Fiscalía desmiente supuesta inspección judicial a sede de la Flip

En medio de la polémica por la inminente imputación de cargos de parte de la Fiscalía en contra de la periodista Diana Marcela Díaz, quien denunció un caso de censura en RTVC por parte de su exgerente Juan Pablo Bieri, el ente investigador aclaró que es falsa la versión de que adelantaría una inspección judicial a la sede de la Flip.

“La supuesta diligencia a las instalaciones de la Flip, de la que hablan en redes sociales, es falsa”, señala un comunicado de la Fiscalía, en que la entidad se declara “respetuosa de la libertad de prensa”.

El caso se remonta a principios de 2019, cuando se conoció un posible acto de censura por parte de Bieri, entonces gerente de RTVC, contra Santiago Rivas, presentador del programa Los puros criollos.

La denuncia se conoció a través de varios audios revelados por La Liga Contra el Silencio, alianza de varios medios de comunicación y la Fundación para libertad de prensa (Flip).

En la grabación, se escucha a Bieri decir: “¿Cómo hacemos para que (Rivas) no salga más en nuestros productos?”. Más adelante decía que el presentador, con sus opiniones sobre el Gobierno nacional, está mordiendo “la mano que le da de comer”.

Se trataba de una charla de Bieri con tres de sus asistentes en que el funcionario, quien también fue director de comunicaciones de la campaña de Iván Duque, expresaba que en su gerencia “no hay posibilidad de que Santiago Rivas vuelva a trabajar en alguna coproducción ni producción”.

El escándalo que desató esa revelación fue tan grande que al final le costó su cargo en la entidad, aunque según Bieri el audio no probaba censura porque sus palabras fueron producto de un momento de “cabeza caliente” que, al final, no se tradujeron en acciones concretas.

Sin embargo, en su momento los medios que encabezaron la denuncia vieron las declaraciones como un caso “paradigmático” de censura. “Para nosotros la censura fue indiscutible (...) Todo esto empezó porque Santiago Rivas puso un tuit donde se refería directamente a la cuenta oficial de RTVC y también emitió sus opiniones en el episodio de La Pulla del seis de diciembre. Esas opiniones personales, que la Constitución le da el derecho de pronunciar donde sea, le costaron esta censura por parte del gerente de RTVC”, aseguró entonces a SEMANA el periodista Sinar Alvarado, encargado de la alianza.

El caso revivió esta semana cuando se conoció que la Fiscalía convocó para el 18 de noviembre la audiencia de imputación de cargos contra Diana Marcela Díaz, funcionaria de RTVC que, supuestamente, filtró los audios de la conversación en que Bieri pedía modificar el horario del programa Los puros criollos.

Según se conoció este mismo lunes, Díaz será acusada del delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva pues, según la denuncia, la funcionaria grabó la charla de manera ilegal dado que esta se dio en una reunión laboral, por lo que habría violado una cláusula de confidencialidad con esa empresa pública.

En medio de esto, el director de Flip, Jonathan Bock, envió una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, rechazando de manera rotunda una solicitud de la entidad para adelantar una inspección judicial a la sede de esa organización.

La Fiscalía le salió al paso a esa versión y en un comunicado de prensa aclaró que, tras recibir una denuncia de Bieri contra Diana Marcela Díaz por supuesta utilización de asunto sometido a secreto o reserva, pidió una inspección a la Flip para obtener información al respecto.

“Sin embargo, no se hizo porque no hubo necesidad, ya que en la respuesta de la entidad a la fiscal que adelanta el caso se dijo que no tenían registros ni videos. Por tanto, la supuesta diligencia a las instalaciones de la FLIP, de la que hablan en redes sociales, es falsa”, señala el texto.

De igual forma, la entidad indicó que “es respetuosa de la libertad de prensa y ha sido contundente en sus investigaciones contra este delito. Por tanto, rechaza cualquier intento de presión o censura de información (…) La Fiscalía llama a la prudencia a todas las organizaciones que vigilan la libertad de prensa para que no se permitan malas interpretaciones con las investigaciones que cursan en la entidad, pues los principios de imparcialidad y objetividad rigen los procesos penales”.