Confirman laudo arbitral y condena contra Melo: dos golpes contra la corruptela de Odebrecht

Este miércoles, dos pleitos asociados a la corrupción de Odebrecht en Colombia tuvieron un desenlace crucial. De un lado, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la condena a 11 años de prisión por corrupción contra José Elías Melo, quien fue presidente de Corficolombiana. De otro, el Consejo de Estado confirmó en su totalidad el laudo arbitral que anuló el contrato para la construcción del tramo dos de la Ruta del Sol y ordenó el pago de 211.000 millones de pesos a los terceros de buena fe por la obra que se alcanzó a ejecutar.

Esta última decisión causó revuelo entre los banqueros, pues suponía que los siete bancos financiadores del proyecto se quedarían con una cifra muy inferior a la que estaban reclamando a modo de restitución. De hecho, horas antes de proferirse el laudo arbitral se desbarató un intento de conciliación para que el Gobierno pagara 1,2 billones de pesos a los bancos.

No obstante, tres árbitros espantaron el fantasma de estas reclamaciones en una decisión que acaba de recibir el espaldarazo del Consejo de Estado. Una decisión proyectada por la consejera María Adriana Marín, acaba de declarar infundada la solicitud de anulación que hicieron todas las partes asociadas al proyecto. La decisión arbitral fue atacada por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, Episol S.A.S. y los siete bancos que financiaron la obra (Itaú Corpbanca Colombia S.A., Banco de Bogotá S.A., Banco Popular S.A., Banco de Occidente S.A., Banco AV Villas S.A., Banco Davivienda S.A., Bancolombia S.A., y la Fiduciaria Corficolombiana S.A.). También habían opuesto Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. y la Sociedad Constructora Norberto Odebrecht S.A.

“Las causales de anulación alegadas en los distintos recursos de anulación en contra del laudo arbitral, así como de los cargos que las fundamentaron, permiten concluir que ninguno de ellos fue probado en el presente proceso, razón por la cual los mismos serán desestimados”, señala el Consejo de Estado.

Para los consejeros, el tribunal arbitral no excedió su competencia, pues sus decisiones obedecieron al deber de disponer las restituciones derivadas de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato. “Correspondía al juzgador disponer lo concerniente a las restituciones mutuas, en la forma indicada en la ley”, dice el alto tribunal.

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El Consejo de Estado también señala que el tribunal arbitral acertó al anular el contrato de concesión por causa ilícita. “Existiendo expresamente dichas causales de anulación, no le es dado al recurrente plantear los hechos que las configuran bajo el manto de la que es objeto de estudio, esto es, haberse pronunciado el Tribunal de Arbitramento sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, razón por la cual este cargo debe ser desechado”.

Pero la parte clave de la decisión adoptada por el Consejo de Estado es que deja en firme los montos a ser restituidos a terceros que actuaron de buena fe, pues considera que el tribunal actuó de acuerdo a sus facultades legales para ordenar restituciones mutuas que se encontraron procedentes.

“El hecho de que no se comparta por los recurrentes la forma como el laudo arbitral dispuso la distribución de esa suma de dinero reconocida a título de restituciones, no configura la causal de anulación de fallo, puesto que la comparación de lo decidido por los árbitros debe efectuarse con las pretensiones, excepciones y facultades oficiosas del juez, y no con los argumentos de las partes e intervinientes, sobre la forma correcta como debió tomarse la decisión”, señalaron los magistrados.

Las decisiones que se acaban de adoptar constituyen un espaldarazo a las instituciones que hasta ahora han actuado con contundencia contra la corrupción de Odebrecht y contra quienes fueron sus colaboradores en conductas ilegales. Aún hay varios recursos en trámite que están por definirse, sin embargo, con la condena a Melo y la confirmación del laudo arbitral mandan un mensaje en la dirección correcta.