Deuda con sicarios que asesinaron al veedor Jorge Luis Solano terminó en confesión contra políticos que habrían ordenado el crimen. Esta es la historia

El 3 de noviembre de 2020, un sicario acabó con la vida del veedor ciudadano Jorge Solano, en su casa en Ocaña, Norte de Santander. Por el crimen se habría pactado una suma de 40 millones de pesos, pero el incumplimiento de ese pago terminó siendo la punta del iceberg para que se descubriera el entramado criminal detrás de la muerte del asiduo denunciante de la corrupción en su municipio.

El caso salpicaría a los reconocidos hermanos Pinzón en Norte de Santander. Jairo Pinzón quien fue dos veces alcalde de San Calixto, aspiró a la Alcaldía de Ocaña por el extinto partido Independientes del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y estuvo al frente de la gerencia del hospital Emiro Quintero Cañizares, en ese mismo municipio, en donde se habrían dado las irregularidades que denunciaba sin tregua Solano. Saúl Pinzón, su hermano, es abogado, especialista en derecho internacional humanitario y llegó al cargo de personero municipal en Ocaña, pero el Consejo de Estado anuló su elección. Hacia ellos dos apuntan los reflectores.

Los hermanos aparecen en las declaraciones que ha recibido la Fiscalía de los confesos asesinos del veedor y líder social Jorge Solano, a quien de cariño le decían Coque. Él investigó e hizo graves denuncias sobre la gerencia de Jairo Pinzón en el hospital de Ocaña y hasta hizo serias advertencias en los videos que publicaba en su principal canal de denuncia en Facebook. Incluso anticipó su asesinato.

“Decirle al señor Jairo Pinzón: no pudo con las amenazas, no pudo con el soborno ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato conmigo. A mí no me va a sacar del paseo como ha sacado a mucha gente (...) cualquier cosa que me pase, ya sabemos quién puede ser”, fue uno de los últimos contundentes mensajes que publicó Solano.

Por el asesinato del líder social fueron capturadas tres personas: Víctor López, autor del crimen; Luis López, coautor del homicidio, y Carlos Daniel Pinzón, escolta de Saúl Pinzón, hermano del exgerente del hospital de Ocaña.

Este último recobró su libertad por vencimiento de términos y estaría prófugo de la justicia. Víctor (tío) y Luis (sobrino) terminaron condenados y confesando que participaron en el crimen, después de que Carlos Daniel Pinzón los contactó para que asesinaran al reconocido líder social, pero la instrucción de buscar a los sicarios la habrían recibido de los hermanos Jairo y Saúl Pinzón, y así lo habrían confesado. La motivación de convertirse en testigos de este caso habría sido la deuda que quedó pendiente por el asesinato de Coque.

Uno de los documentos conocidos por SEMANA, firmado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, detalla que en las reuniones para planear el crimen: “trataron temas relacionados con los motivos por los cuales se iba a asesinar al señor Solano Vega, que era porque se estaba entrometiendo mucho en las situaciones de Jairo Pinzón, y el hermano Saúl Pinzón (...) se estaba metiendo en temas relacionados con unos contratos de ambulancias que iban hacia la Costa”.

Un ejemplo de lo que sería el vínculo criminal con la Costa, específicamente Santa Marta, sería que, en medio de la administración de Pinzón en el hospital de Ocaña, en junio de 2020, la Policía localizó en un puesto de control ubicado en la Y de Ciénaga, en la capital del Magdalena, una ambulancia con emblemas del centro médico cargada con más de 100 kilos de droga. En ese operativo terminaron capturadas cuatro personas, entre ellas, un falso paciente y una mujer que se hacía pasar por familiar.

En un interrogatorio que entregó el sicario Víctor López el 26 de febrero de 2024 reiteró que Carlos Pinzón, le confirmó que los hermanos Pinzón (Jairo y Saúl), eran quienes iban a pagar por el homicidio. De hecho, hasta aparece una funcionaria de la Alcaldía de Ocaña involucrada como informante de los desplazamientos de la víctima.

Pero, ¿cuáles eran los líos de Jairo Pinzón? Además del transporte de cocaína en una ambulancia asignada al hospital Emiro Quintero Cañizares, en agosto de 2023 la Procuraduría le abrió investigación, que también está durmiendo el sueño de los justos, al entonces gerente, pues habría hecho contratos verbales por casi 600 millones de pesos para adquirir materiales quirúrgicos y dispositivos médicos con la empresa Inversiones Tecnomédica de Colombia S.A.S., en medio de la emergencia por la pandemia del covid-19. Por su parte, la Supersalud le impuso una multa de 250 salarios mínimos por el incumplimiento en la ejecución.

Se sumaban las denuncias que advertía el veedor Jorge Solano: “Al señor Jairo Pinzón lo suspenden del cargo porque hay claros indicios de corrupción (...) y por muy ladrón que sea, la justicia lo protege. Hay que investigar el enriquecimiento ilícito de este señor”.

En esas denuncias que hacía en sus redes sociales, Solano señaló al actual senador de Cambio Radical Édgar Díaz, al representante a la Cámara del Partido Conservador Ciro Rodríguez, al congresista del Partido de la U Wilmer Carrillo, y al exgobernador de Norte de Santander William Villamizar.

Luis López, quien terminó siendo coautor del crimen contra Solano, manifestó en el interrogatorio que dio, el pasado 14 de marzo de 2024, que el presunto cómplice Carlos Daniel, lo buscó para que asesinara a Solano porque se entrometía en las actividades de los hermanos Pinzón y denunciaba irregularidades en el manejo del hospital, pero, aunque él rechazó la propuesta, su tío se ofreció para cometer el asesinato.

“Volvieron a reunirse en varias oportunidades. En una de ellas, coincidió en su casa Víctor López, quien se enteró del ofrecimiento y aceptó cometer el homicidio a cambio del dinero ofrecido. Le fue suministrado un revólver calibre 32 y (sic) 3 de noviembre de 2020 ejecutó el atentado que segó la vida de la mencionada víctima”, señala un documento que emitió el Juzgado Quinto Penal de Cúcuta.

En medio de esta investigación y el asesinato impune de otros veedores ciudadanos de Norte de Santander, ocurrió una extraña movida con el fiscal que estaba a cargo del caso y que prendió todas las alarmas. El fiscal 15, Edwin Leandro Carvajal, fue removido de la investigación que adelantaba por la muerte de Solano, y de paso, le quitaron el proceso de Jaime Vásquez, el veedor de Cúcuta que fue asesinado el pasado mes de abril, justo días después de denunciar que el Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander (Ifinorte), excedió sus facultades al embargar vehículos de extranjeros, la mayoría venezolanos.

La situación llamó la atención de la defensa de Jorge Luis Solano, que envió un derecho de petición a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con serios cuestionamientos. ¿Por qué se les están dando cargos en el ente investigador a personas cercanas de políticos que denunció el líder social de Ocaña y el veedor de Cúcuta? ¿Hay investigación formal contra Jairo y Saúl Pinzón? ¿Cuál fue la razón real de remover al fiscal Carvajal de los dos casos? ¿Hay conexión entre el homicidio de Solano y Jaime Vásquez? Hace cuatro meses la solicitud se radicó y hasta el momento no hay respuesta. SEMANA también buscó a los hermanos Pinzón, por teléfono y con mensajes de texto a sus móviles, pero nunca dieron respuesta.

Por si fuera poco, mientras las familias de las víctimas siguen reclamando justicia, hace pocos días el veedor ciudadano de Cúcuta, José Francisco Palacios, fue víctima de un atentado, por cuarta ocasión, del que salió ileso. Palacios venía liderando, junto con Vásquez, una serie de investigaciones sobre la corrupción en un contrato que superaría los 2 billones de pesos, y que involucraría a la empresa Aguas Kapital.