El caso del magistrado Carlos Horacio Urán, quien murió en la retoma del Palacio de Justicia, llegará a la justicia de Estados Unidos

Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, salió con vida del Palacio de Justicia cuando el reloj marcaba las 2:07 minutos de la tarde, del 7 de noviembre de 1985. Fue torturado, asesinado y su cuerpo fue ingresado, en medio del caos total, hasta la edificación por los mismos militares que lo habían rescatado.

Esta es la versión que tienen los familiares del magistrado con la que, por 37 largos años, llevan reclamando a la justicia colombiana, pero ante los nulos avances se cansaron y el caso fue radicado ante la justicia de Estados Unidos por dos motivos claros: la familia Urán tiene ciudadanía en este país; y la segunda y más relevante, es que esperan que la justicia actúe contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien comandó la retoma y desde hace algunos años está radicado en la ciudad de Weston, en Florida. Los familiares del magistrado Urán radicaron una demanda civil ante la Corte del Distrito Sur de Florida contra el coronel Plazas Vega y ya fue admitida para su estudio, según conoció SEMANA, el pasado 17 de marzo por la Corte.

Además, acaba de ser presentado ante la justicia de Estados Unidos un documento de la misma Fiscalía General de la Nación, conocido por este medio, que se convierte en la prueba reina de que en Colombia este tema, para la familia Urán, está en el congelador. “Sin perjuicio de que sea llamado para el efecto próximamente, a la fecha el señor Luis Alfonso Plazas Vega no ha sido vinculado a esa investigación”, indica la notificación, firmada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Pero, ¿por qué contra él? Plazas Vega es señalado de ser el “comandante de la operación” y él mismo, ante la necesidad de retomar el Palacio de Justicia y el orden público, hizo que los tanques de guerra entraran por las estrechas puertas y dispararan sus pesados cañones a la edificación, pese a que adentro había centenares de civiles como rehenes del M-19.

Así se respalda en la demanda ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en la que se lee que “el acusado tenía autoridad sobre el personal militar involucrado, incluidas las tropas de la Escuela de Caballería, y se coordinaba con otras unidades que también ingresaron al Palacio de Justicia, incluidas las unidades de la Escuela de Artillería”.

Según la familia Urán, la falta de una acción en Colombia es la punta de lanza para que las autoridades de los Estados Unidos conozcan el caso y emitan un pronunciamiento. Esta demanda civil –según explicaron varias fuentes conocedoras del caso– podría afectar su residencia permanente en los Estados Unidos y le restringiría realizar negocios en ese país.

En la demanda –radicada por The Center of Justice & Accountability (CJA)– se advierte que existe suficiente evidencia sobre el hecho que “pese a que el magistrado Urán salió con vida, su cuerpo fue hallado una vez finalizada la retoma, en el primer piso del Palacio, desnudo, lavado y con una herida de bala a quemarropa en la sien”.

Las cámaras de medios de comunicación españoles registraron esa versión al captar la salida de Urán del Palacio, luciendo un vestido de paño y cojeando mientras se alejaba.

Durante la operación de recuperación, el coronel Plazas Vega –quien comandaba la Escuela de Caballería del Ejército– fue el rostro más visible y conocido. Fue él quien les entregó a los medios de comunicación detalles sobre la liberación de los rehenes, el control del Palacio y las acciones que se estaban llevando a cabo para neutralizar a los guerrilleros que les disparaban desde adentro.

La búsqueda de justicia, actualmente con sede en Estados Unidos, se fundamenta en la incapacidad de la familia Urán para comprender por qué, a pesar de que en febrero de 2007 la Fiscalía General encontró una grabación que evidenciaba cómo Carlos Horacio Urán salió con vida, escoltado por tres militares hacia la Casa del Museo del Florero, hasta ahora nadie ha respondido ante la justicia. Asimismo, señala una fuente cercana al caso, la evidencia es más abrumadora, puesto que en una inspección, en 2007, a las bóvedas del B2, ubicada en el departamento de Inteligencia de la Brigada XII, se encontró la billetera del magistrado Urán con sus documentos, su credencial del Consejo de Estado, una foto de Ana María Bidegain –su esposa– y tarjetas de crédito. ¿Cómo llegó ahí? Es una pregunta que todavía no tiene una respuesta.

“Todo indica que los militares etiquetaron y trataron al magistrado Urán como un ‘especial’, luego lo torturaron y mataron como resultado”, sostiene el texto de la denuncia en Estados Unidos. Incluso se cita la declaración de un testigo que narró que, al momento de la inspección a los cadáveres, la guardia militar se habría referido al cadáver de Urán como el de “ese guerrillero hijo de puta”. Lo que evidenciaría el hecho de que ya había sido “etiquetado” como “especial”, vinculándolo así al M-19 en la planeación de la toma al Palacio.

La indagación contra tres oficialesPese a que en 2010 la entonces delegada ante la Corte Suprema, la fiscal Ángela María Buitrago, vinculó mediante indagatoria al general Jesús Armando Arias Cabrales (condenado a 35 años de prisión por los desaparecidos), el coronel Rafael Hernández López y el mayor Carlos Alberto Fracica, 13 años después no ha ocurrido nada.

Igualmente, otros militares que participaron activamente en el operativo de recuperación –como indicó una fuente cercana– han optado por el silencio, manifestando que el paso del tiempo ha generado que sus recuerdos pierdan nitidez y que se les nuble lo que ocurrió en esos días. Prueba de esto es que en la semana que pasó, dos militares en retiro ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negaron hasta la existencia de los desaparecidos del Palacio, esto pese a la abrumadora evidencia. Situación por la cual tanto la Procuraduría como los representantes de víctimas solicitaron la exclusión de esta justicia transicional del mayor Óscar William Vásquez, el sargento Gustavo Arévalo Moreno y el sargento Bernardo Alfonso Garzón por no tener ningún interés de aportar a la verdad.