Fuego cruzado por El Remanso: mientras Fiscalía imputa y pide cárcel para 24 militares, la defensa argumenta, con prueba reina, que fue una operación legítima

Uno de los operativos militares más polémicos de los últimos años se llevó a cabo en marzo de 2022, en la remota vereda del Alto Remanso, municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Hombres del Ejército desembarcaron en busca de un poderoso narcotraficante de las disidencias conocido como Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, pero el operativo terminó en fuego cruzado y con la muerte de 11 civiles. Este escándalo tiene a 24 uniformados respondiendo ante la Justicia por homicidio agravado en persona protegida. En este juicio también hay fuego cruzado.

Mientras que la Fiscalía descargó toda su artillería judicial y habla de una masacre perpetrada por los militares, pide la detención inmediata y busca condenas hasta de 50 años, la defensa de los uniformados contraataca y argumenta que fue una operación legítima y pretende demostrar la inocencia. Un documento rotulado como “reservado” se convierte en una pieza fundamental para tumbar el caso y es una de las principales armas contra la implacable imputación.

SEMANA revela detalles inéditos de los argumentos y pruebas que se han presentado en las audiencias ante un juez, quien el lunes dictará la última palabra sobre la libertad de los militares mientras el proceso continúa.

A juicio de la Fiscalía, tal como lo argumentó en la imputación, durante la acción murieron un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío, un menor de edad y ocho personas más que permanecían en estado de indefensión. Adicionalmente, quedaron heridos cinco civiles, entre ellos una adolescente embarazada.

Los investigadores se dieron a la tarea de reconstruir los hechos en el mismo terreno, apoyados por equipos forenses y de balística. Recogieron testimonios de los sobrevivientes y de los uniformados, revisaron las órdenes operacionales y su conclusión fue tajante: se trató de una acción desbordada en la que no se midió la presencia de civiles en la zona, que no tenían nada que ver, y terminaron muertos.

“Luego de varias horas de observación, y con pleno conocimiento de que Bruno no estaba en la zona, unidades del Batallón Contra el Narcotráfico y del Pelotón de Reconocimiento Táctico n.º 3, portando prendas oscuras, distintas a las que tradicionalmente usa el Ejército Nacional, accionaron sus armas de dotación contra el caserío Alto Remanso, justo cuando terminaba un bazar comunal”, dijo la Fiscalía.

Según lo expuesto en la imputación de cargos que se realizó hace apenas unos días, la Fiscalía estableció que los militares realizaron al menos 1.600 disparos contra 13 casas, una caseta comunitaria, el polideportivo y el embarcadero. Además, lanzaron granadas de 40 milímetros y de fragmentación.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, sobre las 13:20 horas de ese lunes 28 de marzo de 2022, el presidente de la Junta se encontraba contando el dinero que hasta ese momento se había recolectado en el bazar. Minutos después, el soldado profesional de aire José Arboleda, tirador de alta precisión, realizó el primer disparo, autorizado por el teniente coronel Néstor Andrés Cadena, quien era el comandante del Batallón Contra el Narcotráfico n.º 3.

En adelante empezó el ataque y, según cuenta la Fiscalía, las mujeres fueron amenazadas con fusil, objeto de abusos y encerradas en una habitación. Al momento de arreciar la incursión, “las viviendas que están construidas artesanalmente, con el respeto de esa comunidad campesina y ancestral, tienen paredes de tablas, por tanto, no era un lugar seguro para proteger la vida, integridad física de estas personas frente a semejante ataque desproporcionado del Ejército”.

Documento reservado

Aunque la Fiscalía sostiene que el ataque fue “desproporcionado”, otra versión tiene el Ejército y la defensa de los 24 uniformados. Según un documento denominado ‘Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Batallón Contra el Narcotráfico n.º 3. Informe de patrullaje’, fue un procedimiento planeado.

La operación se denominó Mehlon, y, de acuerdo con el informe conocido en exclusiva por SEMANA, se detallan los seguimientos, labores de investigación e inteligencia, hasta determinar que alias Bruno iba a estar en el bazar para realizar negocios de narcotráfico. Según este mismo documento, los superiores seguían paso a paso y recibían el reporte directamente de hombres en la zona.

En este informe confidencial, la versión de los hechos es diferente. Se puede leer que el 27 marzo, un día antes de la incursión, “se reporta la presencia de hombres armados (con armas largas) en el árbol que queda ubicado entre el río Putumayo y el burdel, no se autorizan acciones por presencia de civiles en la zona”.

Al día siguiente, sobre las 6:40 de la mañana, según la bitácora, “se informa al comandante del batallón que se tienen plenamente identificados combatientes ilegales portando armas largas”.

A las 7:20 reportan el inicio de la ofensiva: “Alto volumen de fuego enemigo contra su posición, dando inicio a combates contra la estructura de alias Bruno, se escuchan disparos desde varias partes del caserío, reportan al soldado Beleño herido con impacto de bala”.

Minutos después, a las 7:30: “Hostigamiento con disparos de fusil desde el otro lado del río Putumayo en territorio ecuatoriano. Se reporta la salida de una lancha, al parecer con dos combatientes ilegales, en armas, heridos”. Unos minutos después advierten la neutralización de dos criminales.

En ese momento, un tirador de alta precisión (TAP) informa que presuntos integrantes de las disidencias les están retirando a los criminales neutralizados el material de guerra y comunicaciones.

Ya sobre las 9:50 de la mañana desembarca la Fuerza de Reacción Inmediata, que se encarga de extraer a uno de los militares heridos. A las 11:00 a. m. ingresa un comando llamado Cronos1, que reporta cuatro personas heridas, a quienes se les da atención de primeros auxilios. A las 5:00 p. m. empiezan los procedimientos jurídicos, pero surge un enfrentamiento con los pobladores que intentan impedir las diligencias. Finalmente, el procedimiento se logró con el apoyo de la policía judicial del CTI, afirma la versión del Ejército.

La conclusión de este informe también es contundente: “1. El desarrollo del proceso de inteligencia fue articulado en todo su ciclo con la Fiscalía. 2. La no detección durante la fase de infiltración que permite la ubicación del grupo ilegal. 3. La aplicación de los principios del derecho internacional humanitario”.

El abogado José Luis Villafañe, quien forma parte de la bancada de defensa de los militares, señaló que “no es una acusación contundente, parece de tendencia política. No se entiende cómo una operación militar legítima termina con imputación de 24 militares, cuyo pecado es luchar contra estructuras del narcotráfico”.

El abogado incluso aseguró que fueron claros los hechos y el enfrentamiento, y no entiende cómo se produce una situación tan absurda como imputar al soldado Roberto Beleño y, al mismo tiempo, declarar que ha sido víctima, pues fue herido, perdió el 62 por ciento de su capacidad y ya no puede trabajar. Estos argumentos de parte y parte ahora tendrá que revisarlos la Justicia. Mientras tanto, el lunes se definirá si los militares investigados van a prisión.