Cartel de profesores en Bogotá: obtienen diplomas falsos para ascender, y así educan a miles de estudiantes en los colegios públicos

La Procuraduría General de la Nación tiene 40 procesos disciplinarios contra profesores de colegios públicos que han conseguido trabajo, ascendido e incrementado su sueldo con diplomas falsos. Hay serios indicios de un cartel de profesores y hasta posibles irregularidades en la Secretaría de Educación de Bogotá.

SEMANA conoció todo el entramado de corrupción que se estaría cocinando en la capital del país, con un ‘cartel de profesores’ que habría acudido a obtener títulos falsos a cambio de ascender y tener mejores sueldos en los colegios públicos de la ciudad. La situación estaría impactando a más de 700.000 estudiantes y sus familias, que confían en las capacidades de los docentes para formar a los niños.

La situación llamó la atención de la Procuraduría General, que hace un par de meses tiene el poder preferente de esa investigación, pues descubrió que en la Secretaría de Educación existirían serias irregularidades a la hora de verificar la autenticidad de los diplomas y se estarían haciendo los de la vista gorda con la sanción a los responsables. El asunto es tan grave que habría maestros que lograron trabajar y pensionarse sin ningún tipo de formación.

La procuradora primera distrital de Bogotá, Helga Lidby Díaz, ha sido una de las encargadas de destapar todo este entramado: a la hora de verificar la autenticidad de los diplomas, tienen errores que se notan a simple vista, y lo más delicado es que las propias universidades han confirmado que los supuestos maestros nunca realizaron ningún tipo de estudio.

Uno de esos casos es contra Sandy Yolima Rodríguez, quien fue docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, presentó diplomas como licenciada en educación preescolar y magíster en ciencias de la educación. Sin embargo, las universidades Antonio Nariño y San Buenaventura confirmaron que no hizo parte de ningún proceso de formación.

En la formulación de cargos de la Procuraduría contra Rodríguez se detalla: “Es posible concluir, sin temor a equívocos, que los títulos presentados contienen información que no se ajusta a la realidad. Es decir, estos nunca fueron otorgados por las universidades antes señaladas. La disciplinada no cursó estudios y consecuentemente no cumplió los requisitos de grado para obtener esos títulos”. La mujer ahora irá a juicio.

La Procuraduría ha encontrado en los más de 40 procesos disciplinarios que tiene en la actualidad hallazgos que darían cuenta de que se estarían pagando 100.000 pesos por adquirir un diploma falso en pregrado, especialización o maestría, y el mismo ente de control ha calificado como “burda” la forma en que los están haciendo. En las verificaciones se han percatado de que los documentos salen con letras distintas, tamaños diferentes y hasta con papeles superpuestos en datos importantes como la fecha de expedición. Más de 400 personas habrían acudido a este oscuro mecanismo.

Otro caso que ha llamado la atención es el de un hombre que, tras ser llamado a juicio disciplinario, confesó que acudió a diplomas falsos para vincularse al colegio Misael Pastrana Borrero como profesor de educación física. Sin embargo, la UIS, en Santander, confirmó que nunca cursó estudios, ni aparece en la base de datos de graduados.

SEMANA obtuvo la confesión de ese supuesto docente en la que aseguró: “Quiero pedir perdón a la Secretaría de Educación por los actos cometidos, y el hecho de no tener una estabilidad económica, un trabajo y una afiliación a salud me llevaron a un estado de estrés, desesperación e impotencia y, por ende, a cometer este tipo de falta (...) de antemano solicito desde lo más profundo de mi corazón se me perdone”.

Desde la Procuraduría explicaron que este tipo de conductas son faltas gravísimas, hechas a voluntad, terminan incurriendo en sanciones de destitución e inhabilidad hasta por 20 años y en procesos penales en la Fiscalía por falsedad en documento público.

Para el ente de control es preocupante que quienes estén acudiendo a este modelo de corrupción sean personas a cargo de formar a los niños y jóvenes del país. De hecho, se han encontrado supuestos maestros expertos en educación especial, pero no tienen la formación para atender a los menores en esa condición.

La investigación de la Procuraduría ahora se centrará en revisar qué está ocurriendo en la Secretaría de Educación de Bogotá, donde hay fallas en el proceso de verificación de las hojas de vida y de los diplomas. Sin embargo, algunos funcionarios del Distrito se estarían escudando en el debido proceso para no aplicar la inhabilidad de tres años. El 31 de julio de 2024, el viceprocurador Silvano Gómez autorizó que la Procuraduría obtuviera el poder preferente sobre los procesos disciplinarios que se movían en la Secretaría de Educación, al considerar que “son de especial connotación pública, lo cual, por sus implicaciones, genera un impacto de orden social y, de ser ciertos los hechos, se afectaría negativamente el normal desarrollo de la administración pública”.

Hoy, el ente de control ya tiene 16 procesos con llamado a juicio disciplinario, entre ellos el de Harry Salas Hurtado, quien habría ocupado el cargo de docente provisional en la Institución Educativa Distrital Jaime Garzón, en Sumapaz, tras haber presentado un diploma de la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba como licenciado en Biología y Química.

Sin embargo, la universidad terminó reconociendo: “Una vez revisada la base de datos de los egresados titulados, el archivo general y la plataforma académica de la institución, no se encontró registro alguno que lo acredite como egresado del programa (...) por lo tanto, el Diploma y Acta de grado adjunta a su solicitud carecen de validez”.

Frente a la alerta de la Procuraduría sobre este delicado tema, SEMANA se contactó con la Secretaría de Educación para conocer qué medidas está tomando. Mediante un cuestionario escrito, la entidad, que hoy lidera la secretaria Isabel Segovia, explicó que han sancionado a 126 personas por medio del control disciplinario interno que manejan, pero para acudir a ese mecanismo se debe tener en cuenta los “comportamientos que estén claramente tipificados como faltas disciplinarias al momento de realizar la conducta”. La Procuraduría, por su parte, advierte que las irregularidades se pueden identificar de forma clara y sencilla.

Una de las respuestas que más llamó la atención y que iría en contravía con lo que la Procuraduría halló es que la Secretaría señala: “Sí consulta a las diversas instituciones educativas del país y del extranjero, con el fin de corroborar la autenticidad de los documentos aportados”. Pero desde el ente de control informaron, con las pruebas en la mano, que el Distrito ha pasado por alto algunos casos.

La mayor preocupación que deja este cartel de profesores es que hasta el momento no se ha devuelto un solo peso del dinero que se les pagó a los falsos docentes, según la Alcaldía de Bogotá, pues se debe esperar a que culminen las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales para realizar el recobro de los salarios. La ciudad quedó con un hueco millonario por este nuevo caso de corrupción.