Exfuncionarios de la Fiscalía se habrían torcido para evitar la extinción de dominio de propiedades de los criminales. Esta es la historia

Durante la administración de Francisco Barbosa, se inició una depuración sin precedentes en la Fiscalía, identificando a los funcionarios que, aprovechando sus cargos e influencias, implementaron un plan para favorecer al mejor postor. SEMANA revela detalles inéditos del expediente Perla Negra, que destapó una alianza criminal entre narcotraficantes, bandidos, fiscales, agentes de policía, Fuerzas Militares, funcionarios del Estado y particulares, esta vez para evitar que a los delincuentes les quitaran los bienes de origen ilícito.

Entre los beneficiados con el actuar de esta organización se encontraban José Bayron Piedrahita, más conocido como el Árabe o el Patrón de Caucasia (uno de los enemigos declarados de Pablo Escobar); Juan José Valencia, alias Falcon, uno de los socios de confianza de Otoniel; Carlos Ramón Zapata, el Médico, extraditado a Estados Unidos con otros 13 jefes paramilitares, y Javier García Rojas, Maracuyá, el multimillonario narco invisible.

La revisión minuciosa de varios patrones en los casos más grandes de extinción de dominio permitió establecer que innumerables bienes incautados a bandas criminales como el Clan del Golfo y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas habían sido escondidos y redireccionados desde el interior de la Fiscalía, con la finalidad de ocultar los bienes, evitando que fueran objeto de extinción de dominio y terminaran en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La investigación arrojó que no habían sido errores de buena fe ni exceso de trabajo de los fiscales. Los delegados sabían muy bien lo que hacían y, en muchos casos, hicieron hasta lo imposible para obtener información clave en beneficio propio, en lugar de enfocarse en los procesos que debían adelantar, obstaculizando así la labor del Estado para que esos bienes fueran destinados a la reparación de las víctimas y al recaudo de la SAE.

Entre las pesquisas surgió un nombre, bastante destacado: Mónica Valencia Charry, la fiscal 32 especializada de extinción del derecho de dominio de Medellín, quien se había hecho a un renombre nacional e internacional por tocar los bienes de capos de la mafia y jefes de las bandas criminales que delinquían, principalmente en Antioquia, en operativos que hizo de la mano con agencias internacionales con las que mantenía una estrecha relación.

Una serie de correos electrónicos, resoluciones y una interceptación de una extraña conversación hacen parte del arsenal de pruebas que tiene la Fiscalía en contra de Valencia Charry y que SEMANA revela en exclusiva en medio del juicio que está por iniciar por los delitos de falsedad ideológica en documento público, violación de datos personales, fraude procesal y varios prevaricatos por acción.

La herencia de un desaparecido

En una veintena de correos enviados entre diciembre de 2022 y enero de 2023, la poderosa fiscal buscó, a como fuera lugar, información privilegiada sobre Julio César Zuluaga Trejos, un importante empresario antioqueño cuyo paradero es un verdadero misterio desde el 22 de octubre de 2002.

En medio de esta “dinámica delictiva”, como la calificó el fiscal Mario Burgos, la delegada de extinción de dominio pedía expresamente, y sin justificación alguna, que los familiares del empresario llevaran en una memoria USB las declaraciones de renta, información exógena, folios de matrícula inmobiliaria de los bienes que figuraban a nombre de Julio César Zuluaga Trejos.“

¿Esto qué tiene que ver con el proceso de desaparición forzada? Todo estaba encaminado a conocer su patrimonio, información reservadísima sobre información exógena”, alegó el fiscal Burgos en la acusación, reseñando que el expediente de Zuluaga Trejos aparecía inactivo en el sistema.

Durante semanas, de forma insistente y aprovechándose del dolor de una familia que solamente quería tener información sobre su ser querido, la fiscal Valencia Charry buscó la forma de obtener información privilegiada para así poder ubicar todos los bienes del empresario y beneficiar a un grupo de interesados.

La pieza que terminó por aclarar toda la situación llegó tras la grabación clandestina, pero ya legalizada, hecha por una de las parejas sentimentales del empresario, que ya estaba cansada de las presiones de la delegada del ente investigador. En varios apartes de la extensa charla, la fiscal dejó de lado la humanidad y, con todo tipo de presiones, intentó obtener información de los bienes que tenía el empresario. Todo esto en el marco de una disputa familiar que tiene tanto de largo como de ancho.

Como lo indicó el fiscal Burgos, la fiscal Valencia Charry solo quería obtener datos sobre un megalote ubicado cerca de la presa La Fe, en Antioquia, el cual había generado una rencilla interna entre los herederos. Con un grupo de familiares del empresario desaparecido, ya había logrado un acuerdo para direccionar su entrega.

El mencionado megalote había estado envuelto en varias polémicas a finales de la década de los noventa, cuando fue adquirido por un valor comercial bastante bajo por la Alcaldía de Medellín. El terreno también fue mencionado en los procesos de Justicia y Paz en contra de los jefes de la temida Oficina de Envigado, como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Carlos Mario Aguilar, conocido como Rogelio.

Con interceptaciones

En la acusación de la Fiscalía se advierte que “la fiscal Mónica Valencia Charry incurrió en decisiones, las cuales, por su rango de acción, son prevaricadoras. En este sentido, emite resoluciones de interceptación de comunicaciones de la familia Zuluaga cuando el proceso ya no estaba en su poder y estaba inactivo”.

Para colmo de su suerte, el coronel en retiro de la Policía Nacional Ricardo Alberto Durán Ruiz firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que se comprometió a entregar información sobre la forma como delinquía esta empresa criminal y, si es requerido, ser testigo.

El oficial, quien era reconocido por sus labores antimafia desde su cargo como jefe del Grupo Especial de Investigaciones Interagenciales de la Dijín, fue pieza clave en este entramado, ubicando lujosos bienes para desvincularlos de un proceso de extinción de dominio y devolverlos a sus clientes, quienes los habían obtenido de manera ilegal.

Igualmente, el Árabe y el Médico ya anunciaron su plena disposición para colaborar con esta investigación, dando detalles sobre el tiempo, el modo y el lugar donde se ejecutó esta estrategia criminal, en la que pese a que les encontraban los bienes, desde la Fiscalía evitaban que se los arrebataran a los delincuentes y terminaran en la SAE.

El caso, que en realidad es un escándalo multimillonario que refleja una alianza oscura entre altos funcionarios de la Fiscalía, oficiales de la Dijín y delincuentes, se ha manejado en voz baja y los avances no se ven, tanto que, desde el 22 de mayo pasado, la fiscal se encuentra en libertad. Esto después de que un juzgado determinara que se había presentado un vencimiento de términos.