Corte Suprema no investigará más al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti

Al perder competencia para seguir con la investigación en su contra, la Sala de Instrucción remitió a la Fiscalía General el proceso que seguía contra el actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti Villaneda, por los supuestos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público.

Los hechos de este caso tienen que ver con la supuesta intervención indebida de Benedetti en contratación del Fonade.

La Sala determinó que perdió competencia para investigarlo debido al fuero especial que ahora tiene por su cargo de Embajador, de acuerdo con lo que dispone el numeral 5 del artículo 235 de la Constitución Política. Por lo tanto, la investigación le corresponde a la Fiscalía y, en caso de que llegue a ser acusado, el eventual juicio quedaría en la Corte Suprema de Justicia.

En mayo de 2022, la Corte lo llamó a versión libre por estos hechos. En agosto de 2017, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) contrató los servicios de bodega y archivo con una empresa que se ganó el negocio en un proceso —en criterio de la Fiscalía— ilegal, es decir, sin completar los requisitos establecidos en la ley de contratación pública. Por esas irregularidades, el ente acusador les imputó cargos a tres personas.

El contrato tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade. Se le entregó a una empresa que, según la investigación, no cumplió los requisitos definidos en la convocatoria y que no entregó la póliza para la firma de ese contrato; aun así, terminó ganando.

La tesis del ente investigador es que se generó un contrato de tal manera que la empresa Certicámaras fuera seleccionada por el extinto Fonade para que le fuera adjudicado el contrato.

El contrato fue firmado luego de una convocatoria privada, incumpliendo lo establecido por la ley, con apenas tres oferentes; dos quedaron fuera, según la Fiscalía, tras identificar que los términos del contrato, las características, la experiencia y la capacidad de la empresa contratante fueron modificados para asegurar la adjudicación.

Benedetti se ha defendido y ha señalado que no tiene responsabilidad alguna en los señalamientos y ahora entonces será la Fiscalía General de la Nación la que asuma la investigación.