Exclusivo: Laura Ojeda radicó tutela para sacar del camino al fiscal Mario Burgos, quien investiga a Nicolás Petro

En medio del llamado a juicio contra Nicolás Petro, quien es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por dineros cuestionados que recogió para la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, y que terminó embolsillándose, su defensa pareciera estar haciendo todo lo posible por dilatar este proceso juicio con solicitudes de nulidad, tutelas y ahora lanza otro intento para sacar del caso al fiscal Mario Burgos. En la escena también aparece Laura Ojeda, pareja de Nicolás.

SEMANA conoció en exclusiva una nueva tutela que acaba de ser radicada en la Corte Suprema de Justicia. Quien la interpone es Laura Ojeda, en calidad de víctima. Se trata de una acción que se suma a las dos tutelas que ya ha radicado su pareja, Nicolás Petro, y que han puesto en el congelador este delicado proceso en el que quedaría claro, si es hallado culpable, que el hijo del presidente se apropió de millonarios recursos, los gastó e intentó hacer algunas inversiones.

El argumento de Ojeda es que se le están violando sus derechos fundamentales al debido proceso, por eso su defensa solicitó la salida del caso del fiscal Burgos, a quien han intentado sacar a sombrerazos con diferentes recursos.

La nuez de esta nueva tutela apunta a quien era la jefa de Burgos, la excoordinadora de Seguridad Territorial Luisa Obando, quien en su momento se negó a sacarlo. En otras palabras, lo que estarían buscando con esta tutela es nuevamente frenar el caso contra Nicolás Petro, pues de lograr la salida del fiscal, el coletazo sería justamente la parálisis del proceso.

Tanto así que esta tutela ya fue notificada al juez penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien lleva el caso, y también lo han querido sacar desde el momento en que negó la nulidad del proceso que presentó la defensa del hijo del presidente.

Así lo advierte la tutela en la que el abogado de Ojeda, Miguel Diez Rugeles, afirma: “El primero de diciembre de 2023, mi prohijada, Laura Ojeda Estupiñán, en su calidad de víctima del punible de violación de datos personales, cometido por la señora Daysuris del Carmen Vásquez, elevó una petición de forma directa a la Fiscalía solicitando el cambio del delegado del ente acusador, Burgos, por haber dejado vencer el término previsto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, en la actuación contra la señora Vásquez”.

Ojeda, quien en este proceso se presentó como víctima por el delito de violación de datos personales de parte de Day Vásquez, también argumenta un presunto vencimiento de términos “porque desde la imputación del primero de agosto de 2023 al 12 de enero de 2024 habían transcurrido 164 días. En esa medida se configuraban las causales de impedimento y de la recusación”.

El argumento contra Day Vásquez y Burgos, según advierte la tutela, es que “cuando se presentó la recusación no se había decidido el principio de oportunidad, de tal manera que los términos estaban contando y no existía ninguna justificación para que no se atendiera el término legal”.

La petición es clara, tumbar a Mario Burgos como fiscal de este espinoso caso. Para esto, piden que “se deje sin efecto la Resolución n.° 0061 del 7 de febrero de 2024, proferida por la delegada para la seguridad territorial, Luisa Fernanda Obando, que declaró infundada la recusación”, que fue presentada en primera instancia por la defensa de Nicolás Petro.

Agregan lo que, de fallarse en contra, sería un golpe de gracia para el proceso, pues piden que “en su lugar se ordene la emisión de una nueva decisión por parte de la Fiscalía”. En este caso, si la Corte acogiera esta solicitud, no sería Obando quien tome la decisión porque, es claro, ya hay una nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien nombró como delegada para la seguridad territorial a Deicy Jaramillo. La defensa de Ojeda midió milimétricamente los tiempos para presentar la tutela y tratar de lograr el giro en el proceso.

En su momento, Burgos y Obando rechazaron radicalmente las pretensiones que hoy quiere imponer vía tutela la pareja de Nicolás Petro. “No puede darse otra lectura a su solicitud que pretender apartar a este delegado fiscal, por cuanto si se retirara del caso al suscrito, irían en contravía de los principios del Estado social de derecho y la Constitución Política, como lo es conseguir la realización de la justicia y garantía a las víctimas”, señaló en su momento Burgos, en su argumento de defensa.

Y agrega que “este delegado fiscal no ha perdido competencia como trata de hacerlo ver quien sería víctima solo del delito de violación de datos personales (…) no lo podría hacer, ya que este delegado, por el término vigente tiene la competencia para continuar en el desarrollo de la actuación que se adelanta en contra de la señora Daysuris del Carmen Vásquez”.

Los argumentos fueron respaldados en su momento por Obando, la jefa de Burgos, quien afirmó que este fiscal “está en la obligación constitucional de adelantar todas las labores investigativas para establecer la responsabilidad de cada persona en los presuntos delitos relacionados. Motivo por el cual no se considera justificado proponer una causal de recusación basándose en la actuación procesal del fiscal frente a otro sujeto procesal y diferente radicado”.

Y concluye que “en el proceso penal adelantado en contra de la señora Vásquez se han cumplido con los estándares constitucionales que garantizan, por parte del fiscal titular, la imparcialidad e independencia necesarias para continuar adelantando esta noticia criminal”.

En este caso, dio su punto de vista el juez penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien también ha sido objeto de tutelas de parte de Nicolás Petro. Fue radical y argumentó a la Corte que ha actuado conforme a la ley y nunca se ha violado el debido proceso. “No se ha vulnerado ningún derecho fundamental, toda vez que es la delegada para la seguridad territorial, como superior jerárquico del fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, a quien se le endilga la vulneración de los derechos alegados y, por tanto, la llamada a pronunciarse sobre las pretensiones”.

Se trata de una movida más en el rosario de recursos que ha presentado la defensa de Nicolás Petro. Primero solicitaron la nulidad, que fue negada; luego pusieron dos tutelas para tratar de imponerla. Más adelante, el mismo presidente Petro, mediante su abogado, Mauricio Pava, pidió a la Comisión de Disciplina Judicial la suspensión de Burgos por supuestamente haber filtrado el video de la captura.

Por si fuera poco, también han buscado anular por completo la escandalosa confesión de Nicolás Petro ante la Fiscalía, publicada en exclusiva por SEMANA. Pretenden que no tenga validez en este proceso, ni en el del presidente ante la Comisión de Acusación y tampoco en el de la campaña en el Consejo Nacional Electoral por el presunto ingreso irregular de dineros que no habrían sido reportados.

El fiscal Burgos está firme y sólido en su investigación y las pruebas contra Nicolás y sus actuaciones en el proceso definitivamente son su mejor sustento. El juicio podría empezar este mes.