Cielo Gnecco y la compra de votos en el Cesar: la filtración de una orden de interceptación y un sospechoso archivo revivieron el caso en la Corte

La sombra de la corrupción volvió a caer sobre la familia política más poderosa del Cesar, en especial sobre su cara más visible, la baronesa Cielo Gnecco, a quien justamente le emitieron orden de captura la semana pasada por un caso en el que se la acusa de ordenar dos homicidios. Desde entonces no se sabe nada de ella. El fraude para las elecciones al Congreso de 2018 también salpica de forma directa a su sobrino, José Alfredo Gnecco, quien resultó reelecto con más de 61.000 votos.

La génesis de este asunto se remonta al 14 de febrero de 2018, cuando llegó una denuncia a la Corte Suprema en la que se alertaba que en medio de la campaña para la reelección de José Alfredo Gnecco estaban ofreciendo 50.000 pesos por cada voto. Para la caza de sufragantes, señala la acusación, se había montado una compleja estructura que contaba con la participación de comerciantes, dirigentes políticos y familiares del congresista, que ya completaba más de una década en el Senado.

“Ha orquestado un plan criminal para la compra masiva de votos en los municipios de La Paz, San Diego y especialmente en el norte del departamento del Cesar”, aseguraba el denunciante. Para demostrar lo dicho, mencionaba con cargos, nombres y apellidos a las personas que estaban participando en esta conducta ilegal a pocos meses de los decisivos comicios.

Entre estos citaba a la alcaldesa de La Paz, Cesar, Andrea Ovalle, y otros dirigentes políticos, como Juan Pulido Ovalle, Efraín Jesús Ovalle, Eduardo Ovalle —conocido como el Tuli—, Gerardo Arzuaga, Benjamín Calderón, José María Pinillo, Fabián Pinillo, Edward Guerrero y Édgar Feria, a quien llamaban el Chegar.

La estrategia era sencilla: pasaban por “todos los sectores de la población ofreciéndoles dinero para que el día de las elecciones marcaran la casilla 17 del Partido de la U” (ver imagen).

Para asegurar que se cumpla la palabra de los potenciales votantes, “les piden las cédulas, las decomisan y se las entregan, junto con el dinero, el día de las elecciones, un poco antes del momento en que debían depositar el voto a favor del candidato Gnecco”. El denunciante aseveró que con esta estrategia la familia del candidato ya había logrado “mantenerse en el poder y lo seguirán haciendo”.

Este escándalo quedó eclipsado por un caso muy similar de corrupción electoral en la costa Caribe: la Casa Blanca. Ahí se desmontó la estructura criminal que se diseñó en torno a Aida Merlano Rebolledo, quien quería dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado de la mano de los Char y los Gerlein, las familias que mantienen el poder político en el Atlántico.

En febrero de 2022, así como llegó la denuncia contra Gnecco Zuleta, fue archivada con el argumento de falta de evidencia. En la decisión, firmada por el magistrado de la entonces recién conformada Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Farfán, se alegó que por más que lo habían intentado no fue posible contactar al autor de la denuncia. Igualmente, que los mencionados habían negado tener conocimiento en este plan de compra de votos.

La decisión no habría tenido nada de raro de no ser porque, en medio de la práctica de pruebas, un informe de un experimentado agente de policía judicial alertaba sobre una situación evidentemente inusual. Los investigados sabían que sus líneas estaban interceptadas.

Cielo María Gnecco, la cacica de la familia, según publicó Noticias Caracol, le alertó a su sobrino José Alfredo que una persona identificada como “Francisco Farfán” (igual que el magistrado) le había enviado un mensaje para que “te dijera que el teléfono al tuyo (sic) te están copiando todo”.

Pese a que nunca se menciona la palabra “magistrado”, sí llama la atención que la alerta fuera lanzada por una persona que compartía el mismo nombre de aquel que estaba adelantando la investigación. Ese caso jamás fue investigado ni tenido en cuenta en el archivo (ver imagen).

Sin embargo, lo que sí causó dudas en la Corte Suprema fue que no apareció el denunciante, quien se identificó como Rafael Pardo Cotes. Luego de una intensa búsqueda en redes sociales, en registros en la misma Rama Judicial, por si antes había radicado denuncias y varias inspecciones judiciales en municipios del norte del país, la Corte se dio por vencida.

“Sin duda alguna, que quien formula la denuncia pretende ocultar su verdadera identidad, y ello permite a la Sala inferir que nos encontramos ante una noticia criminal ‘anónima’”, se lee en el documento de archivo.

En ese sentido, se recalcó que durante la investigación fue contactado Rafael Pardo Cotes, “un oficial en retiro, quien negó categóricamente haber presentado la denuncia y tener conocimiento de la situación”.

A esto se suma el hecho de que el despacho del magistrado Farfán no encontró nada extraño en cientos de interceptaciones telefónicas, haciendo énfasis en que la mayoría tenía que ver con temas del quehacer cotidiano y cuando se hablaba de política no se hizo mención a nada ilegal como la compra de votos. “Revelan la inexistencia de comportamientos delictivos, pues simplemente se refiere en sus conversaciones a la actividad política”, concluye la Corte.

Los escándalos por parapolítica, compra de votos y hasta corrupción electoral han rodeado por décadas a algunos de los integrantes de la familia Gnecco dedicados a la política. Este caso se había archivado, pero es tal el escándalo que el mismo magistrado Farfán ordenó, por medio de un escueto escrito de dos páginas, desarchivar la investigación y continuar con la recolección de pruebas. También se declaró impedido para seguir con el caso y pidió ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Igualmente, tocó las puertas de la Fiscalía para que indaguen a los funcionarios de su despacho y a todo aquel que tuvo conocimiento de ese expediente a fin de que se establezca si existió la filtración de información.

Fuentes cercanas a la Corte Suprema detallaron que en la Sala de Instrucción, conformada por cinco magistrados, respaldan a Farfán bajo la premisa de la presunción de inocencia. Sostienen que se llegará hasta las últimas consecuencias para establecer si existió alguien que alertó sobre las interceptaciones telefónicas (ver imagen). De esta forma, el fantasma del cartel de la toga, que estalló en 2017, volvió a tocar las puertas de la Corte.

Irónicamente, en marzo del presente año, la Corte Suprema citó a Gnecco Zuleta a indagatoria en medio de la investigación que se le abrió por presuntamente entregarle 150 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno —el condenado fiscal anticorrupción— para que se archivara la investigación adelantada contra Lucas Gnecco, exgobernador del Cesar, ya fallecido como su cuestionado hermano Jorge Gnecco, asesinado hace 22 años.

Los reflectores se vuelven a prender sobre las elecciones al Congreso de 2018 en el Cesar y apuntan directamente a los Gnecco, dueños del poder en la región, cuya cabeza es Cielo Gnecco, quien sigue huyendo de la justicia. ¿Viene la casa blanca del Cesar?