JEP confirma arresto contra dos importantes funcionarios del Ministerio del Interior; cartera responde que aún no han sido notificados

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la medida de detención contras dos importantes funcionarios del Ministerio del Interior.

Se trata del director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, Germán Bernardo Carlosama López, y el director de Derechos Humanos, Franklin Castañeda Villacob.

Sin embargo, desde el Ministerio del Interior le dijeron a SEMANA que estos funcionarios aún no han sido notificados de la medida de aseguramiento en su contra.

Esas determinaciones fueron tomadas por la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad en el marco del auto de medidas cautelares para el resguardo indígena de San Lorenzo.

En el auto AI - 084 de 2023, ese tribunal decidió declarar que Carlosama López incurrió en desacato y le ordenó cumplir con una pena de dos días de arresto y pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos.

Entre tanto, el auto SAR- AI – 079 de 2023 confirmó la sanción de arresto inconmutable contra Castañeda Villacob, acusándolo de haber incumplido órdenes judiciales.

A los dos directivos del Ministerio del Interior se les señala de haber incumplido las órdenes proferidas por ese tribunal sobre los cementerios e inhumaciones, en medio del proceso de búsqueda de los desaparecidos del conflicto armado en Colombia.

La JEP había comunicado la decisión del arresto desde la primera semana de diciembre. Para entonces, Castañeda respondió que las demoras en el cumplimiento de esas disposiciones se debieron a falta de capacidades dentro de la cartera.

Y es que, según señaló el encargado de ese despacho, solo hasta septiembre lograron conformar un equipo dentro del Ministerio que estuviera capacitado para seguir las órdenes de la JEP, momento para el que comenzaron a ejecutarse las disposiciones sobre la administración de unos 57 cementerios del país.

“Hemos sido muy sinceros con la JEP. Nosotros le hemos dado cumplimiento a la orden y le dimos un cumplimiento tardío porque no teníamos capacidad administrativa, pero, en todo caso, le hemos dado un cumplimiento anterior a las elecciones de octubre y hemos acompañado los procesos de empalme”, detalló Castañeda Villacob.

Asimismo, la cartera que dirige Luis Fernando Velasco apuntó que “el Ministerio del Interior se ratifica en su compromiso garante de los derechos humanos de las víctimas, y reitera que continuará avanzando en el cumplimiento de las órdenes judiciales, en concordancia además con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual”.

La JEP le ha pedido al Gobierno que se diseñe una Política Pública de Gestión de Cementerios para poder acompañar la búsqueda de las víctimas del conflicto armado que siguen desaparecidas y cuyos restos podrían encontrarse en decenas de cementerios del país como cuerpos no identificados.

La medida en cuestión surge tras la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Armenia (Quindío) y Riosucio (Caldas), donde se estuvieron desarrollando audiencias de la JEP entre noviembre y diciembre de este año.

Sobre ese caso, el Ministerio del Interior ha asegurado que “se ratifica el respeto y cabal acatamiento de las órdenes emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, reservándose el derecho de interponer las acciones de ley para la reconsideración de la decisión por parte de los honorables magistrados de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad de la JEP”.

Actualmente, la gestión de los cementerios se rige por el Decreto 303 de 2015. Sin embargo, a partir del Acuerdo de Paz con las extintas Farc se planteó la necesidad de crear una política pública de manejo de cementerios para facilitar la búsqueda de los desaparecidos víctimas del conflicto armado.

Ante esa coyuntura, el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a trabajar en ese asunto y se puso como fecha límite el próximo 28 de diciembre de este 2023 para entregar el diagnóstico de 57 cementerios en Caldas, Quindío y Risaralda, donde debe efectuarse la búsqueda de los desaparecidos por la que se emitieron medidas cautelares para el resguardo indígena de San Lorenzo.