Exclusivo: un chat hallado en el celular de Olmedo López revela que los $1.000 millones para Andrés Calle se habrían usado para ‘voltear’ elecciones en Córdoba

Esta semana, Andrés Calle, expresidente de la Cámara, estuvo sentado en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema. Él está respondiendo por, supuestamente, haber recibido 1.000 millones de pesos en efectivo, que habrían sido saqueados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tal como lo confesaron el exdirector de la entidad Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla. A su llegada, en una explosiva declaración, Calle dijo que iba a limpiar su honra de los señalamientos de unos “confesos criminales”.

La confesión de López y Pinilla, con pruebas documentales, geolocalización de los teléfonos celulares, fotos, transacciones, tiquetes de vuelo y chats en los que acuerdan la corrupta transacción, tiene a Calle contra las cuerdas y será difícil “limpiar su honra”. Incluso, este capítulo se extiende a su familia. Un chat en poder de SEMANA sería una prueba de esta presunta actuación corrupta que involucraría a los Calle: Andrés, representante a la Cámara; Gabriel, el papá y actual alcalde de Montelíbano; y Gabriel, hermano de Andrés, quien se quemó en las elecciones a la Gobernación de Córdoba.

Este mensaje, enviado al celular de Olmedo López, ratifica la tesis de que la plata recibida se usó, presuntamente, para inclinar la balanza en los comicios regionales del 29 de octubre de 2023, en este caso para la Alcaldía, porque en la carrera para la Gobernación, a la que aspiraba Gabriel Calle (hijo), no tenían chance.

El 14 de octubre, el mismo día en que Sneyder Pinilla le habría entregado los 1.000 millones de pesos en efectivo a Andrés Calle en su apartamento, ubicado en el edificio K72 del barrio La Castellana en Montería, una misteriosa persona identificada como “Gerente Campaña”, desde el móvil 30045124**, le escribió al entonces director Olmedo López: “Jefe, buenas tardes, ¿cómo está? Estoy a la espera”.

Este mensaje se dio de forma simultánea a los chats que estaba sosteniendo Pinilla con Calle anunciándole que estaba a 26 minutos de su casa para, al parecer, entregarle una maleta con el botín.

Dichos textos se escribieron entre la 1:30 y 2:30 de la tarde de ese 14 de octubre, cuando se habría concretado la entrega del dinero. El eslabón perdido detrás de ese mensaje, y quien figuraba como “gerente de campaña”, es José Julián Peñate Uparela, exdiputado de Córdoba. Tan pronto eligieron a Gabriel Calle Demoya como alcalde de Montelíbano, fue nombrado como gerente de Jaguazul, la empresa de acueducto del municipio. Ese mensaje en su momento pasó desapercibido para Olmedo López, pero gracias a las investigaciones abrió la caja de Pandora y prendió todos los reflectores hacia la familia Calle, el dinero usado en la campaña y la participación de Peñate Uparela en la transacción.

Las autoridades tienen certeza de que el dinero suministrado a Calle era realmente para la campaña de su papá y fue entregado días antes de los comicios. Habría pasado de las manos de Andrés Calle a las de Peñate Uparela y habría servido para desequilibrar el voto finish que hasta entonces planteaban las encuestas en la elección del alcalde de Montelíbano entre Gabriel Calle Demoya y Camilo Emilio Cura. Y así fue. El resultado dejó ganador a Calle con el 46 por ciento (19.210 votos). Cura, su rival, obtuvo el 45 por ciento (18.390 votos).

Ya se indaga y se han solicitado registros de telefonía celular y la ubicación de Peñate Uparela al momento de la entrega, pues, según conoció SEMANA, es muy posible que se encontrara con Andrés Calle en el edificio K72 o se habrían reunido después.

Sin embargo, otra versión tiene el actual gerente de Jaguazul, Peñate Uparela, quien fue contactado por SEMANA para que explicara el motivo de este chat, que coincide con la presunta entrega del millonario botín para el presidente de la Cámara.

Al ser cuestionado mediante llamada telefónica, se molestó, afirmó que de qué se le acusaba y colgó el teléfono. Luego, este medio le insistió por mensajes de WhatsApp. Dijo que no era gerente de campaña y que “estaba pendiente porque iban a entregar ayudas en Puerto Escondido por un desastre natural que había ocurrido. Había quedado en acompañarlo (a Olmedo López) a esa entrega, pero él nunca me respondió”.

Como SEMANA sabe que en la investigación se está tratando de establecer si Peñate Uparela estaba con Andrés Calle en Montería, se le preguntó por su ubicación al momento de enviar el mensaje. Su respuesta fue: “En Necoclí, Antioquia”.

Adicional a ello, se le preguntó: si estaba esperando a Olmedo López para entregar ayudas en Puerto Escondido (Córdoba), ¿por qué estaba en ese momento en Necoclí (Antioquia)? Muy molesto, Peñate Uparela dijo: “Mire primero las distancias en el mapa”.

Este medio ya había realizado ese ejercicio y la distancia son 120 kilómetros. Si una persona se ubicara en Bogotá, sería aproximadamente el trayecto que hay hasta Melgar. Sin embargo, Peñate Uparela agregó: “Por eso le escribí, porque estaba atento para ir a Puerto Escondido y no me habían avisado. Me enteré fue después de que habían entregado las ayudas y no lo pude acompañar”.

SEMANA le preguntó por qué fue nombrado como gerente de la empresa de acueducto Jaguazul cuando Gabriel Calle Demoya ganó las elecciones, pero no respondió.

En la Corte Suprema de Justicia, la investigación contra los primeros aforados llamados a responder, Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara, avanza rápidamente con las pruebas y testimonios de López y Pinilla.

Lo contrario está sucediendo en la Fiscalía, donde el caso está cerca de cumplir un año y, pese a la contundencia de las pruebas que involucran a contratistas, funcionarios y exfuncionarios de la UNGRD, el asunto va a paso de tortuga. Las investigaciones no avanzan ni han sido llamadas a responder las cabezas del saqueo.

En cuanto a los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes destaparon el escándalo más grande de corrupción del Gobierno Petro, que compromete a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, entre otros, la Fiscalía va a paso lento.

Solo hasta el 18 de noviembre, desde el ente acusador, por medio de un comunicado, se anunció que ya se había concretado el preacuerdo con López, Pinilla y otros involucrados en este escándalo. Se trata del contratista Luis Eduardo López, quien prestó la plata y se quedó con el negocio de los 40 carrotanques para La Guajira a cambio de pagar una jugosa coima.

Pedro Andrés Rodríguez, exasesor de la UNGRD, quien habría participado en la coordinación del direccionamiento de este contrato por más de 46.000 millones de pesos. Y el exsubdirector Luis Carlos Barreto, quien trató de evadir a la justicia ofreciéndole un soborno a Pinilla y fue puesto al descubierto cuando el abogado Gustavo Moreno se convirtió en agente encubierto.

Lo más delicado es que, aun cuando los preacuerdos están listos, la Fiscalía mantiene engavetados los principios de oportunidad que contemplarían los beneficios jurídicos para López y Pinilla. La verdad está saliendo a flote, fue corroborada con las contundentes declaraciones de María Alejandra Benavides, exasistente del ministro Bonilla, pero en el ente acusador todo va a otro ritmo.