Estos son los argumentos del coronel (r) Plazas Vega para pedir una millonaria indemnización tras ser declarado inocente por retoma del Palacio de Justicia

Durante ocho años y tres meses, el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega estuvo privado de la libertad, señalado de ordenar la desaparición de un grupo de personas que salió con vida del Palacio de Justicia, que fue tomado a sangre y fuego por un comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985, bajo la excusa de realizarle un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur. Finalmente, fue declarado inocente y ahora reclama una indemnización de 10.800 millones de pesos.

Plazas Vega, recordado por la frase “defendiendo la democracia, maestro” mientras explicaba la retoma del Palacio, fue capturado el 12 de julio de 2007 y privado de su libertad por los cargos de secuestro y desaparición forzada.

Su demanda es clara en cómo lo afectó esa decisión. En su cautiverio, se le impidió visitar a su padre que agonizaba, fue víctima de malos tratos por funcionarios del Inpec, sometido al escarnio público ante los medios de comunicación, lo que le generó una crisis de ansiedad y su nuera perdió al hijo que esperaba por “la impresión que le causó el traslado de su suegro al Inpec y las circunstancias inhumanas que lo rodearon”.

El fin de la pesadilla para el oficial en retiro llegó el 16 de diciembre de 2015, cuando la Corte Suprema lo declaró inocente, tumbando la sentencia a 30 años de cárcel que le pesaba sobre los hombros.

El fallo determinó que no existía una sola prueba directa en su contra y que se le había dado validez a testigos cuyos dichos eran contradictorios. “No hay ningún fundamento sólido que conduzca a sostener que Plazas Vega tenía a su cargo la Casa del Florero y, de paso, a los liberados que eran conducidos allí, menos que tuviera poder acerca de la situación de los mismos”, concluyó la Corte.

SEMANA conoció toda la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en contra de la nación, representada en la Fiscalía y la Rama Judicial, por las fallas y omisiones que, considera, deben ser reparadas.

“Sufrió la tristeza, ansiedad y estrés inexorablemente derivados de la privación de la libertad”, resalta la demanda de 199 páginas. En la acción se indica que la familia tuvo que soportar su ausencia y los severos señalamientos. “El show mediático que se montó y las privaciones para recibir un trato digno y humano. Además de ilegal, tal privación de la libertad fue injusta, arbitraria y desproporcionada”, se lee en la demanda.

Sostiene que la investigación, realizada por la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago –recientemente ternada por el presidente Petro para llegar a ser la jefa del ente investigador– estuvo plagada de errores y falencias que generaron daño tanto al coronel como a las familias de los desaparecidos del Palacio.

“La inoperancia del Estado durante más de 30 años (...) no solo impidió que las familias de las personas desaparecidas conocieran el paradero de sus familiares o de sus cuerpos, evitó que los responsables fueran investigados y juzgados oportunamente”, reclama la demanda.

El documento en poder de SEMANA califica como “gravísimo” el tiempo que estuvo privado de su libertad, víctima de todo tipo de señalamientos y acusaciones el coronel Plazas Vega, hasta que se le declaró plenamente inocente, yendo así en contravía total de los postulados de la Convención de Derechos Humanos y todos los principios del derecho internacional humanitario.

“La violación del plazo razonable y los errores, manipulaciones en la escena de los hechos, que dificultan la identificación de los cadáveres, constituyen violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos, y una falla en el servicio de cara a los familiares de las víctimas de la desaparición, deben serlo también respecto al coronel Luis Alfonso Plazas Vega”, dice la acción contra la Fiscalía y la Rama Judicial.

El coronel hace alusión a las conclusiones del Tribunal Especial de Instrucción, creado por el Gobierno, que el 17 de junio de 1986 indicó que el único responsable del trágico suceso había sido el M-19 al atacar el Palacio y tomar a cientos de rehenes. Hecho que motivó la acusación en contra de varios comandantes guerrilleros. Recalca que irónicamente este caso sí se cerró de tajo cuando en 1989 se les otorgó indulto, lo que afectó la investigación.

Para la defensa del coronel, el proceso judicial en su contra fue una clara represalia de los integrantes de grupos armados al margen de la ley que combatió en el Ejército y de los narcotraficantes a los que les quitó sus bienes cuando fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy Sociedad de Activos Especiales).

“Una de sus manifestaciones, ‘defendiendo la democracia, maestro’, le acarrearía gran recordación y reconocimiento, pero con la aparejada calamidad de convertirlo en cabeza visible y objetivo jurídico y militar de la guerrilla y el narcotráfico, desde ese día hasta hoy”, advierte el documento.

Cuestiona también el papel del exfiscal Mario Iguarán Arana, no solamente por la designación de Ángela María Buitrago, sino por ser la persona que lo retiró de la DNE. “La elección del doctor Iguarán, quien por supuesto se presume inocente, ha sido vinculada con el paramilitarismo”, se menciona en el estudio.

Son tan claros los argumentos que la Procuraduría le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca avalar las pretensiones de la demanda “por cuanto se encuentra probado que la medida de privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria”, es el argumento del ente de control.

Por esto, pide declarar responsable a la nación por los daños y perjuicios que sufrió el coronel Plazas, su esposa, hijos y nietos durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, avalando la indemnización de 10.800 millones de pesos, pues para defenderse y sostener a su familia tuvo que vender su patrimonio por un valor cercano a los 1.677 millones de pesos y, en el periodo en la cárcel, dejó de percibir 1.711 millones de pesos.

Aunque ahora el coronel Plazas Vega tiene la sartén por el mango y reclama una reparación, su caso y el de otros militares tiene un sabor amargo. Esta semana, el general en retiro Iván Ramírez Quintero fue sentenciado a 31 años de prisión por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda.

Igualmente, el excomandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Arias Cabrales, fue sentenciado a 35 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro trabajadores de la cafetería (Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis) y la guerrillera Irma Franco.

Arias Cabrales se acercó a la JEP, en principio fue acogido, pero luego el tribunal transicional lo expulsó “por no aportar verdad plena, exhaustiva y detallada”. Otra versión tiene el general, quien con avanzada edad y fuertes quebrantos de salud prefiere mantenerse firme, considera que no cometió delitos y, por el contrario, defendió a la patria. No dará un paso atrás.