Escándalo: policías rompen su silencio y confiesan que la orden para ‘chuzar’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, llegó desde la “Presidencia”. Hubo un plan para ocultarlo todo

Una importante revelación surgió en medio de las investigaciones por el polígrafo y las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro. Varios policías implicados en la trama confesaron que la orden llegó de “Presidencia”.

Lo que vino después también es sorprendente. Tan pronto SEMANA reveló el escándalo, el 27 de mayo de 2023, volvieron a llegar órdenes a los uniformados para tapar lo que hicieron. Hubo una reunión en la Casa de Nariño, un libreto, la orden del silencio y de ocultarlo todo. El caso surgió por un misterioso robo de una maleta con dinero en el apartamento de Sarabia, cuyo monto, un año y ocho meses después, no es claro.

Lo cierto es que a Marelbys no solo la sometieron a un interrogatorio sin orden judicial, frente a una cámara de polígrafo, acusada de haber robado a su jefa, sino que además interceptaron su teléfono ilegalmente, haciéndola pasar como una integrante del Clan del Golfo. No hay que olvidar que, en medio de este caso, murió el coronel Óscar Dávila, quien claramente estuvo implicado en estos hechos.

La patrullera Dana Canizales, quien está colaborando con la justicia, confesó: “Me dijeron que era una información de Presidencia, de la Casa de Nariño, pues nunca me imaginé que en Presidencia fueran a montar alguna mentira o una información que no sea verdad”.

El intendente Alfonso Quinchanegua, en su confesión, señaló: “Digamos que en ese entorno la orden era que tocaba interceptar esos números, que era el ‘caso de Presidencia’ u orden de Presidencia, entonces que tocaba hacerlo o hacerlo”.

Hasta hoy persiste el interrogante: ¿quién fue el cerebro de toda esta operación? Si la orden vino de Presidencia, ¿quién la dio? ¿Laura Sarabia, hoy directora del Dapre, participó? ¿El presidente Petro estuvo enterado? ¿Hubo otro funcionario involucrado?

Los policías responsables de mentir, alterar y engañar a la justicia abrieron la caja de pandora y confesaron que la “orden salió de Presidencia”.

SEMANA tuvo acceso al expediente de la Fiscalía con las pruebas, declaraciones y documentos que llevaron a cuatro policías de la Sijín, en Bogotá, a aceptar su responsabilidad, explicar cómo se diseñó y ejecutó el plan criminal para convertir a la niñera Marelbys Meza en una criminal al servicio de alias Siopas, el fallecido heredero de Otoniel. Todo lo hicieron para “justificar” la persecución que emprendieron, con todo el poder del Estado, contra Marelbys y su círculo más cercano. Por eso también siguieron e interceptaron a Fabiola Perea y a un hombre conocido como Pini, amigo de la niñera.

Los uniformados, que al inicio de la investigación negaron todo, ahora hacen fila para contarle a la Fiscalía cómo fue que alteraron los informes de policía judicial, de dónde venían las órdenes y quién se las dio para interceptar las comunicaciones de Marelbys. También confesaron que hubo reuniones secretas. “Tocaba o tocaba”, dijeron los policías en sus declaraciones.

Los investigadores entregaron detalles de lo que ocurrió después del hurto en el apartamento de Laura Sarabia. Además, indicaron que la estrategia criminal se ejecutó desde el polémico piso 13 del edificio de la Dian, a unos pasos de la Casa de Nariño. Todos trazaron una ruta rápida e ilegal para obligar a la entonces niñera a admitir que había sido la responsable de ese robo.

Las declaraciones que conoció SEMANA se convierten en la radiografía de esta trama ilegal, según los testimonios, con sello presidencial. Policías con miedo, arrepentidos, están dispuestos a contar la verdad. Esta es la historia secreta del llamado ‘’caso Presidencia’', como fue bautizada la corrupta investigación por un hurto a Laura Sarabia, la mujer más poderosa del Gobierno Petro, y en ese momento jefa del gabinete.

El día del robo

El domingo 29 de enero de 2023, día del hurto, la orden era perentoria. Tenían que encontrar el dinero hurtado y a los responsables. Los primeros en llegar al apartamento fueron dos patrulleros, Germán Alonso Cabana y José Sebastián López, los mismos que confesaron a la Fiscalía ser víctimas de presiones para cambiar y manipular los primeros informes de policía judicial con el único fin de conseguir la orden de interceptar a la niñera. Incluso, cambiaron la declaración de ella.

“Mi intendente (Quinchanegua) me dijo que hiciera la modificación de la entrevista a Marelbys Meza, a lo cual le comenté a mi jefe inmediato, (capitán Mojica) de lo que me estaban pidiendo y él me dijo que había que hacerlo, como Cabana le entregó el acto urgente, un día después, para esa fecha ya me estaba diciendo que hiciera la modificación”, dijo el patrullero López, ahora testigo de la Fiscalía.

Al apartamento de Sarabia llegó una tropa de investigadores y funcionarios de criminalística de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tomaron declaraciones, recibieron la denuncia y realizaron una inspección al lugar, con fotografías y toma de huellas. Entrevistaron a la niñera y recuperaron videos de seguridad.

Todos los elementos de “prueba” se entregaron a los patrulleros que se encargarían de hacer el montaje contra Marelbys, en un informe con destino a la Fiscalía, basado en una fuente que ya había declarado en otras investigaciones y que fue manipulada para aportar información mentirosa. Pero algo, según la patrullera Dana Canizales, no le gustó al entonces jefe del grupo de hurto a residencias de la Sijín, el capitán Óscar Leonardo Mojica.

Dana Canizales: Mi capitán se refiere y dice “Esa fuente tan mal montada”, entonces empezaron a cuadrarle ciertas cosas, a modificarle ciertas cosas. Es ahí que mi capitán Mojica la imprime y me la pasa para que la firme. Yo la firmo porque confiaba totalmente en él.

Fiscal: ¿Qué le dijo Mojica para que firmara ese documento?

Dana Canizales: Nada, solo me dijo “Venga firma la fuente”… porque me dijeron que era una información de Presidencia, de la Casa de Nariño, pues nunca me imaginé que en Presidencia fueran a montar alguna mentira o una información que no sea verdad.

El montaje

Un día después del hurto se imprimió el primer informe de policía judicial. Un relato de los investigadores firmado con rigurosidad y al que, misteriosamente, 24 horas más tarde, le aparecieron documentos adjuntos. El patrullero Cabana denunció que sus jefes sumaron la entrevista de una supuesta fuente de información con detalles de quién podría ser la responsable del hurto al apartamento de Laura Sarabia y la necesidad de interceptar sus comunicaciones.

“Hay un informe del 31 (de enero de 2023) y ese yo no lo hice, mi intendente Quinchanegua se disgustó, hubo como un choque y me dijo ‘Ese fue el informe’, y le dije que no, porque aparece un anexo que no había adjuntado yo, me dijo que no, que sea serio, que así se subió al Spoa (sistema de la Fiscalía)”, dijo el patrullero Cabana en su declaración.

El 2 de febrero de 2023, los investigadores de la Sijín fueron convocados a una reunión nada menos que en “la Casa de Nariño”, fue la orden que recibieron el capitán Óscar Mojica, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales. Llegaron al piso 13 del edificio de la Dian, donde funciona la misteriosa oficina de la seguridad anticipativa de la Presidencia. En ese espacio los esperaban dos altos oficiales: el fallecido coronel Óscar Dávila y el mayor Duván Muñoz.

De esa reunión, según el arrepentido intendente Quinchanegua, salió la orden o “amenaza” para interceptar las comunicaciones de Marelbys Meza y sus amigos. El investigador, privado de la libertad, decidió, a pesar del miedo, contar cómo recibió órdenes de Presidencia para “hacer lo que fuera” para perseguir a la niñera y utilizar los recursos del Estado en ese fin.

“Lo tomé como una orden o como una amenaza, pues digamos que en ese entorno la orden era que tocaba interceptar esos números, que era el ‘caso de Presidencia’ u orden de Presidencia, entonces que tocaba hacerlo o hacerlo”, señaló el intendente Quinchanegua en su confesión.

SEMANA conoció en exclusiva una contundente declaración de la patrullera Dana Canizales. La uniformada firmó un preacuerdo con la Fiscalía y dejó en video su versión de los hechos. Explicó que no alcanzó a llegar a la reunión en “la Casa de Nariño”, pero que sus jefes llegaron a la Sijín con una información de “Presidencia”. Una fuente de información que tenía que aparecer en otro informe de policía judicial que ella misma, sin dudarlo, firmó con su nombre y grado.

“Manifiestan que les habían dado la información de una fuente, que era una fuente de Presidencia. Le pregunté a mi capitán Mojica quién era y dijo una fuente de Presidencia. En físico no la llevaban, no sé por qué medio, si fue por correo o por los teléfonos que manejaba y cogen un formato que estaba con mi firma, trabajan encima la información que les enviaron de Presidencia”, dijo la patrullera Canizales.

Mientras en la oficina de hurto a residencias de la Sijín se escribía un informe plagado de mentiras, el capitán Mojica le daba la orden al patrullero José Sebastián López de llegar a una panadería, en el norte de Bogotá, cerca al centro comercial Bulevar Niza, a una extraña reunión con cinco personas. Una de ellas, según la declaración del patrullero, era el mayor Duván Muñoz, el mismo que estaba en el piso 13 de la Dian y miembro de la seguridad presidencial.

“Uno de los que estaba al interior de la panadería me manifiesta que necesita recolectar los videos de la esquina, parte lateral derecha, donde se encontraba la panadería. Un establecimiento que es una cigarrería esquinera, la cual está al lado de una vía principal. Entonces yo ingreso y tramito la solicitud de videos, una de estas personas descarga los videos”, dijo López en la declaración a la Fiscalía.

En la Sijín, otro patrullero terminó vinculado al escándalo por cumplir una orden del capitán Mojica. Se trata de Fredy Gómez Bustamante, capturado porque a su nombre quedó la fuente de información falsa que salió de la Presidencia. Su vida cambió con una simple frase: “Mi capitán Mojica dice: Gómez, usted tiene una fuente y le dice préstemela para montarla acá, y le da el código”, dijo la patrullera Canizales en su testimonio.

Gómez Bustamante también aceptó responsabilidad, reconoció a la Fiscalía que el código de su fuente de información terminó en el falso informe que redactaron sus jefes, el capitán Mojica y el intendente Quinchanegua. A través de un acuerdo con el ente acusador confesó a cambio de una condena a cuatro años de prisión.

La fuente de información que apareció en el falso informe de la Policía fue identificado como Rafael Santos, un mecánico de motos que, sin saberlo, se convirtió en el informante del llamado ‘’caso Presidencia’', la pieza clave para dar con los responsables del hurto a Laura Sarabia. Fue capturado y también decidió aceptar su responsabilidad, contó la verdad y desapareció.

En su declaración, la patrullera Canizales, la primera en confesar los hechos y buscar acuerdo con la Fiscalía, advirtió que sus jefes, incluso el entonces comandante de la Sijín, el coronel Luis González, preguntaba de manera constante por los resultados del montaje del ‘caso Presidencia’. En palabras de la patrullera, “sí o sí tocaba dar resultados”.

Dana Canizales: No se me pasó que fueran a decir mentiras, yo solo estaba cumpliendo mi trabajo, obviamente también por la presión, no solo mi capitán estaba ahí, el jefe de la Sijín también preguntaba por ese caso, en esos días había salido por noticias. Entonces que, sí o sí, tocaba dar resultados.

Fiscal: ¿Quién es el jefe de la Sijín que estaba preguntando por el caso?

Dana Canizales: Para esa fecha, mi coronel González Olmos.

En el inventario de videos y declaraciones que obtuvo SEMANA también están las que entregaron los policías que se niegan a reconocer responsabilidad, a pesar de que su nombre y cargo aparecen en el expediente, con el detalle de sus presuntas actuaciones irregulares.

Se trata del mayor Jhon Jairo Toloza, el capitán Óscar Mojica y el patrullero Jhon Fredy Morales. Los tres fueron citados a interrogatorio y, como si fuera un coro, advirtieron que era un proceso mediático, escaso de garantías y guardaron silencio.

El pacto

Cuando SEMANA reveló el escándalo del polígrafo a Marelbys Mesa, y la Fiscalía de Francisco Barbosa descubrió que además a la exniñera de Sarabia y a sus amigos los ‘chuzaron’, todos los implicados prendieron alarmas. La patrullera Dana Canizales le contó a la Fiscalía que rápidamente fue citada a una caseta de tintos, muy cerca de la Sijín. Allá la esperaban el capitán Óscar Mojica y el intendente Alfonso Quinchanegua. El objetivo de la reunión, según la testigo, era estar “preparados”.

“Mi intendente Quinchanegua me dice: ‘Dana, lo más probable es que sí nos van a llamar. Miramos si los dos contratamos a un solo abogado, no se preocupe por eso, cualquier cosa me llama, si la llegan a citar me llama de una vez para ubicar al abogado’”, dijo la patrullera en su confesión.

En este pacto de silencio, la declaración de Canizales se convirtió en la base de la investigación. Reveló los detalles de las reuniones, las “recomendaciones” de sus superiores, el pago de abogados para que los defendieran y el discurso que todos los involucrados tenían que recitar en la Fiscalía para que el montaje fuera creíble. El plan para proteger las actuaciones ilegales era prioridad para los policías.

“Mi intendente Quinchanegua me dice: ‘Dana, llegue al centro comercial Calima, que nos vamos a reunir con el abogado’. Llego y nos sentamos y mi intendente Quinchanegua empieza a ponerlo en contexto de todo, que el kárdex (fuente) puesto ahí pertenecía a un señor que no había dado la información, pero ya había hablado con el señor por si lo llegaban a llamar”, explicó la ahora testigo de la Fiscalía.

Fue el capitán Mojica, según la patrullera, el que dibujó una línea de tiempo con todo lo necesario para recordar cuando estuvieran frente a los fiscales. La falsa forma en que ocurrieron los hechos, la mentirosa información que se incluyó en los informes y hasta las palabras adecuadas para no “equivocarse” en los interrogatorios. No podían dejar pistas o vacíos en las declaraciones.

“El 3 de junio de 2023, mi capitán Mojica montó una línea de tiempo de la carpeta de todas las actividades del ‘caso de Presidencia’, desde la denuncia, para que cuando fuéramos a interrogatorio dijéramos lo mismo y no fuéramos a equivocarnos”, reveló la patrullera Dana Canizales para explicar cómo se pactó el mismo discurso entre los implicados.

Lo único que faltaba en el plan para engañar a la Fiscalía era la fuente de información, Rafael Santos, el mecánico de motos. Lo ubicaron, le prometieron ayudarle, pagarle el abogado, pero a cambio tenía que ceñirse al discurso que le entregaron. Lo que tenía que decir y la forma de responder.

“Empiezan a ponerlo en contexto al señor, por qué lo iban a citar, qué decir y todo eso. Mi intendente Quinchanegua le dice que le van a poner un abogado, que él se lo paga. Después, cuando el señor Rafael (la fuente) rinde la declaración, nosotros estábamos ahí, al pie de la Fiscalía… Esperándolo”, señaló Canizales en su proceso de colaboración.

Todos cumplieron y en los primeros interrogatorios, en junio de 2023, repitieron, según Dana Canizales, la “línea de tiempo” que plasmó el capitán Mojica. Llegaron a la Fiscalía y negaron todo, incluso juraron que el procedimiento fue legal, que la fuente y la información eran reales, por eso solicitaron la interceptación de los teléfonos.

La angustia de los implicados, una vez SEMANA reveló el detalle de las irregularidades en el ‘caso Presidencia’, era tal que, para garantizar la falsa historia y evitar que alguno se saliera del discurso, les quitaron todos los casos, la carga laboral y que así se pudieran concentrar en el proceso, en lo que tenían que hacer y decir para mantener la mentira.

Fiscal: ¿El capitán Mojica le hace alguna recomendación o que guarde silencio?

Dana Canizales: Pues antes del interrogatorio, el 3 de junio de 2023, es cuando él se sienta y dice: “Voy a realizar una línea de tiempo para que no se equivoquen y digan una sola cosa”. Además, en ese mes nos quitó todas las investigaciones, no nos dejó ni un solo caso para que nos enfocáramos en el proceso y estar ‘tranquilos’.

Fiscal: ¿Y él tenía conocimiento de qué cosas eran verdad y qué falsas?

Dana Canizales: Pues sí, doctora, porque él fue quien trajo la información de la Casa de Nariño.

Finalmente, fueron capturados y, ya tras las rejas, la voluntad se ablanda. Las pruebas, los documentos y algunas declaraciones terminaron por revelar la verdad que los policías insistían en ocultar, presionados. Ahora, arrepentidos, le piden perdón a Marelbys Meza y advierten que confesar es una sentencia contra su seguridad. Todos terminan la declaración con sentencia: “Temo por mi seguridad, aquí hay muchos superiores en este proceso y me pueden hacer algo a mí o a mi familia”.

El proceso

Del listado de implicados, cuatro firmaron acuerdo con la Fiscalía: el intendente Alfonso Quinchanegua, el subintendente José Sebastián López, el patrullero Fredy Gómez Bustamante y la patrullera Dana Canizalez, el primero y la última fueron condenados, los otros dos están pendientes de sentencia. Rafael Santos, la fuente de información manipulada y que dijo mentiras para hacer el montaje contra Marelbys, también aceptó responsabilidad a cambio de una pena de cuatro años.

Otros implicados decidieron enfrentarse a la Fiscalía en el juicio. Es el caso del capitán Óscar Mojica, el mismo que aparece mencionado y señalado en prácticamente todas las confesiones, el oficial que, según los testigos, se convirtió en el enlace entre la Presidencia y los investigadores que se ensuciaron las manos por dar resultados. El capitán, en su único intento de interrogatorio, se enfadó con la Fiscalía, denunció irregularidades y guardó silencio.

Capitán Mojica: No confío en el proceso, se volvió mediático, los medios parecen que llevaran la investigación, y segundo, he visto muchas irregularidades procesales.

Fiscal: ¿Qué irregularidades?

Capitán Mojica: Lo que ya expuse, doctora, la forma en que adelanta la investigación y veo que es un afán mediático por dar un resultado.

Junto al capitán Mojica, otro patrullero, Jhon Fredy Morales, adscrito a la Dijín en la seccional de Chocó, y que también terminó capturado, negó su responsabilidad, incluso guardó silencio en el interrogatorio.

Los dos tenían el respaldo y la asesoría del abogado Miguel Ángel del Río, el mismo que le recibió 50 millones de pesos al coronel Óscar Dávila, muerto en extrañas circunstancias frente a su apartamento en el sector de Ciudad Salitre, en Bogotá, a solo pocos días de estallar el escándalo. Con el tiempo en la cárcel y sin perspectivas de recuperar la libertad, los dos, Mojica y Morales, decidieron alejarse de la defensa de Del Río, cuya estrategia para defender a los dos implicados está más que clara.

El escándalo que reveló SEMANA abrió dos capítulos en la justicia: uno por las chuzadas y otro por la imposición del polígrafo, con Marelbys como víctima. En el segundo, fue imputado el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, el coronel Carlos Alberto Feria, y otros policías que llevaron a la niñera hasta los sótanos frente al palacio presidencial.

Ese proceso contra el jefe de seguridad del presidente Petro y sus subalternos avanzaba bien en la Fiscalía, pero la Justicia Penal Militar pidió competencia y terminó enredado. Lo mismo ocurrió con la investigación contra Laura Sarabia, quien renunció en medio del escándalo. No obstante, a los tres meses regresó al Gobierno como directora del Dapre y su caso tuvo que ser remitido a los fiscales delegados ante la Corte Suprema, quienes ya la escucharon en interrogatorio a principios de este año. Sin embargo, aún la Fiscalía de Luz Adriana Camargo no ha tomado una decisión sobre Sarabia, quien cada día es más poderosa.

Las cuentas están así: cuatro policías que reconocen su responsabilidad revelaron cómo la orden para interceptar a Marelbys Meza salió de la Presidencia, manipularon informes de policía judicial, dijeron mentiras y hasta las repitieron en los interrogatorios. Pidieron perdón, dos fueron condenados y dos más esperan sentencia.

Por otro lado, son tres policías, dos presos, que negaron cargos. Se enfrentarán a la Fiscalía y a sus propios compañeros como testigos en su contra. Además, hay un listado de escoltas de la Casa de Nariño, enredados en las pruebas de poligrafía, que buscaron una especie de escape en la Justicia Penal Militar y lo encontraron.

Ahora lo más importante es saber quién o quiénes dieron la orden en Presidencia de someter al polígrafo y ‘chuzar’ a Marelbys Meza. En este escándalo, y ante la justicia, no pueden pagar solamente unos policías de bajo rango. Las cabezas que dieron las órdenes también tienen que caer.