Fiscalía cuestiona que Carlos Caicedo haya atendido la audiencia desde una de las obras que no entregó

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público agravada, en calidad de autor, deberá responder el gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar en el tercer proceso que se le adelanta por las irregularidades en la celebración de un millonario contrato cuando fue Alcalde de Santa Marta.

Este martes, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el mandatario departamental avaló la ejecución del contrato firmado el 1 de 2015, para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Equidad y el corregimiento Bonda, en la capital del Magdalena. “Debo indicarle que a usted señor Caicedo Omar la Fiscalía General considera que esos tres delitos le fueron ejecutados en tres circunstancias de mayor punibilidad”.

El delegado del ente investigador advirtió que la obra tenía como finalidad satisfacer necesidades del bien común de una colectividad. “La Fiscalía pudo evidenciar que los recursos objeto de los punibles estaban destinados a la construcción del desarrollo infantil (...) en particular la educación y estimulación temprana de los menores beneficiarios de la localidad que hasta el momento no han podido entrar ahí, a ese centro de desarrollo donde usted se encuentra”.

En la imputación de cargos, que se extendió por tres horas, se advirtió que a Caicedo muchas personas le señalaron de las demoras y falencias en la obra, pero jamás atendió estas advertencias y continuó con la ejecución de la obra que hasta la fecha no ha sido entregada “para el disfrute” de la población de la capital del departamento.

“Usted fue advertido por un ciudadano de Santa Marta sobre las irregularidades que se cernían en el proyecto de pliego de condiciones y en vez de oírlas y corregir el rumbo las desestimó y continuó con el trámite contractual”, precisó el fiscal del caso.

Por su formación como abogado y su conocimiento de temas públicos, puesto que ha ostentado varios cargos en su vida, “tenía la comprensión para determinar la antijuricidad de sus actos”, y advertir sobre un peculado que se acercó a los mil millones de pesos. “El valor de los dineros de la Alcaldía de Santa Marta que de forma ilícita terminaron en manos de un contratista, según la estimación realizada fue de 979 millones de pesos”.

“Encontramos que era consciente que la tramitación de contratos estatales sin el cumplimiento de requisitos legales, la apropiación de bienes del Estado y la falsificación de documentos públicos son delitos en extremo graves en Colombia, precisamente su arraigo nos demostró que usted es profesional en Derecho amén que el tema de la cosa pública no le es para nada desconocido”.

De ser hallado culpable, el mandatario departamental se expone a una condena de 33 años de prisión. En este proceso, la Fiscalía General le solicitará a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que lo cobije con detención domiciliaria.

“Es un hecho notorio que usted no es un novato en el manejo de la cosa pública de este país, señor Caicedo es una persona ampliamente admirado y reconocido en su comarca, precisamente la comunidad lo eligió y lo exaltó a través del mecanismo de elección popular para que, primero, rigiera los destinos del distrito de Santa Marta y luego, de forma más reciente, para que regentara el gobierno departamental del Magdalena, circunstancias que, lastimosamente, en lugar de ser utilizadas para el bien común, considera la Fiscalía, que ha constituido un vehículo para lesionar los intereses económicos del municipio y defraudar a toda una sociedad, principalmente la más vulnerable, como lo es la primera infancia”.

Este es el tercer proceso que se le adelanta a Caicedo por irregularidades en contratación. El primero tiene relación con la megabiblioteca construida en el colegio San Pedro Alejandrino y la construcción del Coliseo Gaira. En todos estos proceso el Gobernador se ha declarado inocente.

Es una persecución política

Tras la pregunta del magistrado, el gobernador Carlos Caicedo señaló que entendió con claridad los cargos imputados y el objeto de la investigación, rechazando así su participación en los hechos mencionados. “El propósito era ver cómo nos seguía sometiendo a su sistemática estructuración de cargos, la cual, claramente, no aceptamos porque no tiene fundamento ni asidero fáctico”.

Caicedo aseguró que la Fiscalía General está desesperada para sacarlo del cargo por el que fue elegido. “Esta imputación está basada en falsedades que vamos a refutar, pero entiendo que la Fiscalía tiene un objeto propósito desesperado de ver cómo se viene en contra mía en tres imputaciones sucesivas que llevan una semana sometiéndome a un escarnio público”.

El mandatario indicó que el contrato cuestionado no fue firmado durante su administración y ahora se le quiere quitar responsabilidad a sus antecesores. “El señor ha mentido para dejarnos aquí como una suerte de delincuentes en el que se actúa en solitario para lesionar los intereses de la comunidad”, manifestó el Gobernador.

Finalmente, reiteró que estos procesos son un montaje. Tras sus acusaciones, el fiscal del caso le pidió respeto por la administración de la justicia.