Nación
El contrato por el que pedirán captura del gobernador de Putumayo
Esta semana, el departamento de Putumayo se podría quedar sin gobernador por cuenta de una audiencia de imputación de cargos citada por la Fiscalía. A Florencio Rosero Peña le cuestionan sobrecostos en más de 1.100 millones de pesos por la compra de diez ambulancias para atender la emergencia por covid-19.
Esta semana, la Fiscalía delegada ante la Corte citó a audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento contra el gobernador de Putumayo, Florencio Rosero Peña. Así aparece registrado en la página web de la rama judicial, en donde se anuncia, además, que será procesado por los delitos de celebración indebida de contratos, peculado y falsedad ideológica.
El caso está relacionado con la compra de diez ambulancias para el departamento durante la emergencia por covid-19, en la que presuntamente el mandatario regional incurrió en sobrecostos por más de 1.100 millones de pesos. La Procuraduría había anunciado una investigación en este sentido, pues considera que es “altamente inconveniente que ante la pandemia producida por covid–19, los recursos del Estado no estén siendo invertidos y ejecutados de manera correcta”.
El contrato en cuestión es el No. 547, del 1 de abril de 2020, que tiene por objeto la adquisición de ambulancias medicalizadas, por un valor se 3.460.634.610 pesos. Ante las sospechas, el Ministerio Público pidió la suspensión de la ejecución del contrato al advertir inconveniencia y posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público.
En la investigación disciplinaria fueron vinculados el secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González.
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La Fiscalía también avanza en la imputación de cargos contra cinco personas vinculadas a la gobernación y particulares relacionados al caso.
El proceso contra el gobernador quedó en manos del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Leonel Rogeles Moreno, quien deberá definir esta semana si accede o no a las pretensiones de la Fiscalía de dictarle medida de aseguramiento. De ser así, el mandatario quedaría suspendido mientras avanza el proceso judicial.
