El carné que disidencias de Iván Mordisco exigen a habitantes en Caquetá para dejarlos entrar y salir de municipios

En el más reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las acciones delincuenciales de las disidencias de las Farc, de Iván Mordisco, se señalaba que dicha estructura, para mantener el control de la gente que se mueve en sus territorios, la obliga a portar un carné para ser plenamente identificada.

SEMANA obtuvo uno de esos documentos que, según las autoridades, circula en las regiones de Cartagena del Chairá, Pujil, La Montañita y Puerto Rico, en Caquetá, en donde tienen injerencia criminal hombres del frente 62 de las disidencias de las Farc.

Fuentes de inteligencia revelaron que los criminales obligan a las personas a registrarse en las juntas de acción comunal para mantener un registro sobre quiénes ingresan y salen del territorio. Así, evitan que personas extrañas lleguen a la región, por lo cual, a quienes no portan el carné no se les permite movilizarse por la zona y corren el riesgo de ser asesinados.

Otras de las acciones ilegales que están aplicando las disidencias de las Farc en los territorios donde hacen presencia, según la OEA, consisten en que los pobladores deben portar una carta de autorización para cuando quieran ingresar a uno de los territorios.

Recientemente, SEMANA reveló el expediente secreto de Iván Mordisco y las disidencias de las Farc que el Gobierno no quería que se conociera.

El expediente secreto

Más de 90 acciones criminales entre homicidios, extorsiones, masacres y ataques contra la fuerza pública fueron cometidas entre el primero de enero y el 8 de mayo, en medio del cese al fuego por las disidencias de las Farc del mafioso Iván Mordisco, según un documento de inteligencia militar en poder de SEMANA.

Sin embargo, el crimen más repudiable que ejecutaron los hombres de este temido cabecilla fue la masacre de cuatro menores de edad indígenas en Putumayo, que habían sido reclutados forzosamente por la estructura Carolina Ramírez, bajo el mando de Yeison Alexis Ojeda, alias Alvizú, quien es uno de los negociadores de paz ante el Gobierno.

Este hecho tumbó el cese al fuego, que en realidad fue usado por las disidencias para fortalecerse.

SEMANA tuvo acceso a este expediente completo de las agencias del Estado sobre el estado mayor central de las Farc, como se ha denominado la facción de Mordisco. En él se revela que esta organización criminal nunca soltó sus acciones delincuenciales contra la población civil, ni contra sus enemigos del Clan del Golfo y el ELN, estando vigente el cese al fuego que concedió el presidente Gustavo Petro, en el que le ordenó a la fuerza pública frenar operaciones ofensivas contra cerca de 5.000 hombres en armas.

La disidencia de Iván Mordisco y su banda de criminales está compuesta por 21 estructuras dentro de las que se encuentran con mayor número de integrantes La Primera, con 195 hombres; estructura 10, con 350; estructura Jorge Briceño, con 621; Jaime Martínez, 239; Dagoberto Ramos, 273; Carolina Ramírez, 156, y Carlos Patiño, 209, entre otras.

En las imágenes en poder de SEMANA se ven los recibos de paz y salvo que les daban a sus víctimas de extorsión, las notas que enviaban a los pobladores con amenazas si no asistían a las reuniones que convocaban y el constreñimiento a políticos locales para que no votaran por determinados proyectos en los concejos municipales.

Una de las aterradoras notas tiene la figura del extinto Mono Jojoy, está fechada el 11 de abril de 2023 y es expedida por el frente Jorge Briceño, liderado por alias Calarcá, quien se reunió en septiembre de 2022 con el comisionado de Paz, Daniel Rueda, en Caquetá (ver imagen).

El encabezado, que busca amedrentar a sus víctimas, inicia con la misma frase: “Reciban un cordial saludo revolucionario”. Luego, advierten el motivo del llamado para obligar, mediante amenazas de muerte, a pagar las vacunas o para que no apoyen proyectos políticos.

“La presente nota es para que se presente el 27-04 del 2023 en Cartagena del Chairá para que lleguemos a un acuerdo en el tema de las cotizaciones de las atentas”, dice uno de los paz y salvo.

Recientemente, el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, denunció que las disidencias de las Farc tenían apagadas varias antenas de telefonía celular, lo que ha afectado también el servicio de internet en la región.

En otro de los atemorizantes paz y salvo, la estructura Urías Rondón cita: “El 01-05-2023 a todos los habitantes de la vereda para fijar el monto del aporte del año”.

Pero los paz y salvo no eran los únicos documentos que descaradamente estaban imprimiendo los hombres de Mordisco. SEMANA también conoció los libros de bolsillo y cartillas que habían mandado a hacer con los estatutos de la organización, que estaban siendo compartidos de manera interna entre sus integrantes y con la población civil para reclutar a nuevos miembros (ver imagen).

Tras las reiteradas violaciones al cese al fuego, SEMANA conoció otro documento reservado en el que, pese a que se evitan los enfrentamientos de tropa, se les ordena a las fuerzas élite encaminar sus operaciones de alto impacto en contra de Iván Mordisco, cabecilla principal y por quien se ofrece una recompensa de 2.560 millones de pesos.

También, contra alias Calarcá, jefe de la estructura Jorge Briceño, con una recompensa por mil millones de pesos, y alias Danilo Alvizú, cabecilla de la Carolina Ramírez, responsable del asesinato de los cuatro menores indígenas en Putumayo y por quien existe una recompensa de 650 millones de pesos.

Sobre Alvizú se conoce, según inteligencia de las agencias del Estado, que maneja las finanzas criminales de la estructura por medio del narcotráfico, ejecuta el cobro de vacunas y extorsiones, es organizador de masas, realiza labores de proselitismo y se mueve en el municipio de Puerto Guzmán, usando los ríos Piculo, Caimán y Mecaya.

No han frenado el reclutamiento forzado de menores de edad

No han frenado —dice la OEA— “el reclutamiento forzado de menores de edad, en especial en el suroccidente del país, con el objetivo principal de robustecer su pie de fuerza, en especial en zonas donde sostienen disputas territoriales con el Clan del Golfo y el ELN. Las edades de los menores obligados a hacer parte de sus filas están entre los 13 y 17 años de edad”.

“Una de las principales características de esta vulneración es la separación física de los NNA de sus núcleos familiares o redes de apoyo, recurriendo a la falsa oferta de salarios o empleos en labores de recolección de hoja de coca, en municipios diferentes a su lugar de residencia”, señala el informe.

Masacrados

A finales de marzo, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el reclutamiento forzado de cuatro menores de edad indígenas por parte de una estructura criminal que delinque en la zona.

Casi dos meses después, el 17 de mayo, el organismo humanitario fue informado sobre el homicidio de los cuatro menores en el sector de El Rancho, que se encuentra sobre el río Caquetá, en límites con el departamento del Amazonas, a unos 229 kilómetros de Puerto Leguízamo, es decir, a unas nueve horas aproximadamente por vía fluvial.

Las víctimas eran de la comunidad del pueblo indígena murui.

Fuentes de la Defensoría confirmaron que ha sido casi imposible tomar contacto con los familiares de los asesinados debido a las amenazas que han recibido de la estructura Carolina Ramírez, responsable de la masacre. Tanto, que las autoridades no han llegado al sitio donde ocurrió el múltiple homicidio, según fuentes de la entidad.

Sobre las disidencias de la Carolina Ramírez, se conoce que viene delinquiendo desde 2019 en la zona norte del departamento del Putumayo, expandiéndose al Caquetá, y en la actualidad llega hasta el Amazonas, cooptando estos tres departamentos con sus actividades criminales, que se habrían fortalecido a raíz del cese al fuego decretado por el Gobierno nacional.