Este era el plan para atentar contra el Palacio de Justicia. Magistrados están en máxima alerta y atemorizados por el fantasma de la toma del M-19

El temor se apoderó del Palacio de Justicia, en especial en la Corte Suprema, donde se conoció un supuesto plan para ejecutar un acto terrorista contra el más importante ícono del poder judicial en el país. El hecho revivió un fantasma de hace casi 40 años, cuando el 6 y el 7 de noviembre de 1985 el grupo criminal M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio, y en el enfrentamiento contra las autoridades, que buscaban retomar el orden, murieron 94 personas, 11 de ellas magistrados, y hubo 12 desaparecidos.

El asunto es muy grave y no deja dudas del riesgo. En operativos conjuntos de la Dijín y la Fiscalía realizados de forma simultánea en la localidad de Ciudad Bolívar, en los barrios Perdomo Bajo y Divino Niño, fue encontrada una maqueta réplica del Palacio de Justicia, 68 cartuchos calibre 5.56, dos proveedores para fusil, un chaleco arnés para portar armamento y, lo más grave, ocho kilos del explosivo amonal (sustancia compuesta por potasio, azufre y urea) que, según las primeras investigaciones, parecerían el residuo de un cargamento que fue recogido previamente del lugar.

El tema se conoció, según fuentes de la Fiscalía, porque la misma fiscal general, Luz Adriana Camargo, se contactó el martes 13 de agosto con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, para darle a conocer de primera mano la situación y el riesgo que se reveló con los operativos.

Posteriormente, Chaverra se comunicó con el director de la Policía, general William Salamanca, quien le confirmó el grave riesgo que corrían los magistrados con el plan que se estaría fraguando. Preocupado, pero manteniendo el sigilo, Chaverra aprovechó la Sala Plena del jueves para informar de la delicada situación a sus colegas, esperando que el asunto se manejara con absoluta reserva.

Pero no fue así. La amenaza generó temor entre los magistrados, que consideraron que el país debía estar enterado, y no era para menos: sus vidas y la majestad de la justicia estaban en un indiscutible riesgo. Por eso la información se filtró a la prensa y se armó el escándalo, que, hasta ese momento, desde la Policía pretendían poner debajo del tapete.

Sin embargo, según conoció SEMANA, desde el miércoles, la Policía, al conocer de los planes criminales, decidió reforzar la seguridad del Palacio de Justicia con sistemas de drones, antiexplosivos y Comandos de Operaciones Especiales (Copes). Eso pone sobre la mesa la preocupación por los planes que ya forman parte de una investigación en la Fiscalía.

Sobre las pesquisas de la Fiscalía, este medio conoció que se llegó a las casas donde se hicieron los operativos gracias a un informante que en el pasado había dado pistas reales, lo que generó credibilidad.

También hay un protagonista en esta historia que ya no puede hablar, se trata de Miguel Ángel Alarcón Garcés, alias Alarcón, un delincuente que vivía en la casa del Divino Niño, donde se realizó el segundo operativo, y quien había sido asesinado el martes en los cerros de la misma localidad de Ciudad Bolívar. La tesis que tienen las autoridades es que lo mataron para callarlo y en buena medida eso ratificaría la versión del traslado de los explosivos, previo a los operativos que develaron el plan criminal.

Según el director de la Policía, el general William Salamanca, Alarcón tenía antecedentes de tráfico de drogas y hurto, y era conocido en la zona como distribuidor y consumidor de drogas. Al parecer, fue asesinado para silenciarlo.

La información que dio el general Salamanca no dio mayores luces, solo advirtió que “a raíz de estas informaciones que nos dio a conocer la señora fiscal general de la nación hemos estado atentos de la seguridad del Palacio de Justicia. Siempre hay una disposición de la Policía Nacional para fortalecer ese lugar”.

Lo que llamó la atención fue cómo el general Salamanca le bajó la caña al temor y al fantasma de la toma ocurrida hace 39 años. “No se pueden comparar los hechos presentados en 1985, ya le corresponde a la Fiscalía investigar si era un atentado para el Palacio de Justicia, y de ser así, quién está detrás del mismo. Prefiero que la Fiscalía dé conclusiones con la investigación”, afirmó.

Esta declaración contrasta con la posición de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien siendo fiscal fue la encargada de investigar todos los hechos de la fatídica toma de 1985 e incluso logró la condena contra militares por la desaparición de personas en el Palacio de Justicia. Nadie como ella tiene tan claro el panorama de la tragedia ocurrida ese 6 y 7 de noviembre.

“Hay que tomarse muy en serio las pruebas. Esto sucedió igual cuando la toma del Palacio de Justicia. Estaban alertados todos los órganos de seguridad, todos los entes, se sabía que tenían los planos del Palacio de Justicia y se hizo caso omiso”, advirtió la ministra Buitrago.

SEMANA indagó con magistrados y hay molestia por el secretismo que se ha manejado con el tema y porque muchos se enteraron por los medios de comunicación del riesgo que corrían sus vidas y la posibilidad de que nuevamente fuera atacado el símbolo de la justicia en el país. Tampoco dejaron pasar por alto que el presidente Gustavo Petro asistió el viernes al XXX Encuentro de lo Contencioso Administrativo, que realizó el Consejo de Estado en Villavicencio, y no dijo ni una sola palabra sobre el tema.

Un magistrado advirtió que aunque los ojos están puestos sobre la Corte Suprema, por lo ocurrido en los últimos meses con las decisiones que se han tomado desde el Palacio, hay altos tribunales que pueden tener un riesgo mayor.

En el Consejo de Estado se han suspendido resoluciones y nombramientos del Gobierno, han salido congresistas de la coalición por doble militancia, han perdido las personerías jurídicas y hasta frenaron el intento del presidente Petro de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

En la Corte Constitucional, por ejemplo, las decisiones han sido contrarias a las pretensiones del Gobierno, incluyendo la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de emergencia para La Guajira, de la no deducibilidad del pago de regalías del sector minero-energético y de la creación del Ministerio de la Igualdad. “Buscan generar desestabilización. Alguien puede estar haciéndole el favor al Gobierno para quitarse de encima a las Cortes. Hace 39 años querían anular a la Suprema de Justicia, que era el tribunal constitucional”, advirtió un magistrado.

Pero hubo un reclamo más claro y categórico, “el presidente dice que las Cortes no lo dejan gobernar. Venía trabajando el tema del poder constituyente, donde las personas deben estar en actividad permanente en universidades y barrios. Mientras tanto, ante este hecho tan grave, hay silencio en las barras”.

Como no había ocurrido en décadas, las altas cortes están en riesgo, y vale la pena recordar lo ocurrido en febrero, cuando la Corte Suprema elegía fiscal general, y al no haber humo blanco, en medio de protestas aupadas por el mismo presidente Petro, los magistrados estuvieron sitiados por unas cuatro horas sin poder salir del Palacio de Justicia.

En ese momento también le bajaron la caña a lo ocurrido. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó: “Lo ocurrido fue una expresión ciudadana, que se pronuncia frente al funcionamiento institucional. El Gobierno tiene que respetar toda expresión pública siempre que se haga en legalidad y en paz. Fue un pequeño grupo, solo cuatro o cinco personas, que pretendieron entrar violentamente”.

Por la misma línea se manifestó entonces el general Salamanca, quien dijo: “Lo que puedo ratificar es que nunca estuvo en riesgo la vida e integridad de ningún funcionario del Palacio de Justicia que laboraba en ese momento”.

Se trata de un asunto importante, el silencio gubernamental retumba, el temor llegó al Palacio de Justicia, aunque los presidentes de las altas cortes han manifestado casi que al unísono que no se dejarán amedrentar.