El año de la nueva fiscal: así va la crucial elección para escoger el reemplazo de Francisco Barbosa

Arrancando 2024, la Corte Suprema de Justicia tiene sobre la mesa una trascendental decisión: la elección de la nueva fiscal general de la nación, que deberá ser escogida de la terna compuesta por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. Ellas ya hablaron ante el alto tribunal, presentaron sus hojas de vida y se espera que llegue la votación, sobre la cual, ha quedado claro, la Corte no se dejará presionar.

La determinación acerca del reemplazo de Francisco Barbosa es trascendental y requiere la total independencia de quien llegue a este cargo, pues tendrá que llevar casos tan relevantes como la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Él ya había confesado sus delitos y se había comprometido a revelar hechos que involucraban a personas cercanas a la campaña presidencial, pero, después una visita de su padre a su casa en Barranquilla, decidió echarse para atrás y pasó de confeso delincuente a autodenominarse perseguido.

También están los procesos contra los funcionarios más cercanos al presidente Petro, como Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), y el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del mandatario.

El tema tiene que ver con el uso y abuso del aparato de seguridad de la Presidencia de la República para resolver un robo doméstico de dinero en el apartamento de Sarabia. En la búsqueda de la plata se llevaron a Marelbys Meza, niñera de la alta funcionaria, le impusieron arbitrariamente una prueba de polígrafo, le incautaron el celular, le chuzaron las comunicaciones y les hicieron seguimientos a ella, sus familiares y amigos.

Se suma la investigación contra Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, de quien se indagan las visitas a la cárcel La Picota para reunirse con extraditables y la presunta solicitud de dinero a cambio de frenar las extradiciones a Estados Unidos.

El asunto es espinoso, pues en la nación norteamericana puede traducirse en el grave delito de obstrucción a la justicia, y ya tienen un valioso testimonio.

Según se ha conocido, el famoso narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo, quien fue capturado tratando de enviar cocaína vía San Andrés, habría confesado que Juan Fernando Petro le habría ofrecido frenar su extradición a cambio de 100.000 dólares. Así lo afirmó su abogado en ese país, Richard Díaz.

Desde la otra orilla también se requiere total independencia para resolver casos como la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno, sobre el cual la Fiscalía ha solicitado la preclusión en dos ocasiones.

Y otro más atraviesa un escándalo judicial que ha tenido pocos avances en Colombia. Se trata de la corrupción de Odebrecht para obtener contratos de obras públicas. En este caso están sentados en la silla de los acusados, con pruebas demoledoras, el excandidato del Centro Democrático a la presidencia Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, quien fuera el gerente de campaña. Los dos fueron delatados por Daniel García Arizabaleta, exdirector del Invías.

Fuentes consultadas por SEMANA sostienen que la elección no ocurrirá antes del 12 de febrero, cuando termina su gestión Francisco Barbosa, por lo que la vicefiscal Martha Mancera podría quedar encargada pese a la presión de Palacio de Nariño y del mismo presidente Gustavo Petro para que eso no suceda.

El Gobierno ha optado por descalificar la gestión de Barbosa y de toda su cúpula en un aparente afán por sacar del camino a la vicefiscal Mancera. La funcionaria denunció que han pretendido vincularla con hechos de narcotráfico para desprestigiarla.

En sus exposiciones, las tres candidatas aseguraron con vehemencia su independencia. Sin embargo, en el caso de Ángela María Buitrago, tuvo a su cargo las investigaciones por la toma del Palacio de Justicia cometida por el M-19, guerrilla a la que perteneció el presidente Petro, y en la que les endilgó la responsabilidad a los militares, con condenas contra el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega.

Asimismo, llevó investigaciones por las chuzadas del DAS y la parapolítica, pero hay un detalle particular: ha sido abogada del expresidente Ernesto Samper, y del periodista Daniel Coronell en un caso contra el expresidente Álvaro Uribe, Luz Adriana Camargo y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, llevan más de una década trabajando hombro a hombro. Comenzaron en la Corte Suprema como magistrados auxiliares, desde donde adelantaron procesos relacionados con el escándalo de la parapolítica. Luego, Camargo fue la mano derecha de Velázquez en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que adelantó las investigaciones por el caso Odebrecht.

Los procesos terminaron llevando a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Sin embargo, la Fiscalía de ese país los señaló de participar en un plan para beneficiar a la multinacional.En el caso de Amelia Pérez Parra, la cercanía podría ser de tipo ideológico. La jurista se define como defensora de derechos humanos y su trayectoria cuenta con investigaciones por las masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán, ejecutadas por paramilitares con el apoyo de agentes de la fuerza pública en la década de los noventa.

Estos procesos la pusieron en la mira de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de su jefe Carlos Castaño Gil, por lo que tuvo que exiliarse durante varios años. La primera votación, programada para el 7 de diciembre, fue aplazada debido a que Gerardo Barbosa Castillo, nuevo magistrado de la Corte, se posesionó hasta el 12 de diciembre.

Este fue el argumento, pero desde ese momento quedó claro que el alto tribunal no se someterá a presiones externas. Se tomará el tiempo necesario para tomar la trascendental decisión, sin ceder a la influencia impuesta por operadores mediáticos, que hoy le apuestan a evitar que, cumplido el periodo constitucional de Barbosa, asuma de forma temporal en encargo la vicefiscal Mancera.

No se descarta que la Corte haya decidido aplazar la votación en señal de malestar por un mensaje que publicó en redes sociales el presidente Petro, en el que atacó a la Fiscalía, como se le ha vuelto costumbre, y se refirió a la elección el mismo día que se dio la primera cita para debatir sobre la importante determinación.

“He enviado una terna de mujeres probas a la Corte Suprema para la elección de fiscal general de la nación. Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que a partir de esa decisión la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”, escribió Petro en su cuenta de X.

El magistrado Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema, dijo que elegirían antes del 12 de febrero por tratarse de un proceso sencillo y teniendo en cuenta la anticipación con la que el presidente presentó la terna. Sin embargo, fuentes le dijeron a este medio que la Corte tiene que decidir antes quién será el nuevo presidente de la corporación, por lo que no es seguro que la votación se lleve a cabo en la fecha fijada. La última palabra la dictará la Corte Suprema de Justicia.

El debate volverá pronto y, aunque el alto tribunal está en medio del fuego cruzado por las presiones mediáticas y del mismo presidente Petro, el mensaje es claro: se tomarán el tiempo necesario y no elegirán a una “fiscal de bolsillo”, pues la prioridad es la institucionalidad y la independencia de la Justicia.