Esta es la historia secreta detrás de un mecánico y las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

Rafael Ricardo Santos, de 39 años de edad, oriundo de Coello (Tolima), mecánico de profesión, resultó involucrado en un gigantesco escándalo con implicaciones penales, porque, según la Fiscalía, era la “fuente” de información de los policías que de un ‘plumazo’ convirtieron a las exempleadas de Laura Sarabia, mano derecha del presidente Gustavo Petro, en integrantes del Clan del Golfo.

Santos vive en el sur de Bogotá y trabaja en la llamada playa de las motos, en pleno centro de la capital, donde fue capturado por el CTI. Lleva años sin salir de la ciudad. Aun así, apareció en los informes de Policía Judicial como un informante efectivo para la Dijín, con datos reveladores sobre la temida organización criminal y narcotraficante.

De acuerdo con los informes, Santos advirtió que dos mujeres, alias la Madrina y alias la Cocinera, eran integrantes del Clan del Golfo. Como certeza, entregó los números de contacto, que resultaron ser los abonados telefónicos de Marelbys Meza y Fabiola Perea; la primera, exniñera y la segunda, exempleada doméstica de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del Gobierno Petro.

Con esta fachada y la credibilidad que tenían los investigadores, se logró que una fiscal en Chocó ordenara la interceptación a las comunicaciones de Marelbys y Fabiola.

Las chuzadas ocurrieron por varios días hasta que los mismos investigadores concluyeron que no hubo resultados positivos en el falso proceso, y dieron por terminada la interceptación.

Sin más información ni informes de las interceptaciones a las supuestas integrantes del Clan del Golfo, el capítulo se cerró hasta que la Fiscalía, tras las revelaciones de SEMANA sobre la retención arbitraria a Marelbys Meza en los sótanos frente a la Casa de Nariño, descubrió que las dos mujeres fueron víctimas de chuzadas.

La respuesta de los investigadores de la Dijín, ahora capturados, se remitieron a decir que la fuente era confiable, un informante certero en otros procesos; el problema es que no aparecía, perdieron contacto con él, incluso se abrió la posibilidad de que estuviera muerto. La realidad fue completamente distinta. Santos, “la fuente”, seguía en su taller arreglando motos y con el mismo número de celular.

“Señalaron que la información entregada por el informante había sido verificada mediante consulta en las comunidades de investigación criminal de tres departamentos, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó; con todo ello, indujeron a un error al fiscal, para interceptar los abonados telefónicos de las empleadas de la exjefa de gabinete del Gobierno nacional”, dijo la Fiscalía durante la imputación de cargos a los policías capturados.

El asunto es grave, pues se logró establecer que los investigadores de la Dijín modificaron, de manera ilegal, los informes que se redactaron una vez se conoció el hurto de un dinero en dólares, en el apartamento de Laura Sarabia. Se inventaron incluso una banda de atracadores en Bogotá y los cabecillas que habrían participado del hurto a la exjefa de gabinete.

La supuesta información de la fuente, con los datos del hurto al apartamento de Sarabia, fue redactada por los mismos investigadores. No fue un producto espontáneo del informante. Los agentes de la Dijín Dana Alejandra Canizales y Alfonso Quinchanegua, según la Fiscalía, se inventaron los hechos y los datos que redactaron en los informes de Policía Judicial para obtener las órdenes de interceptación.

“Se deja constancia bajo la gravedad de juramento que dentro de las labores de verificación se estableció que los abonados telefónicos (…) pertenecen a la persona que se está relacionando en este informe como su portador”. Asimismo, “bajo la gravedad de juramento”, los investigadores de la Dijín cerraron los informes que entregaron a la Fiscalía con el único objetivo de lograr las interceptaciones.

De acuerdo con las pruebas, no hay duda de que los investigadores de la Dijín Alfonso Quinchanegua, Carlos Andrés Loaiza, Dana Alejandra Canizales, Fredy Alexánder Gómez y John Fredy Morales Cárdenas son responsables de llevar a un engaño a la justicia, mientras buscaban interceptar las comunicaciones de las exempleadas de Laura Sarabia, la hoy designada directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

“Que se trataba de una fuente que venía agotando números telefónicos dentro de la misma investigación y que habían sido interceptados, obteniendo así información de importancia para el caso, lo que generaba razones de confianza, además, bajo la gravedad del juramento, que se predica de este tipo de documentos”, explicó la fiscal del caso.

Cuatro de los cinco policías no aceptaron responsabilidad en los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Las audiencias de control de garantías se cumplieron, preliminarmente, este viernes. La Fiscalía solicitará el lunes una medida de aseguramiento contra los uniformados, que, de manera ilegal, según la investigación, incluyeron los teléfonos de Marelbys y Fabiola en los informes de interceptación.

Una fiscal de la Dirección Contra la Corrupción fue contundente al advertir que los investigadores de la Dijín, de manera amañada, mintieron en los informes, llevaron a un engaño a la Fiscalía, los jueces e incluso a sus propios compañeros. Las órdenes fueron impartidas y se aprovecharon de su cargo para obtener las chuzadas.

El detalle de la patraña lo conoció SEMANA. Allí se desmienten las versiones de la Policía y la seguridad presidencial, que a toda costa trataron de darle soporte al procedimiento ilegal de sus funcionarios, tal y como ocurrió con las pruebas de poligrafía a que sometieron a Marelbys Meza, en el afán de conocer detalles del hurto en la casa de Laura Sarabia, que pretendieron, además, presentar como un asunto de seguridad nacional.

“Con eso indujeron en error al operador judicial, el fiscal, para que ordenara la interceptación de dos abonados telefónicos que en realidad eran utilizados por dos mujeres, ambas empleadas de servicios generales en la casa de la señora Laura Sarabia, jefa del gabinete de la Presidencia de la República (...), conociendo tal escenario, decidieron engañar para conseguir el fin último, esto es, conocer las comunicaciones privadas de una alta funcionaria del Estado”, dijo la fiscal del caso.

En la Fiscalía avanzan tres líneas de investigación por este escándalo. La primera, por el hurto al apartamento de Sarabia; otra, por las pruebas de poligrafía frente al palacio presidencial, y la última, la que tiene a cinco policías, destacados investigadores de la Dijín, y un civil capturados. Para la Fiscalía y el país es clave establecer quién dio la orden de interceptar las comunicaciones de las exempleadas de Laura Sarabia y que los agentes cumplieron a rajatabla, a costa de su propia libertad.