Comienza indemnización a víctimas de tres bloques paramilitares; Gobierno hará la mayor inversión de los últimos años

Por primera vez, las víctimas del accionar de algunas de las más sangrientas organizaciones de autodefensas del país verán resarcido su dolor de alguna forma. Todos ellos, que sufrieron las más atroces acciones de estos actores al margen de la ley, tuvieron que llorar a sus padres, madres, hermanos y familiares asesinados en masacres, o tuvieron que abandonar forzadamente sus tierras y ver cómo reclutaban a sus hijos menores de edad.

Se trata del Bloque Central, que operó a órdenes de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y que sembró el terror en al menos 13 departamentos del país, así como de los Bloques Minero (que operó en el Bajo Cauca Antioqueño y el sur de Córdoba) y Libertadores del Sur (con presencia en Nariño, al mando de Pablo Sevillanos), que también destrozaron la vida de 8.287 personas, quienes recibirán recursos económicos, en cumplimiento de sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

El Fondo para la Reparación de las Víctimas informó que los desembolsos se harán progresivamente hasta el próximo 27 de enero, y el monto estimado asciende a los $ 27.000 millones. Los primeros pagos, que suman cerca de $ 3.000 millones, serán cubiertos con recursos del Presupuesto General de la Nación.

Luego, el propio Fondo asumirá y gestionará el giro de los otros dineros con recursos propios; es decir, una suma cercana a los $ 23.300 millones, que ingresaron a sus arcas mediante la de la monetización de los bienes administrados, y que fueron entregados por los postulados de esos grupos de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que durante cerca de dos décadas protagonizaron todo tipo de crímenes de lesa humanidad.

Desde 2019, el Fondo para la Reparación de las Víctimas no desplegaba un operativo logístico, humano y técnico que permitiera que un grupo tan grande de personas recibiera, después de lustros enteros, una indemnización judicial como producto de las desgarradoras situaciones que tuvieron que enfrentar por el accionar de los denominados paramilitares.

En total se realizarán 9.511 giros, correspondientes a 10.918 hechos victimizantes, todos ellos responsabilidad de los comandantes y sus hombres, quienes protagonizaron desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones de los derechos humanos.

Para poder identificar que el valor de la indemnización judicial correspondiera con el reconocimiento de los hechos que se hizo en medio de los procesos y las sentencias de Justicia y Paz, el Fondo para la Reparación, administrado por la Unidad de Víctimas, hizo un análisis interno que le permitió establecer cuáles deberían ser los montos más adecuados para cada uno de los beneficiarios.

En los actos de entrega de estas indemnizaciones judiciales, cuya primera sesión se adelantará en la capital del departamento de Magdalena, habrá una serie de actividades que buscarán que la dignidad de quienes hoy reciben las indemnizaciones ordenadas por la justicia vaya más allá de la entrega material de dinero.

Por un lado, cada de unas de las personas que estarán presentes en las jornadas y que son objeto de las mencionadas indemnizaciones hará parte de acto de reconocimiento su condición de víctimas del conflicto armado que azotó al país; por el otro, el propio Fondo anunció que les brindará acompañamiento psicosocial permanente a todas ellas, para que puedan superar las profundas huellas que el accionar de los paramilitares les produjo.

Finalmente, y en aras de que los recursos que recibirán tengan un verdadero efecto reparador en sus condiciones actuales de vida, las personas indemnizadas recibirán un acompañamiento de expertos que les aconsejarán cuáles podrían ser las mejores y más rentables vías para invertir los dineros que recibirán por parte del Estado.