Atención: cinco funcionarios involucrados en el escándalo de Centros Poblados y los 70.000 millones de pesos ya fueron sancionados por la Procuraduría por graves omisiones

En un fallo de 535 páginas está consignada la primera decisión disciplinaria por la polémica entrega del contrato por 70.000 millones de pesos al consorcio Centros Poblados, el cual tenía como objetivo llevar internet a las áreas más apartadas de Colombia, pero el dinero se esfumó con gran responsabilidad de funcionarios del Ministerio de las TIC.

La Procuraduría es contundente y afirma que se presentaron incontables fallas, omisiones y negligencias de experimentados funcionarios del Ministerio a la hora de revisar los documentos anexados por las empresas y por eso sancionó a cuatro altos funcionarios y a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados.

Justamente, durante todo el proceso los funcionarios alegaron que habían sido engañados por los contratistas encabezados por Duque, con la sombra del corrupto Emilio Tapia a sus espaldas.

El monto del contrato y su objetivo les exigía a estos funcionarios que estuvieran atentos hasta del más mínimo detalle. Una llamada, una reunión presencial o virtual o un correo electrónico habrían bastado, desde el comienzo, para darse cuenta de que los documentos anexados habían sido alterados.

Por esto, la Procuraduría reprochó a los funcionarios del MinTIC por no tomarse el tiempo prudencial para confirmar que los documentos, en especial la póliza de seguros que supuestamente había emitido el Banco Itaú, eran reales. Para la Procuraduría existió un “comportamiento negligente y descuidado”.

En el caso de Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del MinTIC, señala la decisión, “obró con desdén y ligereza para cerciorarse de la autenticidad de la garantía de seriedad de la oferta presentada por el proponente”. De haber cumplido con sus funciones, habría rechazado de manera inmediata la propuesta.

“Genera sorpresa que, a pesar de que la Fiduciaria contaba con una dirección física para el Banco Itaú, la secretaria no procuró suplir la fallida citación electrónica con una citación física a la dirección del banco”, advierte la decisión.

En el expediente, la Procuraduría reclama que tres años después de la entrega de los 70.000 millones de pesos no ha sido posible recuperar el anticipo.

No fue menor el reproche a Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal, quien habría participado en la falsificación de documentos para beneficio propio. Engañó a los delegados del MinTIC y “permitió que los originados de una cadena de irregularidades iniciada con una garantía de seriedad de la oferta similarmente obtenida lograran parcialmente su meta, que era acceder a los recursos del Estado, destinados a beneficiar a la población menos favorecida, sin cumplir con los requisitos”.

Con esta estrategia criminal llegó a las arcas de la Unión Temporal el multimillonario monto, aunque se sabía que no contaban con la experiencia. Por esto, y al catalogarse su culpa como gravísima, fue sancionado con 15 años para ejercer cargos públicos y una multa cercana a los 1.000 millones de pesos.

En el fallo disciplinario se advierte que, sorprendentemente, en un vacío del contrato, no exigía una cláusula para que se revisara, supervisara o controlara un mínimo comprobante frente a todo el proceso para la compra de los equipos.

La lista de sancionados la completan Adriana Vanessa Meza, secretaria del Fondo Único de las TIC; Camilo Jiménez, director de Infraestructura del MinTIC, y Paola Izquierdo, representante del consorcio PE 2020 Centros Digitales.