Exclusivo: SEMANA revela detalles desconocidos del expediente por el millonario robo a Ecopetrol. Así fue el descomunal desangre

Un capítulo del escandaloso robo a Ecopetrol sigue pendiente de investigar: la vinculación de servidores públicos a la red criminal. En el expediente, que conoció SEMANA, empresarios corruptos, conductores, importadores, ingenieros, ELN, bandas criminales y hasta traquetos forman parte del multimillonario fraude que hoy tiene los reflectores apuntando.

El dosier de la Fiscalía explica en detalle cómo arrancaron las tres grandes investigaciones: Bunkering Imperio hace referencia a la contaminación del crudo colombiano con venezolano. Operación Holding, relacionada con el robo directo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, con la venia del ELN. Y la última concentra la millonaria extinción de dominio, que ya llega a 1,3 billones de pesos, a empresarios que usaron sus compañías para la defraudación a través de dos modalidades: el contrabando y el hurto de crudo.

Los procesos tienen actores distintos, pero unidos en el mismo propósito criminal. A esto se suma otra investigación de la Fiscalía que apunta a funcionarios de la Dian en Cartagena, que se habrían hecho los de la vista gorda para ocultar las millonarias transacciones ilícitas.

Los fiscales de la Dirección contra la Criminalidad Organizada describieron un escenario que, seguramente, se convertirá en una nueva línea de investigación en este escándalo. Los funcionarios de la Dian que, en teoría, estaban para facilitar las labores de verificación de los documentos que entregaban los importadores hicieron todo lo contrario.

De acuerdo con los hallazgos, los funcionarios de la Dirección de Impuestos daban garantías, certificaban la legalidad de una serie de documentos que, después de las pesquisas de los investigadores con los laboratorios de Ecopetrol, resultaron erróneos. El objetivo era desviar o afectar el curso de las investigaciones y mantener oculto el fraude continuado.

Las macroinvestigaciones de la Fiscalía surgieron de una docena de denuncias de la estatal petrolera por hechos ocurridos desde 2019. Las verificaciones, operativos y hallazgos permitieron la vinculación de más de 20 personas y empresas, además de la multimillonaria incautación con fines de extinción de dominio.

Bunkering Imperio

Se trata de la investigación madre de la Fiscalía. En este capítulo aparecen vinculadas reconocidas empresas que establecieron, incluso, alianzas criminales internacionales para introducir crudo de contrabando a Colombia, pasarlo por las refinerías y obtener otros derivados.

Desde 2019 se identificó una modalidad de contrabando de crudo que llegaba al país por los puertos de Cartagena y Barranquilla. Con documentos originales (guías), este crudo lo hacían pasar como residuos y así tenían vía libre para transitar por las carreteras sin ningún problema.

“Dentro de la indagación se estableció que los integrantes de la organización estarían comprando crudos legales a empresas dedicadas a la explotación petrolera, mediante contratos en los cuales les indican que ellos tienen permisos otorgados por el Ministerio de Minas para realizar esta actividad. Solicitan que el crudo que compran sea enviado con guías, las cuales deben salir con destino a la planta de bombeo Vasconia, ubicada en el municipio de Puerto Boyacá”, señala un informe de la Fiscalía.

En los documentos que la Fiscalía presentó para la imputación de cargos de los empresarios comprometidos, se fijó el organigrama y la ruta de la red criminal para cumplir su objetivo principal: darle apariencia de legalidad al crudo de contrabando. Es ahí cuando aparecen las empresas de papel.

La Fiscalía determinó cómo, en menos de un año, se crearon una docena de empresas importadoras destinadas a recibir, comprar y transportar el crudo que llegaba de contrabando. Con el petróleo en las refinerías, aparecía Niman Commerce, la compañía fachada con sede en una panadería de Bogotá, que garantizaba la legalización del crudo ante Ecopetrol. La jugada era redonda.

“En consideración con la información recolectada durante el transcurso de la investigación, se logra establecer que nos encontramos frente a un grupo de personas que se conciertan para cumplir diferentes funciones en busca de obtener una remuneración económica con la realización de diferentes actividades ilícitas como: alteración de guías únicas de transporte de hidrocarburos estipuladas en el instructivo de la estatal petrolera”, asegura el informe del investigador.

Niman Commerce tenía como representante a Hernando Silva Bickenbach, un reconocido empresario, imputado por la Fiscalía y quien se convirtió en el enlace entre las empresas de papel y otra compañía protagonista en el entramado criminal: CI Exportécnicas, a cargo del Luis Carlos Gandur. El trámite ilegal, de acuerdo con los informes de los investigadores, se completaba con la firma encargada de comercializar el crudo.

“Estos hidrocarburos tipo crudo son especificados en las diferentes guías como crudo Niman. Combustible que finalmente es comercializado a las empresas de razón social Gunvor Colombia SAS, con convenios con Cenit, para el transporte de hidrocarburo (...). Las empresas que comercializan el crudo lo llevan y lo entregan en la Planta de Ecopetrol Vasconia, ubicada en Puerto Boyacá”, advierten los documentos de la Fiscalía.

Por ese caso diez personas fueron procesadas e imputadas por delitos como concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documento privado. La Fiscalía ya presentó el escrito de acusación, espera avanzar en el juicio y obtener una condena.

Operación Holding

En poder de SEMANA hay un informe con el detalle de este proceso que vinculó a los empresarios de Bunkering Imperio con organizaciones criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y otras bandas dedicadas al hurto de hidrocarburos, principalmente en Norte de Santander. Todos estaban pegados al oleoducto Caño Limón-Coveñas poniendo válvulas para robar el crudo.

El documento detalla las modalidades para desangrar a Ecopetrol a través de válvulas y refinerías ilegales a lo largo del oleoducto: “Esta estructura cuenta con transporte e infraestructura propia para abastecer los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína, que se ubican entre los sectores de los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander”.

El informe señala que los atentados terroristas contra la fuerza pública y la infraestructura petrolera tenían un objetivo puntual, la instalación de las válvulas y conseguir el denominado “pategrillo”, los insumos para el procesamiento de hoja de coca indispensable en la elaboración de pasta base de coca.

Son “un eslabón de la cadena de producción del narcotráfico y principal fuente de financiamiento de los grupos armados organizados para su accionar terrorista en la región del Catatumbo”, afirma el documento de la Fiscalía.

En este capítulo aparecen dos protagonistas: alias la Mona y el llamado Zar del Petróleo, Norbey Palacios, supuesto representante legal de Trazos Líquidos, una de las empresas fachada que participaron del fraude. Los dos se convirtieron en el enlace principal entre las organizaciones criminales y las compañías que compraban el crudo hurtado, lo pasaban por la refinería y hasta lo vendían a Ecopetrol.

El nivel de descaro era tal que los delincuentes se repartieron en Norte de Santander el control de tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas, como si fueran dueños de su patrimonio. “Mediante información suministrada por una fuente humana, se tiene conocimiento que integrantes de los ‘pategrilleros’ se reunieron con un integrante del ELN, en el sector de Campo 6, municipio de Tibú, Norte de Santander. Al parecer la reunión se enfocó en conseguir permisos del ELN para la instalación de nuevas válvulas”, advierte el informe del investigador.

Alias la Mona era la encargada de financiar las actividades de los delincuentes dedicados a hurtar el crudo de Ecopetrol. SEMANA conoció las declaraciones que reseñaron la actividad de esta delincuente en la red criminal y que la dejan como aliada del ELN en esta zona del país.

“Es dueña de un quemadero de crudo en la vereda Guachimán y tiene otro quemadero de crudo en la vereda Campo Seis, la cual tenía los permisos del ELN para poder sacar el pategrillo del crudo; siendo yo quien le recibía la plata del impuesto para entregársela a la organización”, señala el documento que define con claridad el rol de la Mona.

El llamado Zar del Petróleo, de acuerdo con la Fiscalía, prófugo de la justicia, sería el intermediario entre los delincuentes dedicados a robar el crudo y las empresas que lo compraban, lo refinaban y vendían a Ecopetrol. Las interceptaciones de la Fiscalía, en poder de SEMANA, refieren la modalidad.

“Afirma tener conocimiento de las tarifas que pagarían a las personas involucradas, tales como lo pagado al dueño del predio que permite la instalación de la válvula ilícita; al presidente de la Junta de Acción Comunal, quien delega a una persona para dicha actividad ilegal, rotándola con miembros de la misma comunidad, y a las personas encargadas del transporte de las canecas con el hidrocarburo hurtado para ser entregado principalmente a la guerrilla”, afirma la pesquisa de la Fiscalía.

La jugadita

Además de la presunta intención de desviar la investigación con informes erróneos reseñados por funcionarios de la Dian, la Fiscalía ha sorteado otros problemas en el escenario judicial. Los procesos se adelantan en el norte del país, en la región del Catatumbo, y enfrentan dificultades de orden público, desplazamiento y corrupción. Se convierten en un reto para el normal desarrollo del proceso.

Los fiscales, que llevan varios meses y hasta años al frente de la investigación con los riesgos de combatir estas peligrosas organizaciones criminales, plantean, como posibilidad, el traslado de los expedientes a Bogotá para que los juicios contra los procesados se puedan adelantar sin dificultad.

Otro hecho particular, observado en las audiencias preliminares contra los vinculados y las empresas mencionadas, es que varios apuntaron a constituirse, rápidamente, como víctimas en el proceso.

“Lo hacen con el objetivo de negar participación en la red criminal, de responsabilizar a otros funcionarios, descargar culpas en quienes están prófugos. Incluso, conocer, como parte en el proceso, los detalles de la investigación”, aseguran fuentes del caso.