Corte Suprema pide investigar a magistrados “eternos” de la Judicatura por no salir de sus cargos

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación que pose su atención sobre dos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que llevan años en el ojo del huracán: Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria.

Ambos, a pesar de que fueron elegidos por un periodo de ocho años, se han aprovechado de una anomalía jurídica (la Sala Disciplinaria fue reemplazada en 2015 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pero esta última no se ha creado aún) para atornillarse a sus cargos por cuatro años más bajo el argumento de que no dejarán de trabajar hasta que se designen nuevos magistrados para ocupar sus lugares. Esto los ha hecho blanco de todo tipo de críticas y sus decisiones, entre las que se incluyen casos de alto calibre, despiertan polémica debido a que su legitimidad está en entredicho.

Semanas atrás, sus nombres habían adquirido notoriedad una vez más a raíz de una fallo de tutela que tuvo a Garzón como magistrada ponente. La providencia acogió la tesis del accionante, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, sobre una supuesta violación a su debido proceso por parte del magistrado de la Corte Suprema que conocía de su proceso penal por aparentes nexos con grupos paramilitares.

Un borrador de la ponencia, en donde se condenaba al político uribista a 19 años de cárcel, fue divulgado en medios de comunicación y Ramos optó por recusar al togado. Luego de que la recusación fuera negada, interpuso una tutela que fue negada en primera instancia, pero aterrizó en el despacho de Garzón para segunda instancia y recibió una decisión favorable.

De esta forma, Ariel Torres, magistrado de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, fue apartado del caso. En un comunicado, la corporación acató la determinación de la Sala Disciplinaria, pero dejó de presente su inconformidad con Garzón y sus colegas.

Y ahora la situación tomó otras dimensiones. En un documento difundido a través de sus redes sociales, la Corte se refirió a una tutela de conocimiento de la Sala Disciplinaria que ordenaba al Alto Tribunal a levantar las medidas cautelares que pesaban sobre unos bienes del exparamilitar Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo. Al parecer, Pedro Sanabria, a quien la Corte se refiere como “exmagistrado”, fue el ponente de dicha sentencia y esto colmó la paciencia de los miembros de la Sala Penal de la Corte.

Por lo tanto, pidieron a la Fiscalía que, si lo estima procedente, proceda a “investigar las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez por permanecer en los cargos de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura aunque sus periodos vencieron en 2016”.

En su petición al ente acusador, los magistrados señalan que la decisión sobre la tutela no es más que “un escrito”, ya que fue elaborado por Sanabria y este no es “un magistrado en ejercicio”. Adicionalmente, apuntan que él y Garzón son “dos particulares (...) cuya participación en la deliberación de la ponencia no concurre, ni puede concurrir, a la conformación del quorum deliberatorio y decisorio en la saliente Sala Disciplinaria”.

Y ese fue uno de sus puntos también. Dado que la providencia contenía la firma de Garzón y tuvo a Sanabria como ponente, la Sala Penal de la Corte afirmó que su intromisión en la votación afectaba la validez del número mínimo que se exige para aprobar el fallo.

Esta confrontación, ya abierta y sin reparos, entre ambas instituciones judiciales, llega a su pico con este pronunciamiento de la Corte Suprema. No es claro todavía cómo recibirá la Fiscalía esta petición y si, en efecto, iniciará una investigación.