PORTADA
Así fue como la Fiscalía le cerró el cerco a Marcelo Odebrecht y otros 11 ejecutivos de la multinacional de los sobornos; estos son los datos desconocidos de la ‘cacería’
La Fiscalía anunció 55 imputaciones contra funcionarios, exfuncionarios del Gobierno y exdirectivos de Odebrecht en Colombia. La lista incluye la cabeza de la multinacional.
Un nuevo empujón de la Fiscalía al gigantesco caso de corrupción de Odebrecht se convirtió en una tormenta política y judicial. Cincuenta y cinco personas, entre funcionarios, exfuncionarios y políticos, además de exdirectivos de la constructora brasileña, serán vinculados.
Por primera vez imputarán a la cabeza de la multinacional. Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía entre 2008 y 2015, calificado por la Fiscalía como “el padre de la criatura de los sobornos”, encabeza el listado de los brasileños.
Los demás son los exdirectivos de la multinacional en Colombia, los mismos que se fueron del país cuando el escándalo empezó a tomar forma y no fue solicitada, en su momento, una restricción por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Entre los llamados aparecen algunos nombres conocidos en los expedientes, pero que en esta oportunidad fueron incluidos como una organización criminal, que, según el fiscal Gabriel Jaimes, se dedicó a corromper la ética y las finanzas. De ahí la imputación por concierto para delinquir y lavado de activos.
Lo más leído
“En al menos ocho años, Odebrecht (empresa dominante del Consorcio de la Ruta del Sol II) se apropió de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80.000 millones de pesos”, afirmó el fiscal Jaimes.
En el listado están Eder Paolo Ferracutti –presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010–, Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira, todos altos funcionarios de la constructora corrupta.
Los brasileños vinculados a la investigación están fuera de Colombia y algunos habían llegado a acuerdos para reparar al Estado. Sin embargo, de los 515.000 millones de pesos en que, según la Fiscalía, se calculó el daño, apenas han reintegrado 19.000 millones. La deuda de Odebrecht con el país supera los 494.000 millones.
El anuncio de la Fiscalía también incluyó, por tercera vez, a Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y un grupo de funcionarios de la misma entidad como presuntos responsables de las irregularidades detectadas en la firma de seis adiciones al contrato de la Ruta del Sol II. Se trata de otrosíes por más de 190.000 millones de pesos.
“Los llamados a formulación de cargos tendrían participación en las distintas etapas del estudio de conveniencia, estructuración, presentación, aprobación en comités y firma de los otrosíes objeto de investigación”, explicó la Fiscalía. Además de los brasileños, del expresidente de la ANI y 32 servidores públicos, la Fiscalía sumó a la imputación a contratistas y a un lobista, Luis Bernardo Villegas, quien tramitó sobornos para que la ANI diera concepto favorable a cuatro adiciones del contrato principal.
Odebrecht utilizó la misma estrategia que en América Latina para implementar la matriz de corrupción, pero también usaron subcontratistas y contratos ficticios. En el listado de imputaciones aparecen Wilson Ruiz y Carlos Emilio Abuabara, representantes legales de la empresa Midas S. A. S., con la que, según la Fiscalía, se direccionaron más de 2.000 millones de pesos con destino al excongresista Otto Bula. También se imputará a Gabriel Alberto Giraldo, exalcalde de Gamarra, Cesar, y su hermano Jaime Giraldo.
En total, y durante la administración de Francisco Barbosa, por el caso Odebrecht van más de 93 solicitudes de imputación de cargos, 17 escritos de acusación, cuatro principios de oportunidad y 11 sentencias condenatorias. El caso recibió un impulso investigativo y ahora la Fiscalía espera que se activen los mecanismos de colaboración judicial, en especial con Brasil y Estados Unidos, para que los implicados se vean obligados a comparecer.