Elecciones en calma. Aunque se presentaron hechos violentos aislados, la operación democracia tuvo buenos resultados

Pese a la soberbia de las organizaciones criminales y a las preocupantes alertas de riesgo, este domingo se celebró una jornada electoral en calma. El hecho más lamentable ocurrió un día antes de los comicios, cuando una turba intentó ingresar a la fuerza a la sede de la Registraduría en el municipio de Gamarra, en el Cesar. Ante la reacción de las autoridades, un hombre roció gasolina y arrojó un fósforo incendiando el lugar y quemando viva a una funcionaria de la entidad.

Se trata de Duperly Arévalo Carrascal, quien laboraba como auxiliar administrativa y era madre de dos menores. La Fiscalía General puso en marcha un “plan de urgencia” con el fin de identificar a los implicados en esta alteración, en especial a la persona que arrojó la cerilla para procesarla por homicidio y tentativa de homicidio, cargos que le podrían dar una condena no menor a 40 años de prisión. En los hechos también resultaron con quemaduras de gravedad tres funcionarios y un policía.

El reprochable ataque no estuvo exento de la polémica, pues en un primer momento el presidente Gustavo Petro no rechazó el vandalismo. Por el contrario, le endilgó la responsabilidad al Consejo Nacional Electoral al señalar: “Con todo el respeto (...) no se puede inhabilitar candidatos la víspera de las elecciones. Eso es disparar la violencia e incendiar el país. Ya hay una persona muerta en Gamarra, Cesar”.

Justamente, el mandatario entregó su balance: “8.850 quejas por conductas inapropiadas y presuntos delitos electorales. 92 capturados, se incautó un total de 1.112 millones de pesos y 13.700 Euros. Un aumento en 258 por ciento en plata recuperada comparado con el año 2019. No hubo muertos ni heridos, ni ningún enfrentamiento armado”.

Según informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el municipio de Santiago, Putumayo, una asonada impidió siquiera darle inicio a la celebración de las elecciones. Los simpatizantes de dos campañas, alegando falta de garantías, ingresaron por la fuerza al puesto de votación para romper todo lo que estuviera a su paso.

Lo mismo ocurrió en el municipio de Ricaurte, en Nariño. Pocas horas después de la apertura de las urnas, un grupo de manifestantes se hizo presente para reclamar por una supuesta falta de garantías a causa de las amenazas denunciadas por el candidato a la alcaldía Jaime Caicedo, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), por parte de las disidencias de las Farc.

Luego del cierre de las elecciones, en la sede de la Registraduría en Gachantivá, Boyacá, los jurados electorales y funcionarios tuvieron que encerrarse para evitar ser linchados por una turba que reclamaba un supuesto fraude en el conteo de los votos.

Mientras tanto, en el municipio de Samaná, Caldas, varios ciudadanos destruyeron equipos de cómputo y registro en la sede de la Registraduría Nacional después de que se emitiera el último boletín. En este caso, el registrador Alexánder Vega dio parte de tranquilidad porque el material ya había sido digitalizado.

En Balboa, Cauca, quemaron la sede de la Registraduría por no estar de acuerdo con los resultados electorales. Misma situación que se presentó en Facatativá, Cundinamarca, cuando un grupo de personas se dirigieron a la sede de la Alcaldía, en el centro del municipio, para prenderle fuego.

El único hecho que podría relacionarse con un grupo armado, aunque está en investigación, ocurrió en el municipio de Fonseca, en La Guajira, donde presuntamente las disidencias de las Farc habrían destruido tarjetones y mesas de votación.