Esta es la escalofriante historia de una reclusa que habría sido violada por dos guardias del Inpec. Quedó en embarazo, y trataron de obligarla a abortar

Al hacinamiento, las deplorables condiciones de vida y la crisis humanitaria que afectan a las prisiones del país, se le suma ahora un grave caso de violación. SEMANA conoció la historia de Andrea Valdés, una mujer de 30 años, quien, enfrentando el temor que la paralizaba, sacó fuerzas y denunció a dos guardias del Inpec que la habrían violentado en el interior de la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Esta revista accedió al testimonio que Valdés le entregó a un psicólogo de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, a donde fue trasladada después de denunciar los graves hechos. Lo más delicado de todo su caso es que, producto de la presunta violación, quedó embarazada y, al parecer, en la misma prisión intentaron darle, sin su consentimiento, un medicamento para obligarla a abortar.

En su declaración se detalla que todo comenzó el 12 de junio de 2024, cuando fue trasladada a una Unidad de Tratamiento Especial (UTE), en el interior de esa prisión en Antioquia, luego de que dos internas le cortaron el rostro con un arma blanca. Lo que fue una medida para garantizar su “seguridad” terminó siendo la razón por la que habría sido abusada por dos guardias del Inpec.

Dos meses después de su traslado a la UTE, exactamente el 29 de agosto del año pasado, Andrea relató: “A medianoche ingresó un tipo sin chaqueta (...) cuando de repente me coge del brazo, me tira al planchón y me baja el pantalón de la pijama”. La mujer intentó con gritos y empujones detenerlo, pero no lo logró: “Me empezó a gritar como un psicópata: ‘cállese, sapa’. Hay (sic) me penetra”.

Después de la violación que habría sufrido a manos de un guardia del Inpec, Andrea narró que su victimario regresó para advertirle que si contaba algo, su vida corría peligro. La mujer intentó por todos los medios reportar la grave situación, pero se encontró con obstáculos que la obligaron a guardar silencio.

Días después su drama empeoró y así se lee en su angustiante testimonio: “El 5 de septiembre, como a las dos de la madrugada, ingresa a mi celda otro sujeto a lo mismo. Entró más grosero y me decía: ‘cállate, perra hijueputa’. Me tapaba la boca. Pensé que me iba a asfixiar. Coloco (sic) la mano en la garganta y me empezó a penetrar”.

En menos de una semana, Andrea habría sido violada por dos guardias del Inpec dentro de esa cárcel en la capital antioqueña. Días después, según su declaración, se enteró por medio de una prueba casera de que estaba embarazada. Esa situación encendió las alarmas de los directivos de la prisión, teniendo en cuenta que la mujer no tenía registros de visitas masculinas. El testimonio de Valdés salpicó al subdirector de la cárcel, Carlos Arturo Yepes, quien, luego de lo ocurrido, solicitó, sin permiso de la víctima, una cita con sanidad en la que se reiteró en varias ocasiones una pregunta: “¿Desea interrumpir su embarazo?”. El “no” de Andrea fue rotundo y habría desatado la furia de los presuntos responsables de las violaciones.

Días después, la mujer contó que tras ingerir un almuerzo se empezó a sentir mareada y con un dolor intenso en el estómago. Los síntomas obligaron a una atención inmediata en sanidad, pero por su delicado estado de salud la tuvieron que trasladar al Hospital General de Medellín. Después de varios exámenes y ecografías, un médico le volvió a hacer la misma pregunta a Andrea: “¿Quiere interrumpir su embarazo?”.

Su relato es estremecedor: “Yo le conté todo lo que me pasó; el doctor encontró en los resultados residuos de Cytotec. Me dijo que era un método para interrumpir los embarazos”. Andrea habría sido violada y obligada a abortar. Aunque la situación ameritaba rigurosas medidas para proteger su vida, el Inpec solo la trasladó al pabellón de gestantes de El Pedregal, la misma cárcel donde habría sufrido el abuso sexual, por el cual estaba en estado de embarazo.

En noviembre, la mujer finalmente le pudo contar todo lo que estaba viviendo a una funcionaria de la Fiscalía, pero antes de terminar 2024, recibió una llamada en la que le notificaron: “Ya sabemos para dónde vas, vas para Picaleña, aya (sic) sí te vamos a cerrar el pico”. A pesar de que informó a los guardias del Inpec esas amenazas, nada detuvo su traslado a la cárcel Picaleña, en Ibagué.

En la capital del Tolima duró pocos días porque a principios de enero de este año fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde espera que el Juzgado 13 de Ejecución de Penas le otorgue prisión domiciliaria por su estado de embarazo y ante el riesgo que correría su vida si sigue custodiada por miembros de la guardia del Inpec. Andrea Valdés logró hacer su denuncia pública por medio de la Corporación Mujeres Libres, una organización que señaló como presuntos responsables del abuso sexual a los dragoneantes Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez, quienes serían funcionarios del Inpec.

De hecho, la Fiscalía se tomó hace pocos días las instalaciones de la cárcel El Pedregal para buscar pruebas del presunto caso de violencia sexual e inducción al aborto contra una reclusa. La Procuraduría también se puso manos a la obra y sostuvo una reunión de alto nivel con representantes del Inpec y la Defensoría del Pueblo para verificar el estado de las investigaciones contra directivos e integrantes del cuerpo de custodia que estarían involucrados en este aberrante caso que se presentó en Medellín. El ente de control también le puso el ojo a un presunto exceso de fuerza que habría dejado por lo menos a 30 mujeres heridas.

SEMANA conoció una carta que se envió desde la oficina de abogados Alzate Hernández, defensa de Andrea Valdés, a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a principios de marzo, pidiéndole ayuda para que se tomen medidas urgentes con el fin de proteger su vida y evitar el inminente riesgo que significa seguir custodiada por el Inpec.

El apoyo se basa en una sustitución de la medida de aseguramiento por prisión domiciliaria y ordenar su traslado inmediato a un sitio que no esté bajo custodia del Inpec. “Su actual condición y los hechos que ha tenido que vivir la exponen a un alto grado de revictimización y atentan contra sus derechos fundamentales a la vida, integridad, salud y seguridad personal”, detalló el abogado Felipe Alzate en el documento.

Aunque esa decisión debe ser tomada por un juez, la intervención del Ministerio de Justicia podría garantizar la seguridad tanto de la mujer como la del bebé en gestación.

Sin embargo, SEMANA conoció la respuesta de esa cartera, en la que explicaron que las cárceles están destinadas para la reclusión de personas condenadas, como el caso de Andrea, quien desde 2014 cumple una pena de 28 años por el delito de homicidio agravado.

El documento firmado por la ministra Buitrago también rechazó de plano la petición de colaboración para que se le sustituya la medida de aseguramiento: “No le compete brindar asistencia judicial a las personas privadas de la libertad, ni coadyuvar sus solicitudes de subrogados penales”, dice el documento.

Andrea Valdés sigue recluida en la cárcel El Buen Pastor, esperando a que la administración de justicia le pueda proteger la vida tras denunciar los macabros hechos que habría sufrido por parte de funcionarios que, se supone, están formados para atender y respetar a la población recluida en las cárceles del país.