Caos en la SAE: explosiva auditoría de la Contraloría advierte sobre bienes desocupados o tomados y cuentas por cobrar de más de 58.000 millones de pesos

Todo un rosario de presuntos malos manejos con los multimillonarios bienes que le son arrebatados a los mafiosos y que están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, fue puesto en evidencia en una preocupante auditoría que realizó la Contraloría a la entidad. Las dudas van desde cuentas por cobrar por más de 58 mil millones de pesos, lujosos bienes que están prácticamente abandonados, y un asunto que resulta inexplicable, después de hechas las diligencias de incautación, cerca de 13 mil están siendo ocupados de forma irregular.

Estos graves problemas en el manejo y administración de los bienes, se dan luego de una profunda revisión de los estados financieros en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado, adscrito a la SAE, conocido en exclusiva por SEMANA, en el que además quedó claro que hay bienes abandonados sin seguimiento ni control, gestiones de cobro de cartera ineficientes e inefectivas, procesos jurídicos sin avances, entre otros.

El panorama no es nada halagüeño, sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente Gustavo Petro ha empeñado una y otra vez la palabra, señalando que estos predios de origen ilícito deben ser usados para reparar a las víctimas y para favorecer a los más pobres. “Los bienes incautados a la mafia deben pasar al servicio del pueblo”, dijo el mandatario en agosto del año pasado, a pocos días de su posesión, cuando entregó un gigantesco lote, en Villavicencio, a personas damnificadas por el invierno. La promesa se puede enredar.

En plata blanca, la Contraloría General encontró presuntas 26 irregularidades en los estados financieros del Frisco, de los cuales, siete presentan connotación de presunto alcance fiscal, 10 de estos conllevan presunto alcance disciplinario.

Para hacerse una idea de lo que está en riesgo con el manejo de las propiedades incautadas a los narcos y criminales, hay que tener en cuenta que la SAE tiene a su cargo la administración, nada menos, que de 33.163. Sin embargo, aquí comienzan los problemas. De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, hay serias inconsistencias en los inventarios de bienes a cargo de la SAE, es decir, la entidad no sabe con exactitud cuáles y cuántos son los bienes que tiene a su cargo.

Las cifras hablan por sí mismas, según la preocupante auditoría, 8.300 bienes, el equivalente al 30%, estarían desocupados; lo que plantea dos problemas: un eventual detrimento por el dinero que se deja de recibir de arrendamiento o administración y, como suele ocurrir, estarían en abandono, en ruinas, reduciendo su valor y posibilidad de explotación.

Por si fuera poco, 12.893 de los bienes a cargo de la entidad estarían bajo ocupación irregular, es decir, la SAE no sabe quién los tiene. Después de las diligencias de incautación para fines de extinción de dominio no hubo vigilancia y ni la entidad sabe quiénes lo manejan, si volvieron a manos criminales o si están lucrándose de ellos sin ningún tipo de control.

Esto no es nuevo, los bienes incautados a narcos desde hace años se han convertido en un festín de políticos y hasta de los mismos delincuentes que los recuperan, en cuerpo ajeno, poniendo sus propios depositarios a administrarlos. Esto ocurría incluso desde la época de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes.

La Contraloría también encontró irregularidades en las obras de mantenimiento y adecuación de propiedades que están a cargo de la SAE, específicamente en cuanto a reparaciones locativas. Obras que fueron recibidas sin ningún tipo de supervisión que no funcionan o no cumplen con los estándares de calidad.

Los primeros cálculos señalan pérdidas por más de 2 mil millones de pesos por ocupaciones ilegales de predios, cobros de arriendos no realizados y enajenación de bienes inmuebles por debajo de su avalúo catastral.

La cifra es escandalosa, pero puede ser mucho mayor si se tiene en cuenta un detalle que no es menor: la auditoría se hizo con una pequeña muestra; de los 27 mil predios que constan en el inventario, los investigadores de la Contraloría solo visitaron 100, así que la realidad de las pérdidas por la ineficiente gestión de la SAE tendría incontables ceros a la derecha.

Por si fuera poco, bajo administración de la SAE hay más de 6.000 vehículos avaluados en 96.917 millones de pesos, que resultan ser un dolor de cabeza. Esos carros nadie los compra ni mucho menos los arrienda, así que están arrumados en bodegas y parqueaderos, generando gastos para la entidad, y sufriendo un deterioro tal que muchos de ellos ya no sirven para nada, son chatarra.

Adicionalmente, la auditoría también arrojó que en las cuentas por cobrar a favor de la SAE hay un saldo a 31 de diciembre de 2022 por $58.779 millones de pesos, de los cuales se encuentra en riesgo de pérdida 10.572 millones de pesos afectando los ingresos de la entidad.

Al respecto, la SAE explicó en respuesta a la auditoría que estas cuentas pendientes de recaudo hacen referencia a cobros por concepto de canon de arrendamiento “que quedaron pendientes durante el periodo de administración de la extinta Dirección de Estupefacientes, DNE, o que corresponden a mora no real o facturas generadas sobre inmuebles en donde y de acuerdo con un fallo judicial el bien fue devuelto”.

Sin embargo, para la Contraloría esta no es una explicación válida ya que, en cualquier caso, el hecho de no depurar dichas cuentas determina un impacto en la realidad contable de la entidad y en sus decisiones financieras.

A todo este preocupante panorama, se suma el hecho de que, según fuentes consultadas por SEMANA, la Contraloría recibe constantes quejas de personas que quieren cancelar sus deudas y a quienes la SAE ni siquiera les responde los correos electrónicos. Las preguntas que quedan son ¿Qué está haciendo la SAE? ¿Cómo cumplirá el Gobierno con la promesa de reparar a las víctimas con estos bienes?

En conclusión, en medio de la lucha contra delitos como el narcotráfico y el lavado de activos, el Estado hace un esfuerzo por recuperar los bienes que han sido producto de actividades ilícitas, esfuerzo que se está perdiendo cuando estas propiedades llegan a la SAE, donde su mala administración no solo está generando millonarios gastos y pérdidas adicionales, sino que además facilita que los delincuentes recuperen ostentosos bienes obtenidos de sus rentas criminales.