Este es el informe del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional, sobre la crítica situación de los reclusos en las cárceles. Las imágenes son impresionantes

En Colombia es evidente la crítica situación que viven los reclusos en las cárceles del país, a tal punto que desde hace 11 años la Corte Constitucional le hace seguimiento a lo que se ha convertido en una reiterada y permanente violación de los derechos de los presos.

Así lo deja en evidencia el impactante informe que entregó el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, encargado de la Sala que sigue el cumplimiento de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en las prisiones, al que tuvo acceso SEMANA. Las imágenes y lo documentado por el togado Ibáñez resulta demoledor.

Como van las cosas, pareciera una utopía el cumplimiento de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional. La situación queda clara en el informe, que advierte que lo que sucede es “extremadamente preocupante y refleja una violación masiva de los derechos de los privados de la libertad”.

El documento va más allá de hallazgos y recomendaciones, el magistrado Ibáñez se dio a la tarea de visitar personalmente centros de detención en todo el país para documentar, de primera mano, la pesadilla que se vive tras las rejas.

El informe contiene un sinnúmero de fotografías y videos que reflejan la cruda crisis humanitaria que se vive en el interior de las cárceles. Los presos sobreviven en medio del hacinamiento, alimentándose con comida descompuesta y purgan sus penas en lugares que parecieran abandonados por el Estado, donde un ser humano apenas subsiste. Lo revelado plantea que en Colombia poco importa la vida de quienes cometieron un error y ahora están en manos de la Justicia.

El documento de la Corte es tan demoledor que advierte: “Este fenómeno, además de evidenciar la falta de coordinación entre las diversas instituciones encargadas de garantizar proveer una vida en reclusión en condiciones de dignidad, revela la ausencia de una política criminal coherente, razonable y respetuosa de los derechos humanos”.

Once años han pasado desde que la Corte Constitucional ordenó eliminar el hacinamiento y atender los problemas, pero la realidad es que la crisis humanitaria creció sin solución en las cárceles. Mientras este crítico panorama se mantiene en las prisiones del país, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, celebró con bombos y platillos, durante la radicación de la polémica reforma a la justicia, que el hacinamiento bajó al 25 por ciento. Sin embargo, el informe de la Corte refleja cifras diferentes y señala que está en 34,5 por ciento en centros de detención transitoria (CDT), cárceles y penitenciarias.

El hacinamiento es el inicio de los problemas que han dejado en deplorables condiciones de vida a quienes permanecen en prisión. En los videos del informe, conocidos por SEMANA, los detenidos tienen que hacer sus necesidades en botellas de plástico y cajas de icopor, instalar hamacas en el techo para poder convivir, la comida se confunde con lavaza, los servicios de salud no llegan, la justicia desapareció y las celdas están llenas de humedad y basura.

En las imágenes se observa a reclusos pasando por graves dificultades de salud, muchos presentan brotes en la piel, y la alimentación, está documentado, es uno de los asuntos más impactantes. Cocinas sucias, comida dañada y porciones que ni siquiera lograrían saciar a un niño son las condiciones que deben enfrentar. Las principales quejas se centran en las cárceles La Picota, La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá, y El Pedregal y Puerto Triunfo, en Antioquia.

El informe de la Corte asegura: “Los privados de la libertad reciben alimentos crudos, en estado de descomposición, en cantidades insuficientes y fuera de los horarios pactados con los contratistas, incluso han reportado el suministro de proteínas animales que no son normales en el consumo humano (...). La prestación del servicio de alimentación es deficiente, y al parecer no ha tenido mejora alguna”.

Detrás de las despiadadas imágenes se escuchan voces de los privados de la libertad que claman ayuda: “La problemática es muy grave. Somos 60 personas y tenemos que hacer nuestras necesidades en cajas de icopor. Orinamos en tarros de plástico. Desde que llegamos acá nadie de la familia tiene conocimiento de uno”.

Ese es el relato de un reo que convive con 60 personas en un espacio que a simple vista está acondicionado para máximo cinco. El fondo de la celda ni siquiera se alcanza a observar por la cantidad de personas que permanecen en el pequeño cuarto esperando recobrar su libertad. Otro de los detenidos se atrevió a contar su drama: “Tenemos que turnarnos cada hora para poder dormir, colaboren, por favor. Llevamos años de estar aquí (...) hay personas enfermas, con muchas necesidades y la realidad es que no podemos hacer nada”.

El desalmado trato ha provocado situaciones tan aterradoras como la documentada en un informe del pasado 4 de julio que realizó el Juzgado Segundo de Penas del municipio de Santuario en la misma cárcel de Puerto Triunfo, en Antioquia, donde fueron diagnosticados 48 internos con desnutrición severa, 78 con desnutrición moderada y otros 48 con tuberculosis. La Corte señaló que en los centros de reclusión hay “desabastecimiento de medicamentos, obstáculos para asistir a citas médicas y hasta una seria deficiencia en la salud mental, frente a los altos reportes de suicidio”.

Pero el problema no se quedó en las cárceles, sino que creció y se trasladó a los centros de detención transitoria y las estaciones de Policía, donde hay un hacinamiento del 112 por ciento. Los CDT del país tienen una capacidad para 9.700 personas y en la actualidad hay más de 20.000, una realidad abrumadora, advierte el diagnóstico de la Corte Constitucional, encabezado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien no se ha quedado en un escritorio. De primera mano, ha ido a los diferentes centros de reclusión para documentar la barbarie.

A todas esas fallas estructurales se suma que la Corte identificó lugares de servicio como los baños donde es imposible suplir las necesidades básicas. A los reclusos les ha tocado crear improvisados sistemas de turnos para utilizarlos. Por su parte, las cárceles más antiguas presentan serios daños en las plantas eléctricas, no tienen agua potable y hay deficiencias en la infraestructura.

El presidente de la Sala de Seguimiento de la Corte, magistrado Ibáñez, le ha hecho una minuciosa vigilancia al cumplimiento de esa sentencia, pero ha sido tal el fracaso que hasta diagnostica que el proceso de resocialización presenta bajos niveles de escolarización, pocos programas para reintegrarse a la sociedad en los centros de detención transitorios y hasta falta de obligatoriedad y oferta en proyectos de estudio, trabajo y enseñanza.

Ha sido tal el incumplimiento de la sentencia que al magistrado Ibáñez, quien también es el vicepresidente de la Corte Constitucional, le tocó emitir el Auto 1096 para ordenarle al Ministerio de Justicia que se articule con el Inpec, la Uspec y entidades territoriales a fin de elaborar un plan que enfrente el problema.

El informe del alto tribunal es claro y subraya que la nación y las entidades no están trabajando de forma conjunta para atender a la población reclusa. “Los centros de detención transitoria en la actualidad representan una tragedia humanitaria para Colombia, avergüenzan a la República y no pueden permanecer huérfanos de atención”, es una de las afirmaciones más graves que se plasma en el informe en poder de SEMANA. Nada más en los CDT de Maicao, Barranquilla y Cali hay un hacinamiento hasta del 3.540 por ciento.

La Corte Constitucional concluyó que la situación en las cárceles de Colombia es “extremadamente preocupante” y refleja una “violación masiva y sistemática de sus derechos fundamentales”.

El informe también destacó que el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano persiste, no hay presupuesto para atenderlo, el Gobierno y las entidades territoriales no se están entendiendo para enfrentar la grave crisis humanitaria y puso de manifiesto la ausencia de una política criminal que proteja a los privados de la libertad.

SEMANA se comunicó con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el pasado 18 de octubre para preguntarle, como cabeza de los asuntos penitenciarios en el país, por el preocupante informe, pero por motivos de agenda no respondió sobre la grave situación que se vive en las cárceles. Mientras tanto, la vida de los presos sigue a la deriva.