Él es alias Pipe, jefe de Mago, grupo que habría matado a 14 funcionarios del Inpec, cuyo director también está amenazado

John Alan Lozano Alvear, de 39 años, era un funcionario del Inpec, de la Policía Judicial, asesinado a tiros en Tuluá, Valle del Cauca, por sicarios que lo atacaron mientras montaba su bicicleta. En reiteradas ocasiones denunció ante las autoridades que lo iban a matar, pero lo dejaron solo. La tragedia de John la vivieron, meses atrás, otros 11 funcionarios del Inpec, amenazados y asesinados. Los crímenes, se investiga, fueron perpetrados por un comando asesino: Mago (Muerte a Guardianes Opresores).

La Fiscalía y la Policía identificaron a los encargados de liderar la arremetida criminal que pretende arrodillar al Inpec a punta de asesinatos y amenazas. No discriminan, han llegado incluso hasta su director, el coronel Daniel Gutiérrez. Nadie está a salvo en el Inpec. El Movimiento Nacional Mago sentenció de muerte a los funcionarios que se interponen en los negocios que, desde la cárcel, controlan los cabecillas de la organización criminal.

Cada asesinato y amenaza tiene la firma del Mago. Le declararon la guerra al Inpec y advirtieron que los funcionarios son objetivo militar. “Caiga quien caiga”, y están cayendo, las amenazas se están convirtiendo en asesinatos. El coronel Gutiérrez aseguró que se investiga la participación de este grupo en los asesinatos de funcionarios en distintas zonas del país.

El Mago está integrado por asesinos, extorsionistas, secuestradores y traficantes vinculados a una peligrosa organización que se suponía extinguida en el Valle del Cauca. Se trata de La Inmaculada, una horda de asesinos con sede en el municipio de Tuluá, responsables de los peores crímenes y ahora de autoproclamarse miembros del comando asesino. Todos reciben órdenes desde la cárcel La Picota, en Bogotá.

Y lo peor: el Mago tiene tentáculos en el Inpec, pues funcionarios corruptos entregan información a los cabecillas de la organización. Los cómplices comparten datos de sus propios compañeros, rutinas, direcciones, familia y hasta el mejor momento para asesinarlos.

“Es un hecho histórico que nunca se había presentado. Ver cómo una estructura criminal que está en las cárceles, pero con nexos en las calles, tiene la intención de doblegar a una institución. Lo que sabemos es que es una organización con vínculos criminales y funcionarios corruptos”, dijo el director del Inpec.

SEMANA habló con los guardianes amenazados por el Mago. Ellos están convencidos de que la información en manos de los asesinos sale de otros funcionarios, los mismos que en las cárceles hacen todo lo posible por mantener o facilitar el negocio criminal de las extorsiones y el tráfico de estupefacientes a cambio de dinero. Todo lo que hacen lo sabe el Mago.

“Ellos, los compañeros, no piden asesinar, pero advierten a los cabecillas del Mago que la presencia de los funcionarios encargados de los controles en las cárceles son el problema. Si los criminales no lo solucionan, pues no les pueden entrar los celulares, licor, comida, drogas, lujos, o incluso llevar los mensajes a sus socios delincuentes en las calles. Entonces, llegan las amenazas y con ellas los homicidios”, dijo el guardián, que lleva tres años con un chaleco antibalas y botón de pánico como única protección.

El Mago, sin temor a represalias de las autoridades, se adjudicó asesinatos en Tuluá, Jamundí y Cali, en el Valle del Cauca. Se trata de los dragoneantes Edison Montenegro, Hernando Moreno, Jaime Chávez, Carlos Mario Congo y Juan Fernando Ríos, acribillados a tiros en plena calle. También de Andrés Mauricio Quiñones y Juan David Andulce, atacados con una granada de fragmentación, como la que usaron para amenazar al director del Inpec hace apenas unas semanas.

“Estamos trabajando con la Fiscalía y la Policía, dando con los autores de los homicidios y amenazas (…). No queremos que pase lo de hace algunos años con las estructuras criminales de Pablo Escobar, que, si se actuaba en el marco de la ley, buscaban cómo arrodillar las instituciones a punta de homicidios”, dijo el coronel Gutiérrez a SEMANA.

Esta estructura criminal logró penetrar el Inpec y así lo advierten en sus amenazas. Dicen, sin problema, que el instituto está infiltrado, tienen la información para saber quiénes ordenan los operativos, quiénes participan y la lista de funcionarios que se atraviesan en su forma de “subsistencia”, como descaradamente llaman a las extorsiones carcelarias: “Toca rebuscarse desde las cárceles”, sentencia el Mago.

¿Quién es el Mago?

La Fiscalía tiene tres investigaciones que vinculan a esta organización criminal con los asesinatos de guardianes del Inpec en diferentes zonas del país. Las pesquisas de los investigadores de la Policía aterrizaron en un peligroso delincuente, quien admitió ser el asesino de 39 personas: alias Pipe Tuluá, justamente el cabecilla de la banda La Inmaculada.

Se trata de Felipe Marín Silva, un hombre de 38 años, que sin tapujos reconoce los asesinatos de guardianes, las amenazas al director del Inpec y el cobro de extorsiones. La Policía lo capturó y en audiencias judiciales la Fiscalía fue sumando víctimas a su prontuario.

En total se le atribuyen “39 asesinatos y siete tentativas de homicidio… y el descuartizamiento de, al menos, una de sus víctimas a quien arrojó al río Tuluá”, dijo la Fiscalía. Alias Pipe Tuluá es el cabecilla, de acuerdo con la investigación, del Mago y es quien ordena los asesinatos de los guardianes. Incluso ofrece los servicios de sicariato a otras organizaciones criminales desde la cárcel.

Es tan descarado y temerario que admite ser el responsable de enviar un desayuno bomba, con una granada, al director del Inpec tras los recientes operativos de control y lucha contra la corrupción en el Instituto. Una semana después remitió una amenaza escrita en la que advertía que, si pudo llegar a la oficina, llegaría hasta la casa del oficial y también de los funcionarios que trabajan junto con el director.

Los funcionarios del Inpec están aterrorizados. Quienes realizan las operaciones especiales para frenar los lujos ilegales de los detenidos consideran que la muerte les respira en la nuca. La misma Dirección del Instituto tuvo que emitir una circular con unas recomendaciones dignas de un escenario de guerra. El decálogo de seguridad para los funcionarios arranca con cambiar todos los días de ruta camino a sus casas, no usar uniforme en la calle, restricciones en redes sociales, que la familia no divulgue dónde trabaja, alterar las rutinas y hasta “extremar” el control cuando reciban domicilios.

Las amenazas de alias Pipe Tuluá llegaron incluso a los fiscales. A una funcionaria de la Fiscalía le repitió la dosis que le envió al director del Inpec: una granada en una encomienda adornada con globos de colores. Luego, un obsequio para advertirle que la “estaba enamorado”, una desfachatez que parece más bien una afrenta al Estado.

El cabecilla del Mago, de acuerdo con los informes de inteligencia, ha dejado una estela de muerte por los centros de reclusión donde ha estado: Cómbita, en Boyacá; Picaleña, en Ibagué, y La Picota, en Bogotá. Cada vez que lo intentan trasladar, acude a la acción de tutela alegando el derecho a la vida. Les asegura a los jueces que lo quieren matar y los jueces le creen, sin saber que es él quien ordena los asesinatos.

En las manos de Dios

Los guardianes que forman parte de la recién creada Unidad Investigativa del Inpec, al mando del coronel Daniel Gutiérrez, están en riesgo extraordinario y llevan años pidiendo seguridad a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía, a la Fiscalía y al mismo Inpec. Lo único que tienen para cuidarse son un chaleco antibalas, un botón de pánico y un celular.

“Estamos en las manos de Dios. Nos movemos en moto, pedimos, rogamos por protección para cumplir con el trabajo, pero mientras el Inpec nos pide remitirnos a la UNP, allá se cumplen los trámites, nos dan un documento que confirma el alto nivel de riesgo, y la solución es un chaleco y un celular”, explicaron los guardianes amenazados.

Esmeralda Echeverry, de la Fundación Cárceles al Desnudo, se ha encargado de tramitar las solicitudes de protección para los funcionarios que están bajo amenaza, la mayoría de la Policía Judicial, justamente los encargados de ayudar en las investigaciones, en la desarticulación de organizaciones criminales y la corrupción en las cárceles, y en la guardia penitenciaria del Inpec.

“Hemos detectado que para tener esquema de seguridad hay que tener amigos dentro (UNP), porque muchas personas andan con escoltas y no tienen el nivel de riesgo que tienen estos funcionarios”, señaló Echeverry, al advertir el triste escenario para los guardianes que luchan contra la corrupción en la misma entidad. Una batalla perdida, como puede pasar también con sus vidas.

La UNP aseguró que hay un protocolo, unos tiempos que deben cumplirse antes de otorgar un esquema de seguridad. En el caso del dragoneante John Alan, acribillado en Tuluá, apenas estaba en trámite. Fue asesinado mientras esperaba en la fila para recibir la protección que ahora ruegan sus compañeros.