Caso niñera de Laura Sarabia: SEMANA revela el testimonio del policía que le hizo el polígrafo a Marelbys Meza. Responsabilizó al fallecido coronel Óscar Dávila. Siguen tras la pista del amigo de la mujer

No paran las investigaciones en medio del gigantesco escándalo por las interceptaciones que se dieron de forma irregular contra Marelbys Meza, exniñera de la exjefa de gabinete Laura Sarabia, luego de que se perdiera un dinero en efectivo de una maleta en su casa, cuyo monto después de muchos bandazos no se ha logrado establecer. Fueron en total cuatro las personas a las que les ‘chuzaron’ los teléfonos, pero hay un nuevo expediente que llama la atención.

SEMANA conoció que la Fiscalía encontró, en medio de los documentos y pruebas que se están estudiando en detalle, el informe de policía judicial con el cual se buscó dar soporte jurídico a las interceptaciones a personas cercanas a Meza, a sabiendas de que era una operación ilegal.

Hasta ahora, el país sabe que para justificar las ‘chuzadas’ a Meza y a Fabiola, las dos empleadas de la vivienda de Sarabia, les montaron, por parte de la Comisión Investigativa contra el Crimen Organizado (Cicor) de la Policía, con base en Medellín, encargada de perseguir las organizaciones criminales en el Pacífico, Chocó y Antioquia, un expediente según el cual eran colaboradoras del Clan del Golfo.

En este nuevo documento, que se está manejando con estricta reserva, se relaciona a Johnson Pineda, un viejo y cercano amigo de Meza. Lo señalaron de pertenecer y liderar una poderosa banda criminal, dedicada al robo de automotores, en especial motos. Tal como ocurrió en el caso de Marelbys, señalaron que la solicitud se basaba en información entregada por una fuente humana.

Los miembros de la policía judicial asignados al caso por el robo de dinero de Sarabia habrían elaborado este informe y acudieron ante la Fiscalía, que asumió inicialmente el caso Sarabia, con base en la denuncia que presentó su esposo, Andrés Fernando Parra, en enero pasado.

Con documento en mano, los miembros de la Policía Judicial le solicitaron a un fiscal de Bogotá la interceptación de manera inmediata del teléfono celular de Pineda para presentarlo ante un juez y que este diera vía libre, gracias a la argumentación de que era un peligroso criminal y era necesario escuchar sus conversaciones.

Lo que descubrió la Fiscalía fue que este trámite se surtió en tiempo récord y sin traba alguna para que el juez diera luz verde y así empezar a escucharlo. En el informe, hay incluso un detalle que llama la atención. Pineda era, según el burdo montaje, un jefe de banda. El alias que le pusieron fue el del ‘Nene’, justamente como lo llamaba Meza. A ella le pusieron el alias de la Cocinera. Al notar que Pineda se movilizaba en una motocicleta, se convirtió en un básico argumento para presentarlo como un ladrón de estos vehículos.

Pineda incluso fue citado a declarar ante la Fiscalía en dos ocasiones. Allí ha negado rotundamente tener nexos o formar parte de bandas criminales y, sobre todo, ser el jefe de una organización dedicada al hurto de estos automotores. De hecho, el ente acusador hizo sus propias indagaciones y confirmó que Pineda no era el criminal que presentaron para justificar las chuzadas.

Él reconoció su larga y cercana relación con Meza, pero negó, como se viene señalando, que tuvieran algún tipo de relación sentimental. Pineda, quien aparece en uno de los chats en los que hablan de dinero, afirma que no tiene nada que ver con ese asunto, incluso afirmó que lo único que carga encima es “un morral, un impermeable y el almuerzo”.

¿Un carro en efectivo?

Más allá del presunto montaje para efectuar las chuzadas, la Fiscalía avanza en la investigación que es la génesis de todo este escándalo: el robo de dinero a Sarabia y el monto real. Como lo ha informado SEMANA, en la primera denuncia se habló de 3.500 o 4.000 dólares; luego esta fue ampliada, coincidiendo con un comunicado de la Presidencia de la República en el que se referían, esta vez, a 7.000 dólares.

No obstante, Meza, en entrevista con este medio, habló de maletines con dinero. “Cuando ella (Sarabia) llegaba, iba directo a su cuarto. Lo único que se escuchaba era que sonaba la caja fuerte cuando se le ponía la clave. Sonaba tiqui, tiqui, tiqui”.

Con esa incógnita sobre el monto del dinero robado que supuestamente estaba en el maletín de Sarabia, la Fiscalía sigue una pista relacionada también con Pineda. Se busca determinar si compró un carro con dinero en efectivo en los últimos días. De ser cierto, podría implicar un giro en la investigación en cuanto al monto denunciado y la posible responsabilidad de la niñera y su amigo, a quien le interceptaron las comunicaciones. Los dos siguen negando cualquier implicación en el robo.

La prueba del polígrafo

En todo este embrollo político-judicial, hay otra investigación que avanza en la Procuraduría contra los involucrados en el presunto uso irregular de las pruebas de polígrafo a los involucrados. SEMANA obtuvo en exclusiva el testimonio del policía encargado de realizar esta prueba. A la diligencia asistió también el abogado de Sarabia.

Se trata del intendente Jhon Alexánder Sacristán, quien reconoció que, de los 19 años que lleva en la Policía, 14 ha sido como examinador de polígrafo. En casi todas las declaraciones que han dado los protagonistas tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría, como si estuvieran de acuerdo, nuevamente, la responsabilidad de este hecho se la atribuyeron al fallecido coronel Óscar Dávila, quien murió en extrañas circunstancias en medio de este escándalo. Según el dictamen de Medicina Legal, se suicidó.

En este caso, es necesario recordar que la sorpresiva muerte del coronel Dávila se dio cuando estalló el escándalo de las interceptaciones irregulares. El uniformado había tocado las puertas de la Fiscalía, solicitando directamente al fiscal Francisco Barbosa, para dar su declaración sobre lo ocurrido en este oscuro episodio.

En la diligencia, la Procuraduría preguntó: “¿Quién era el responsable de la coordinación anticipativa para el 30 de enero de 2023?”, la respuesta del intendente Sacristán fue: “Para ese momento, era el coronel Dávila”. El uniformado también respondió que su cargo dependía funcionalmente “del coronel (Carlos) Feria”, el poderoso jefe de protección presidencial de la Presidencia de la República.

La Procuraduría también preguntó qué pasó ese día. “Esa mañana nos reunimos como lo hacemos diariamente, lo que recuerdo es que mi capitán Elkin me manifestó que tocaba hacer unas pruebas”. El ente de control insistió: “¿Esa orden es consultada con alguna otra persona?”. La respuesta fue: “En este caso, la orden fue verbal porque solo dependemos de él, es decir, de mi capitán Elkin Gómez, para la realización de la prueba de confiabilidad y credibilidad”.

“¿El capitán Elkin Gómez le dio alguna advertencia especial para esta prueba?”, preguntó la Procuraduría. El intendente Sacristán respondió: “Me escogió por mi experiencia, y me dijo que la prueba la hiciera yo”.

El intendente además contó que ese día se le hizo la prueba de polígrafo “al conductor de la UNP, a una funcionaria del esquema de seguridad de Laura Sarabia y a la señora Marelbys Meza; y el día primero de febrero a un motorizado del esquema de seguridad”. También fue preguntado por el tiempo que duró esta prueba de polígrafo a Meza: “La primera fase, una hora y treinta y cinco minutos aproximadamente. La segunda fase, unos treinta y cinco minutos”.

En seguida, la Procuraduría le cuestionó: “¿Conoce quién llevó a la señora Marelbys a la sala de poligrafía?”. Contestó: “No supe, pero fue recibida por el capitán Gómez”. Por último, le preguntaron sobre los equipos que tiene en la Oficina de Anticipaciones de la Presidencia y a quién pertenecen. La respuesta fue que están adscritos al Dapre y forman parte de su inventario.

A lo largo de la diligencia, las respuestas del intendente Sacristán fueron cortas y no brindaron mayores detalles. Lo cierto es que en lo que tiene que ver con las interceptaciones irregulares, la Fiscalía ya terminó la primera etapa de investigaciones y se prepara para tomar las primeras decisiones, que se traducirán en imputaciones contra varios de los presuntos responsables.