Justicia
El testimonio de Otoniel desde la cárcel de alta seguridad más custodiada en Estados Unidos. SEMANA conoció los detalles
Una comisión de magistrados de la JEP, un representante de la Procuraduría y su abogado recibieron la declaración de Otoniel en la cárcel ADX Florence, en Estados Unidos. Dio información reveladora, pero también quedó claro que allá el asunto es a otro precio. Se encuentra bajo tierra, incomunicado y es imposible un plan de fuga.
SEMANA revela en exclusiva los detalles desconocidos del testimonio que rindió Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, desde la cárcel ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, considerada una de las prisiones más seguras del mundo. A esa diligencia solo asistieron siete colombianos, liderados por los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Alejandro Ramelli, Gustavo Salazar, Hugo Escobar, Federico Arana y la asesora María Upegui.
ADX Florence alberga a los más peligrosos criminales, como Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, y al propio Otoniel, el temido excabecilla del Clan del Golfo. Se trata de un búnker enclavado en medio de un desierto, impenetrable, aislado y con medidas de seguridad extremas. Está ubicado a 185 kilómetros de la población más cercana y es denominado “el Alcatraz de las montañas”. Al lugar también llegaron el procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández Angarita, y el abogado Camilo Santacoloma, defensor de Otoniel.
En el testimonio que conoció SEMANA en exclusiva, Otoniel salpicó por supuestos vínculos con el paramilitarismo a nuevos personajes, como Julio Enrique Acosta, exgobernador de Arauca. Señaló a los partidos Comunista y Unión Patriótica por presuntos vínculos con la farcpolítica y aceptó brindar información sobre la convivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo. Aseguró que hay varios generales de las Fuerzas Militares involucrados.
El martes 9 de abril, la comisión de Colombia que iba a recoger el testimonio de Otoniel llegó hasta ADX Florence para conocer nueva información sobre los macrocasos por falsos positivos, el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica y los crímenes en la región de Urabá.
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A la llegada, los magistrados, el procurador y el abogado de Otoniel se percataron de que la cárcel, conocida también como Supermax, tiene una suerte de establecimiento militar que anuncia la llegada de los escasos visitantes a la guardia principal del lugar. La primera imagen es una orden, Keep in moving (siga moviéndose). Quedarse quieto dentro del penal es una prohibición.
Según le contaron miembros de la comitiva a SEMANA, la ADX Florence está construida para aislar por completo del mundo exterior a los reos. Ellos pasan hasta 23 horas diarias dentro de la celda. Las patrullas están fuertemente armadas y hay una docena de imponentes torres de vigilancia que controlan la prisión.
Con el paso del primer filtro, donde se revisan pasaportes, identidad y se autoriza el ingreso con un sello, los colombianos que iban a escuchar a Otoniel fueron trasladados hasta el parqueadero de la cárcel y un carro los escoltaba. El destino era el lugar exacto donde se encontraba recluido Otoniel.
Para pasar al segundo dispositivo de seguridad, se abrió una pesada puerta que permitió el ingreso hacia una especie de pasillo a los magistrados de la JEP, al procurador y al abogado. Ese acceso se cerró y terminaron bloqueados, casi como reos, en una especie de cuarto. Segundos más tarde, se abrió otra robusta puerta que los dejó frente a tres marshals, los alguaciles al servicio del sistema judicial en Estados Unidos.
En ese punto, los integrantes de la comisión tuvieron que dejar en casilleros los elementos personales que no registraron para ingresar a la audiencia. La mayoría solo pudo entrar el computador; uno de ellos dejó las gafas en el filtro.
Cuando pensaban que ya habían llegado, se abrió una nueva puerta que les dio acceso directo a un pasillo de por lo menos 80 metros de largo y, según contaron, ese camino, muy bien iluminado, iba en descenso, por lo que están seguros de que Otoniel permanece recluido bajo tierra.
Al final de ese corredor, apareció una ventanilla para verificar de nuevo documentos y con luz negra revisar los sellos que les pusieron para entrar. Finalmente, el camino los condujo a una especie de ascensor en el que siguieron bajando dentro de la cárcel, con destino a un enorme recinto, similar a una cancha de baloncesto, en el que había una mesa, sillas disponibles para la comisión y cinco misteriosas y pequeñas jaulas vacías con macizos barrotes de acero.
Con la comisión lista para empezar la diligencia, aparecieron en el escenario dos marshals custodiando a Otoniel, quien se movía con grilletes en los pies y las manos. Los alguaciles llevaron al criminal hasta una de las jaulas que había en el recinto y, tras ponerlo de nuevo tras las rejas, le quitaron las esposas. El excabecilla del Clan del Golfo vestía un uniforme color beige y cuentan que se le empieza a notar el paso de los días en este búnker.
Los salpicados
Allí, tras cruzar esta impenetrable mole, arrancó la audiencia en la que le dieron paso al procurador Fernández para que interviniera. La diligencia empezó por el caso de los crímenes que cometió el Clan del Golfo en Urabá, Antioquia.
Dairo Antonio Úsuga, en medio de su declaración, salpicó a un nuevo dirigente con el paramilitarismo. Se trata de Julio Enrique Acosta, antiguo gobernador de Arauca (2004-2007), quien, aseguró, habría facilitado la llegada de las AUC de la mano de la casa Castaño, con el único objetivo de sacar a las Farc del territorio.
En 2005, el entonces gobernador aseguró que, en los últimos 15 años, la guerrilla le había hecho por lo menos siete atentados, y su historia tomó revuelo cuando confesó que, para protegerse, dormía con un fusil. Siempre cargaba en el cinto una pistola 9 milímetros y su esquema lo conformaban más de diez escoltas. Ha sido condenado en dos oportunidades por corrupción y fue capturado en marzo de 2011 por supuestos vínculos con paramilitares del bloque Vencedores de Arauca.
Otra de las confesiones de Otoniel durante la diligencia que conoció SEMANA es que está dispuesto a colaborar en el caso 08, que investiga los crímenes que cometieron agentes del Estado en alianza con grupos paramilitares. Esta versión de Otoniel se basa en la época que estuvo codirigiendo el bloque Centauros de las AUC, entre 1997 y 2006, en Meta, Guaviare, Boyacá, Cundinamarca y Casanare. Esa estructura alcanzó a llegar hasta Bogotá, con el frente Capital, y tuvo más de 4.000 integrantes, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El exjefe del Clan reveló que la farcpolítica sí existió e incriminó a miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica (UP) de tener vínculos con las extintas Farc para conseguir cargos de elección popular. Reafirmó que los paramilitares también tuvieron militantes políticos.
Sobre los falsos positivos, Úsuga testificó que, por esos años, ya pasando de guerrilleros a paramilitares, tenían en su poder dos muertos y se los entregaron al Ejército para que los presentaran como bajas en combate. Y aclaró sobre su tránsito por el EPL, las Farc, las Autodefensas y el Clan del Golfo que perdieron los ideales a causa del narcotráfico y la extorsión, y que la única diferencia en cada grupo armado era el estilo de vida.
Otoniel volvió a señalar al general (r) Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, de haber tenido vínculos con las AUC, apoyar al bloque Centauros y hasta recibir 450 millones de pesos para que fuera un aliado.
En la declaración también salió a relucir el nombre del general (r) Mario Montoya, a quien acusó nuevamente de recibir fajos de billetes y un apartamento para, supuestamente, trasladar a un oficial a una zona donde el grupo armado tenía influencia.
Otro de los altos mandos militares salpicados fue el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, quien supuestamente recibió grandes cantidades de dinero para no interferir en las masacres que ocurrían en la zona donde tenían injerencia los paras.
Otoniel, durante los tres días de testimonio (9 10 y 11 de abril), reconfirmó la toma de Saisa, en Tierralta, Córdoba, a manos de las Farc; las masacres de La Chinita, en el Urabá antioqueño, y Mapiripán, en el Meta, perpetradas por las AUC; y la persecución criminal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a “los esperanzados”, los integrantes del EPL que se desmovilizaron en 1991, convertidos en objetivo militar porque los veían como una disidencia.