y toma de rehenes de sus compañeros de Asamblea. Diego Antonio López, uno de los testigos en su contra, hoy condenado, confesó que había mentido al decir que López dio instrucciones a los guerrilleros para que sacaran a los diputados de la Asamblea del Valle y la justicia también comprobó que otros tres testigos en el proceso eran falsos.A Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, lo detuvieron a finales de 2013 por su presunta participación en parapolítica. En su momento, Carlos Enrique Areiza, uno de los principales testigos del proceso, dijo que Ramos se reunió varias veces con los paramilitares Ernesto Báez y Vicente Castaño, y que en una de las supuestas reuniones este último le habría entregado dinero para financiar su campaña política al Congreso. Areiza se retractó de su testimonio.El almirante Gabriel Arango Bacci fue retirado de la Armada Nacional en 2007 y relacionado en una investigación interna de la institución por supuestos vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. En su caso aparecieron falsos testigos avalados por la Fiscalía y acusaciones de otros almirantes que pretendían involucrarlo. En 2009 fue absuelto luego de que se cayó la prueba reina y se demostró el falso testimonio de tres testigos. La Fiscalía capturó el pasado jueves, luego de una búsqueda de casi seis años, al testigo estrella, Juvenal Serna Amaris, alias Blacho.Arango Bacci ha dicho que la vida le cambió 180 grados. “Se le demostró a la Fiscalía, con pruebas, que eso que manifestaban los testigos no era cierto, sin embargo, lo digo con una profunda tristeza en el alma, la Fiscalía General de la Nación le creía más a los delincuentes que a una persona honesta, que había tenido una vida pública impecable”.Aunque estos casos han tenido alto impacto mediático, la mayoría de víctimas del falso testimonio son personas del común a las que de un momento a otro les cambia la vida. Uno de los casos que adelanta la Fiscalía es el de Emiliano Castro, un exfuncionario de telecomunicaciones de Plato (Magdalena), quien lleva más de dos años detenido luego de que Francisco Gaviria, alias Mario, desmovilizado de las Autodefensas, lo implicara en dos asesinatos por presuntamente negarse a pagar una extorsión. Se comprobó que Alias Mario mintió en por lo menos otros tres procesos, pero su testimonio bastó para que le dictaran medida de aseguramiento a Castro, e irónicamente, lo que más rápido podría destrabar el proceso sería el testimonio de otro desmovilizado. Sin embargo, nada estará dicho hasta que un juez emita sentencia. Alias Mario lleva más de dos años dilatando las audiencias.Como este, son cientos los casos de pequeños agricultores, ganaderos y comerciantes que terminan involucrados en delitos y hasta condenados simplemente por negarse a pagar una extorsión.¿Cómo operan?La mayoría de los acusados por falso testimonio son desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Como los beneficios jurídicos de la justicia transicional en parte dependen de cuánta verdad puedan contar, muchos de ellos han testificado en decenas de procesos. Y lo que han dicho no necesariamente ha sido la verdad. Sus declaraciones se han traducido en otros procesos penales que han implicado a personas culpables, pero también inocentes.Quienes se dedican a fabricar falsos testimonios suelen tener tres modus operandi. El primero consiste en seleccionar a su víctima y pedirle elevadas sumas de dinero a cambio de no involucrarlo en un delito. En el segundo señalan a la persona de haber cometido ese delito y luego le exigen dinero para retractarse o cambiar su versión. En el tercer caso, el falso testigo se vende a un tercero, que por lo general desea evadir la justicia o tomar represalias contra alguien mandándolo a la cárcel.Lo más grave de este creciente fenómeno es que afecta enormemente la capacidad de la justicia de emitir fallos equilibrados. “Lo peor es que existen grandes carteles de falsos testigos y funcionarios que los utilizan a sabiendas de que son mentirosos. No es posible que la prueba reina para capturar y condenar sean los testimonios de personas que tienen beneficios judiciales”, asegura Luis Gustavo Moreno, académico experto en derecho procesal y penal, y autor del libro El falso testimonio.Las víctimas no la tienen fácil. La propia Fiscalía ha determinado que algunos miembros de la Policía Judicial y fiscales se han aliado con los falsos testigos. Además, los delincuentes conocen cómo opera la justicia y suelen dilatar las audiencias y los interrogatorios cuando la Fiscalía y la defensa intentan avanzar.El abogado Jaime Lombana está convencido de que la manipulación de los testigos y los beneficios que se les da, se ha convertido en un problema grave. “La Fiscalía debe sopesar con más profundidad y no darle credibilidad al testigo hasta tanto no se verifique con otras pruebas la veracidad de lo declarado”.Las víctimas no la tienen fácil. La misma Fiscalía ha determinado que algunos miembros de policía judicial y fiscales se han aliado con los falsos testigos y esto ha llevado a que se compulsen copias en contra de los funcionarios. Además, los delincuentes conocen cómo opera la justicia y suelen dilatar las audiencias y los interrogatorios cuando la Fiscalía y la defensa intentan avanzar. En el caso de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez, el desmovilizado del bloque Tolima, Luis Alberto Medina Salazar, logró posponer la audiencia en seis ocasiones argumentando problemas de salud, y solo en la séptima oportunidad fiscal, juez, defensor del pueblo y funcionarios de la cárcel La Picota, pudieron estructurar un plan para realizarle la audiencia sin que él tuviera que salir de la cárcel y con el personal médico presente. A pesar de esto, el desmovilizado denunció al fiscal por supuesto abuso de autoridad y aunque esa denuncia fue archivada, ha logrado aplazar ocho veces la audiencia en otro despacho.Acabar con los falsos testigos es una tarea titánica. El grupo que en 2012 creó la Fiscalía se queda corto para todos los procesos que debe investigar, ya que cuenta apenas con cinco fiscales y diez personas de apoyo. Además, que un testigo sea falso en un proceso no necesariamente implica que haya mentido en otros, por lo que el análisis se hace más complejo. Lo cierto es que mientras el número de denuncias por este delito aumenta cada día, cientos de personas inocentes tendrán que seguir esperando desde la cárcel a que la justicia detecte este cartel de mentiras.