Indignante: ante la JEP, excomandantes de las Farc negaron haber sometido a esclavitud a los secuestrados

Diez miembros del antiguo Comando Conjunto Central de las Farc aceptaron su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad imputados por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en julio de este año, relacionados con la toma de rehenes, secuestros y otros delitos ocurridos durante su operación criminal en el departamento del Tolima, así como en varios municipios de Huila y Quindío.

Sin embargo, en el mismo documento en el que asumieron la imputación por secuestros, los exguerrilleros negaron cualquier tipo de responsabilidad en los delitos de esclavitud contra los secuestrados. En un extenso escrito de 203 páginas, declararon que no reconocen que se hubieran cometido trabajos de esclavitud contra las “personas en cautiverio” y mantuvieron la misma postura que el secretariado de las Farc, que tampoco admitió estos delitos de lesa humanidad.

En el documento, la defensa de los exguerrilleros argumentó que la JEP no demostró “la existencia del elemento subjetivo del hecho ni su relación con la responsabilidad de mando en el caso del único compareciente imputado por el delito de esclavitud”.

Los abogados de los exguerrilleros también señalaron que, “no se realizó un análisis fáctico adecuado para establecer si existían indicios de duración y propiedad en el momento de la imputación.”

Además, los exmiembros del Comando Conjunto Central se justificaron argumentando que supuestamente nunca tuvieron la intención de disponer de los secuestrados como personas “de su propiedad”.

Por tal motivo, la defensa de los excombatientes argumentó que “es necesario probar que el compareciente, al perpetrar la conducta, tenía conocimiento de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil y que además conocía el hecho de que se estaban tratando a los secuestrados como propiedad, cosificándolos y obligándolos a realizar determinados trabajos”.

En resumen, para los abogados de los comparecientes al tribunal de paz, la imputación por el delito de esclavitud resultó ser “incompleta”. Ante este panorama jurídico, la Sala de Reconocimiento de la JEP deberá evaluar los extensos argumentos de la defensa de los exguerrilleros y decidir cómo proceder en relación con este aspecto específico del denominado macro caso 01.

¿Qué pruebas tiene la JEP?

Las pruebas recolectadas indicaron que esta estructura guerrillera adoptó una política de financiación a través de los secuestros. Con la llamada Comisión Financiera Manuelita Sáenz, según explicó la magistrada Julieta Lemaitre, “se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión” para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado de las Farc que, sea dicho de paso, ya fue imputado por estos hechos.

Los diez excomandantes imputados anunciaron que, al igual que los exintegrantes del Secretariado de las Farc que firmaron el Acuerdo, reconocerán y aceptarán estos cargos dentro del caso 01, conocido como el de “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP”.

En este sentido, indican que este reconocimiento de responsabilidades “hace tanto en relación con las conductas propias de la ejecución de las políticas de secuestro establecidas dentro de la antigua organización, así como por la omisión del deber de controlar y sancionar los malos tratos que atentaron contra la dignidad de los y las secuestrados durante su cautiverio” (sic).