Este es el expediente completo contra la polémica fiscal Angélica Monsalve: la señalan de amedrentar con imputaciones a sus investigados. Un abogado habría pedido $500 millones a su nombre

“La exigencia era de 600 millones de pesos, 100 para el señor Jimmy Forero y 500 para la fiscal”, fue la revelación que hizo a la Fiscalía en marzo de este año Martín Ricardo Manjarrés, un empresario del sector de los vehículos blindados que, en una denuncia de cuatro páginas, resumió graves hechos de corrupción con los nombres de un abogado, varios investigadores y la fiscal Angélica Monsalve.

El expediente incluyó audios, correos, declaraciones, informes de campo, interceptaciones y decenas de documentos, todos conocidos por SEMANA, que dibujan en un confuso escenario de ofrecimientos judiciales, millones de pesos en efectivo y acuerdos con la Fiscalía, a cambio de declaraciones falsas. La oferta incluía principios de oportunidad.

“Les manifesté que tenía miedo por las retaliaciones que podría tomar la señora fiscal Angélica Monsalve, toda vez que dos días antes había recibido, vía e-mail, la citación a imputación de cargos. Reitero mi temor porque siento decepción que una fiscal presione indebidamente”, señala Manjarrés en la denuncia, que ya es una investigación formal.

“La señora fiscal Angélica Monsalve insiste en que, si no acepto el principio de oportunidad, me va a meter a la cárcel”, dijo Yonn García, otro testigo que el pasado 10 de marzo, en una extensa declaración, les contó a los fiscales contra la corrupción de qué manera firmó, por petición de un grupo de investigadores, un interrogatorio que ya tenía las respuestas redactadas, con graves señalamientos en contra de generales de la policía, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y altos directivos de la misma Fiscalía.

SEMANA habló con Monsalve, quien no dudó en advertir que los empresarios, ahora testigos de la Fiscalía, faltan a la verdad y fueron “deshonestos” con la administración de justicia, pues no hubo presiones y los encuentros ocurrieron en presencia de sus abogados y con otros funcionarios de la Fiscalía como testigos.

“Las supuestas presiones nunca han existido, de hecho, para la negociación del principio de oportunidad, hubo tres reuniones, las únicas donde pude tener contacto con los dos imputados por primera vez. Esas reuniones fueron en presencia del abogado de los imputados, el doctor Ricardo González; mi investigador; mi asistente y la suscrita”, dijo la fiscal.

La historia de presunta corrupción arrancó en 2022, cuando los empresarios fueron advertidos de una investigación por presuntos hechos irregulares en la celebración de contratos con entidades del Estado para dotarlas de vehículos blindados. La investigación está en el despacho de la fiscal Monsalve.

Un abogado, que en la denuncia y en la decena de declaraciones en poder de SEMANA fue identificado como Yimmy Forero, les advirtió que serían capturados en el marco de la investigación que estaba en poder de una “amiga suya”. El abogado, según la denuncia, advirtió que tenía comunicación directa con la fiscal y que podría evitar la judicialización.

“Que se requería un compromiso de pago, que la fiscal tenía la posibilidad de notificar el archivo del proceso o la solicitud de servicios judiciales para la audiencia de imputación de cargos”, señaló Manjarrés, quien a través de correos electrónicos advirtió cómo el abogado Forero le exigió un pago de 500 millones de pesos para librarse del proceso que cursaba en el despacho de la fiscal Monsalve.

La exigencia del abogado, con la oferta de evitar la imputación en la Fiscalía, se convirtió en un contrato que, de acuerdo con la denuncia, redactó el mismo Forero. El documento, en poder de SEMANA, fija la forma de pago por supuestos servicios de asesoría jurídica. Sin embargo, como reza en los correos del denunciante, el abogado desistió de firmarlo.

“Respondió que no iba a firmar ningún contrato y que se requería el compromiso de pago”. El empresario, hoy testigo de la Fiscalía, grabó las reuniones con Forero. En los audios conocidos por SEMANA, se escuchan los ofrecimientos y cómo el abogado se comunica con alguien a quien identificó como la fiscal. “Angélica, aquí estoy con el señor”. Ella le preguntó que si todo bien. Él le dijo que “sí”, que si “ella estaba en la oficina y le dijo que estaba saliendo”, se escucha en los audios.

Sobre este capítulo, la fiscal Monsalve también tiene una respuesta. Advirtió que conoce al abogado Forero porque estudiaron juntos, pero que fue el mismo denunciante, Manjarrés, quien lo buscó para tratar de llegar a ella. Nunca hubo comunicación con ella, incluso, dijo, lleva tiempo sin verlo.

Las exigencias tenían fecha de cumplimiento. El denunciante aseguró que el abogado le dio un ultimátum para el pago de los 500 millones de pesos. El 26 de agosto de 2022 tenía que cumplir con dichas demandas, pero no lo hizo. Un mes después, según dice, fue citado a imputación de cargos.

El falso negocio

En el voluminoso expediente aparece una decena de declaraciones, audios y documentos que advierten cómo, según el denunciante, la fiscal Monsalve ofreció un principio de oportunidad que incluía declarar en contra de funcionarios y altos oficiales de la Policía, como el general Rodolfo Palomino, su esposa y el general Óscar Atehortúa, entre otros. Fueron semanas de reuniones entre los empresarios imputados y la fiscal Monsalve en su despacho, una pequeña oficina ubicada en el antiguo edificio del DAS. Esos encuentros fueron grabados por Manjarrés y allí se escucha con claridad la preocupación de la fiscal y cómo, según las declaraciones en poder de la Fiscalía, el acuerdo era principios de oportunidad a cambio de declaraciones.

“La fiscal decía ‘colabóreme con el principio de oportunidad y yo no imputo a Marcela’, la esposa de Martín. En una de esas conversaciones ella le dice a Martín: ‘porque yo voy a imputar a su esposa y los imputo a ustedes. Ustedes se van a la cárcel, porque los delitos contra la administración no tienen subrogados’”, señaló el testigo en la declaración que rindió de manera formal a la Fiscalía.

La firma del principio de oportunidad estaba sujeta a un falso interrogatorio que, según la denuncia y las declaraciones en poder de SEMANA, sellaron con nombre propio y bajo “presión”. El cuestionario y las respuestas a ese interrogatorio, al parecer, ya estaban redactadas. “Lo hice bajo presión, bajo la presión indebida de una funcionaria pública, so pena de meter a mi esposa a la cárcel, de meterme a mí injustamente a la cárcel”, señaló Manjarrés.

Monsalve dijo que incluso el abogado del denunciante negó las presiones a su cliente. El proceso por las irregularidades en los contratos de adquisición de vehículos blindados en la Policía y la UNP continúa. Los empresarios fueron acusados y más personas están vinculadas al caso. “Las tres reuniones fueron grabadas. No ha habido presión. El imputado Manjarrés ha sido deshonesto con el proceso y, de paso, ayudado por la Fiscalía, para ver cómo me quitan el proceso por vía irregular”, señaló Monsalve, tras insistir en que la investigación ha gozado de todas las garantías, bajo estricto apego a la ley.

El principio de oportunidad se formalizó correctamente; sin embargo, la vicefiscal Martha Mancera lo rechazó después de señalar que los presuntos testigos reportaron presiones para firmar el documento, y además, “carecían de las exigencias probatorias para acreditar la materialidad del hecho punible y la responsabilidad de sus ejecutores”, señala la resolución que firmó la vicefiscal y que conoció SEMANA.

Las declaraciones recaudadas por la Fiscalía advierten que Monsalve ofrecía los principios de oportunidad a personas vinculadas al proceso. “Le ofreció un principio de oportunidad para que declarara en contra mía… y me dijo ‘esa señora es un demonio, o sea, es mala’, me dijo que ya usted se había entregado, ya tenía firmado un principio de oportunidad para salvar a su esposa”, explicó el denunciante a los investigadores contra la corrupción.

La fiscal Monsalve sigue a cargo de la investigación que vincula a quienes supuestamente presionó. Ella insiste en que ha respetado el debido proceso, pero en juicio, un asunto de este talante podría ser un argumento de nulidad.