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Esta es la escalofriante historia de un plan de violación colectiva. Así fue como, milagrosamente, se salvaron más de 170 mujeres y niños indígenas en Bogotá
SEMANA conoció la historia de 170 mujeres y niños indígenas que huyeron del centro La Rioja debido a la amenaza de una violación en masa por otro grupo indígena. El Ministerio del Interior los dejó tirados.
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En el centro La Rioja de Bogotá, dicen los indígenas, no hay líderes, sino cabecillas de una red que explota a mujeres y niños por medio de la mendicidad. Las que se atrevieron a denunciar terminaron secuestradas y con la amenaza de una violación en masa en el mismo espacio que dispuso el Distrito como hogar de paso para indígenas desplazados.
El 8 de septiembre de 2023, 170 mujeres y niños de la comunidad embera chamí fueron amenazados, secuestrados y sometidos a lo que sería una violación en masa por otra comunidad indígena, también alojados en La Rioja: los embera katío. “Casi nos violan, nos secuestran, hicieron un cierre de un salón por dos días”, dijo Luz Mery Queragama, líder de las mujeres y niños que terminaron desplazados por las amenazas.
Fue gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo y las promesas del Gobierno que se logró el rescate de las mujeres y niños embera chamí. Con los indígenas en libertad, buscaron un espacio para alojarlos. El Ministerio del Interior acudió a la fundación Predicadores de la Misericordia y arrancaron las promesas que nunca se cumplieron.
El padre Michael Daniel Cuevas, cabeza de la fundación, no pudo negarse a la solicitud y buscó el espacio. Las mujeres y niños tenían un hogar temporal en el centro de Bogotá, en el segundo piso de una casa que también brindaba alojamiento y baño a habitantes de calle. Los delegados del Gobierno aseguraron que sería por ocho días y han pasado 365.
La promesa incluyó un aporte económico de 8 millones de pesos. Lo hicieron en dos contados para cubrir las necesidades básicas de los 170 mujeres y niños embera chamí. Sin embargo, no volvieron a aparecer o contestar las llamadas. El padre, la fundación y los indígenas fueron olvidados por el Estado.
“Desde mi labor como sacerdote, como evangelizador, hoy me siento abandonado, casi en la calle. No hemos podido garantizar lo que merecen los indígenas porque no hemos tenido ningún apoyo”, dijo el padre Michael mientras hace plegarias por la ayuda que requieren.
Los 170 mujeres y niños permanecen hacinados en el segundo piso del hogar el Buen Samaritano. Tienen dos baños sin puerta, cocina sin ventilación y una fila de camarotes cubiertos de cobijas. No hay ventanas, la humedad se trepó por las paredes y los tres bombillos del sitio ayudan a repartir, con extensiones enredadas, un poco de luz. La situación es dramática, SEMANA llegó al lugar y ni siquiera se puede comparar con una cárcel. La respiración se dificulta. Los olores y la oscuridad son tan profundos que es necesario esperar varios minutos para acostumbrarse. Como son 60 familias, deben repartirse la cocina en turnos, no siempre se come. Algunas veces los niños apenas reciben una comida al día. Otras familias se arriesgaron a montar improvisadas cocinas entre los camarotes, los niños y las cobijas. Las estufas a gasolina muestran una escena humilde, pero peligrosa, una bomba de tiempo.
“Siempre nos engañan, nosotros también somos humanos, necesitamos respeto (…) No somos animales, ni culpables, llegamos por un desplazamiento del conflicto armado, necesitamos que nos ayuden, por favor”, dijo la líder de las mujeres.
La fundación asumió la responsabilidad que le corresponde al Estado. El Ministerio del Interior no volvió a responder y los 170 indígenas desaparecieron del radar de las obligaciones del Gobierno. Las deudas llevaron a la fundación a estar en crisis, a casi desaparecer, cuando llevaban más de una década de servicio social.
“No podemos más, la fundación no puede más. No podemos seguir sosteniendo esta situación. Más de 170 personas, 54 familias indígenas que se encuentran en el hogar”, señaló el padre Michael.
La casa está en una compleja zona del centro de Bogotá, rodeada de ‘ollas’ y consumidores de estupefacientes. No hay parques, ni espacios seguros. Las bandas de venezolanos tomaron el control, y como el padre Michael ayuda a habitantes de calle y no permite que los indígenas se acerquen a los delincuentes, se convirtió en blanco de amenazas. Tiene que andar escoltado. Hace unos meses le robaron la camioneta y un sicario se metió en su casa. Por fortuna, el sacerdote no estaba, pero las cámaras registraron todo. Se salvó de la muerte y de los criminales, pero no del abandono del Gobierno.
Como fundación, deben el arriendo de la casa, los servicios, los suministros. Viven de la caridad, las donaciones y del trabajo de 30 hombres de la misma comunidad embera chamí que se lograron ubicar como escobitas de una empresa de aseo en Bogotá. Pero las deudas se convirtieron en un proceso ejecutivo que los tiene a las puertas de un embargo, mientras el Gobierno celebra las “gestiones” en el Parque Nacional.
Las mujeres de la comunidad, algunas con la esperanza de recibir la ayuda que por más de un año les negó el Gobierno, se cansaron de las promesas y recordaron los compromisos de campaña. “Muchas veces el Gobierno nos engaña y nos dice mentiras. Hablan bonito y después salen con otras cosas. No queremos más mentiras”, dijeron las mujeres.
