Estos son los 10 peligrosos delincuentes que están tras las rejas y siguen extorsionando a sus víctimas

Mientras el Gaula de la Policía alerta por un preocupante aumento en las cifras de extorsión en el país, más del 19 por ciento comparado con el año anterior, en las cárceles no saben qué hacer con un grupo de delincuentes que se convirtieron en un verdadero encarte para el Inpec y un riesgo de seguridad para los ciudadanos. No hay quien los controle, desde la cárcel extorsionan y ordenan todo tipo de delitos, y, ante las medidas que se toman para manejarlos, su respuesta son las amenazas e intimidaciones.

SEMANA conoció un informe con el inventario de estos personajes, que realmente son cabecillas de organizaciones criminales y concentran el control de las extorsiones. Se trata del top diez de los extorsionistas que ni tras las rejas dejan descansar a sus víctimas.

Cada uno de estos diez criminales han recorrido distintas cárceles en el país, y no por capricho. El Inpec se ha visto en la obligación de trasladarlos periódicamente porque resultan inmanejables, pues a donde llegan van sembrando el terror, desatan enfrentamientos por el control de los penales y rápidamente reactivan sus negocios ilegales.

Se convirtieron en expertos en el sistema penitenciario. Conocen las leyes, radican solicitudes, piden exámenes, interponen tutelas, constituyen ONG, se fugan, regresan y buscan poner contra las rejas al Inpec. Son un verdadero problema para el régimen penitenciario y la tranquilidad ciudadana.

Algunos han sido trasladados hasta una docena de veces y en cada cárcel imponen un orden, buscan la forma de comunicarse con sus lacayos en la calle y retoman el control de las extorsiones. Otros, más osados, se enfrentan al sistema: amenazan, ordenan asesinatos y hasta se graban en sus celdas ufanándose de los beneficios y recordando el poder criminal que ostentan.

Es el caso de alias Negro Óber, quien se atrevió a amenazar fiscales y comerciantes de Barranquilla, o el de alias Pipe Tuluá, señalado de conformar un escuadrón de la muerte y amenazar al propio director del Inpec. Son apenas dos ejemplos del nivel de descaro y peligrosidad de este top diez.

El informe que revela SEMANA advierte la forma en que este grupo de delincuentes reta al Estado y se burla de la justicia mientras convierten los penales en una especie de call center carcelario dedicado a la extorsión. Son ellos, gracias a la complicidad de funcionarios del Inpec, los que coordinan las actividades ilícitas en las calles.

Regiones como el Valle del Cauca, Atlántico, los Llanos Orientales, Chocó y Antioquia, según el informe, son las más afectadas con las extorsiones que estos diez cabecillas logran controlar sentados en sus celdas. Algunos ya están condenados, otros, sindicados y con la posibilidad de libertad por vencimiento de términos.

Los Juanitos, por ejemplo, son tres hermanos que se reparten las extorsiones y el tráfico de estupefacientes en los Llanos. El Inpec tuvo que separarlos. Cada uno está en una cárcel de alta seguridad y en extremos del país, pero no parece suficiente. Aun así, se comunican aprovechando lo que por ley es derecho: llamadas desde los teléfonos públicos ubicados en los patios y que no pueden ser interceptadas.

Lo mismo pasa con alias Arañín, sobre quien pesa una condena de 33 años. Lleva más de una década privado de la libertad, pero su comportamiento y el esfuerzo por coordinar actividades criminales en el Eje Cafetero lo convirtieron en una papa caliente para el Inpec, que ha gastado recursos y tiempo en moverlo de cárcel en cárcel para colgarle el teléfono, pero siempre consigue señal.

En esa parodia del ladrón y el policía, transitan los días en las cárceles que por desgracia los deben alojar. El Inpec aumenta controles, implementa tecnología y remite investigaciones a la Fiscalía, pero los delincuentes encuentran la forma de recordarles a sus secuaces y víctimas que, incluso en prisión, ellos tienen el control.

El Inpec hace algunos años se lanzó con una apuesta bien particular. Metieron en un solo pabellón, en la cárcel de Cómbita, Boyacá, a todos los delincuentes señalados de liderar organizaciones criminales dedicadas a la extorsión en más de 150 partes del país, y el experimento fracasó. Los delincuentes no solo compartieron experiencias, mañas para extorsionar y se “profesionalizaron” en el crimen, sino que en el interior de la cárcel, siendo todos cabecillas, ninguno quiso seguir órdenes. El polvorín estalló y fue necesario reacomodar la reclusión y asignar nuevas celdas en otras prisiones. “Se iban a matar”, dijo una fuente del Inpec.

En la actualidad, los diez que se convirtieron en el dolor de cabeza del Inpec están en pabellones de alta seguridad bajo estrictas medidas y controles. Algunos, con un régimen penitenciario severo que incluye encierros por 23 horas continuas y apenas 60 minutos de sol. Y un elemento que parece un mal chiste: los sistemas inhibidores de señal en las cárceles se quedaron en la tecnología 2G, son absurdamente obsoletos, casi inútiles para evitar que de los centros de reclusión salgan o entren las llamadas por celular.

Resulta apenas obvio que nada de los lujos, beneficios y actos criminales de los diez incluidos en el informe, en poder de SEMANA, serían posibles sin la complicidad de la guardia del Inpec. Las tarifas o sobornos dependen de la peligrosidad del personaje, de la cárcel donde se encuentre y del artículo que requiere.

En una URI pueden cobrar hasta 100.000 pesos por meter un celular a las celdas. En una cárcel como La Picota, en Bogotá, el valor se incrementa al millón de pesos. Y en otros centros de reclusión, de mayor complejidad, se triplica el costo del soborno.

Esta actitud complaciente con los “caciques” es el objetivo de la Unidad de Investigación creada en diciembre pasado. SEMANA también conoció un reporte de control interno que afirma que, de entre casi 11.000 funcionarios, 3.750, que incluyen administrativos, de vigilancia y auxiliares, son investigados por presunta corrupción.

En ese informe hay un dato revelador. Son 128 los centros de reclusión a cargo del Inpec y 63 directores actualmente son investigados. La intención de depurar las cárceles de funcionarios corruptos es el propósito de la actual administración, pero faltan dientes para enfrentar a los delincuentes. A la fecha, de ese cúmulo de investigaciones, apenas se tienen 84 sanciones disciplinarias y penales, los procesos se entumecen en los juzgados. Mientras el Inpec mueve a un grupo de detenidos con cada denuncia de extorsión, otros ya están buscando señal.