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Escándalo de corrupción en el Meta: SEMANA revela audios, documentos y contratos que salpican a un exfuncionario
SEMANA revela detalles del escándalo de corrupción que sacude al Meta. Las abundantes pruebas, como audios, documentos, contratos e información financiera de esta red, ya llegan a altos funcionarios.
El escándalo de corrupción más grande que se haya dado en el Meta ya tiene a varios de sus implicados en la cárcel y contra las cuerdas. En un esquema similar al que manejaba el otrora poderoso senador liberal Mario Castaño, condenado recientemente, en los Llanos se implementó una matriz criminal en la que uno de los directores de orquesta era Hernán Gómez Niño, exsecretario de Gobierno del Meta. También compromete a alcaldes y funcionarios que se habrían puesto de acuerdo para quedarse con la contratación de obras públicas.
SEMANA conoció los detalles del escándalo que crece como la espuma. En un principio, se habló de 70.000 millones de pesos, pero en la investigación ya se mencionan manejos irregulares de recursos por cerca de 120.000 millones de pesos, una fortuna sacada del presupuesto de obras en diferentes municipios del departamento.
El famoso CVY
Ha llamado la atención de los investigadores que los funcionarios y contratistas presuntamente corruptos actuaban a sus anchas, con descaro. En las pruebas recaudadas por la Fiscalía en equipos y computadores, aparece una sigla que no pasó desapercibida: se trata del famoso CVY, “cómo voy yo”.“Se hallaron unos documentos en formato Excel, donde se encuentran una serie de presuntas irregularidades, me permito allegar las respectivas capturas de pantalla”, se lee en los documentos conocidos por SEMANA (ver imágenes).
Aparecen archivos guardados como “préstamos Hernán Gómez” y varios rotulados con el famoso “CVY”. Uno de ellos es un “acta de terminación Gmac-CVY”, otro “CVY obras”; además, “CVY Antonio Londoño”, “CVY Víctor Manuel López”, “CVY Jaime Rodríguez”.
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Las autoridades tienen claro de qué se trata ese ítem, pero ahora tratan de establecer qué otras personas están involucradas. Incluso, aparece uno, con una columna especial, rotulada como Jaime Rodríguez CVY, 5 de agosto de 2017, en el que se describen comprobantes, egresos, con la fecha, la hora y el valor. Solo en este cuadro la cifra alcanza los 300 millones de pesos. Hablan de contratos en 2015, 2016 y 2017, con planos, obras, saldos, entre otros asuntos de la contratación.
Marionetas 2
Al igual que el escándalo de las “marionetas” de Mario Castaño, los funcionarios y contratistas que han quedado al descubierto, ante la gravedad de las pruebas y los hechos, prendieron el ventilador y están contando lo que saben.
De forma independiente, aunque públicamente han negado acercamientos con la justicia, pidiendo absoluta reserva, varios de los involucrados se acercaron a la Fiscalía para buscar una negociación ante el arsenal de pruebas: interceptaciones telefónicas, testimonios, documentos contables y financieros.
En medio de los acercamientos, les han pedido información nueva y valiosa, diferente a la de la Fiscalía, pues, de lo contrario, no habrá negociación ni rebaja de pena. Así han ido apareciendo nombres de exalcaldes, exgobernadores, contratistas, intermediarios y otros funcionarios, incluso judiciales, que habrían colaborado con esta red.
La red está cayendo
Además de los testimonios, lo que se ha conversado es la entrega de copias de documentos, la mayoría relacionados con contratación, que revelarían cómo se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades. Hasta ahora, los funcionarios capturados y judicializados son Hernán Alexis Gómez Niño, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Meta; Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, exalcaldes de Fuentedeoro, Meta; Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres, exsecretarios de Planeación de Fuentedeoro; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina y Carlos Augusto Daza Orrego.
Todo apunta a que la cuna de este gigantesco escándalo de corrupción está enclavada en el pequeño municipio de Fuentedeoro, pero se extendió por el departamento con una matriz similar.
Los investigadores están atentos, pues desde un principio se habló de un pacto de silencio, que poco a poco parece haberse ido quebrando. No obstante, se estarían dando amenazas y advertencias contra quienes se atrevan a denunciar.
Esta red criminal, según los investigadores, durante años ha sabido cómo mover sus fichas para imponer la corrupción sin que las autoridades lo notaran. Ha tenido incrustados como servidores públicos a miembros de la organización que facilitaban información privilegiada y estratégica de los contratos y licitaciones para prepararse y obtener una ventaja, incluso con sobornos y coimas.
El protagonista
Al exsecretario Gómez le cayó la noche. No solo fue capturado, sino que le han quitado buena parte de su patrimonio presuntamente ilegal y a todas luces inexplicable, como advierten los investigadores. Ya le incautaron una finca por un valor cercano a un millón de dólares y las pruebas en su contra son contundentes.
En un audio se escucha a Claudia Milena Ricaurte, ingeniera civil, contratista y amiga de Gómez Niño, hablando con una tercera persona sobre las posibles irregularidades que se presentaron en 2015 con un contrato de obras de infraestructura nuevamente en Fuentedeoro.
“El 70 por ciento del problema de Fuentedeoro son esos mil y pico de millones de pesos que sacaron, porque no hay legalización, no hay contabilidad y hay un hueco fiscal por 1.800 millones de pesos, lo que ellos se comieron”, dice Claudia durante una conversación con otra mujer.
SEMANA tuvo acceso al proceso en el que se obtuvieron interceptaciones telefónicas de Daza, que comprometerían directamente a Gómez Niño, a quien califica de “jefe”. En documentos encontrados en empresas y consorcios creados para estas jugadas corruptas, se hallaron soportes de dinero destinado, al parecer, a Gómez Niño por un monto cercano a los 600 millones pesos.
También se ha abierto una nueva línea de investigación por la posibilidad de que Gómez, en su condición de secretario de Gobierno del Meta, apoyado por su red, haya alcanzado a altos funcionarios de la actual administración.
En el trabajo investigativo encontraron que las empresas que presuntamente pertenecían a la red habrían falsificado actas de facturación y de seguridad social, firmas para la presentación de propuestas, incluido hojas de vida de personas con las que nunca trabajaron, entre otras irregularidades.
Los investigadores están triangulando por lo menos 16 contratos de la red cercana a Gómez Niño, que suman cerca de 120.000 millones de pesos, para determinar si allí funcionó el mismo sistema. Aseguran que tienen conversaciones en las que la red indica que por cada contrato la ganancia era del 30 por ciento. El escándalo es gigante.