JUSTICIA

JEP rechaza sometimiento de exfiscales acusados de chuzadas ilegales

Se trata de Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, quienes también interceptaron a los negociadores de paz en La Habana. Uno de ellos fue condenado el año pasado.

16 de septiembre de 2020

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de los exfiscales procesados por casos de chuzadas ilegales. Se trata de Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Augusto Martínez Lugo, quienes habrían interceptado al sindicato de Avianca y a los negociadores de paz en La Habana.

Según la jurisdicción, los exfuncionarios no cumplieron con los factores de competencia necesarios para acogerse en calidad de agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, luego de que tramitaran su solicitud el pasado 5 de diciembre.

La decisión de la JEP se conoce luego de que hace dos meses la Procuraduría le solicitara a ese tribunal rechazar el sometimiento de los exfuncionarios, pues el Ministerio Público considera que los delitos no fueron cometidos en el marco del conflicto armado, sino que obedecieron a “motivaciones personales”.

Además, indicó en su momento el ente de control, las interceptaciones ilegales ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016, por lo que no sería competencia de la JEP.

En efecto, la jurisdicción explicó que “por más que los exfuncionarios argumentaron que las chuzadas que iniciaron con el extinto DAS se convirtieron en un delito de ejecución continuada que asumió la Fiscalía General de la Nación donde trabajaban”, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas no encontró ninguna prueba de que los hechos formen parte de un “aparato institucional criminal” implementado para lograr ventaja militar o avanzar en la lucha contra la insurgencia.

La evidencia evaluada por los magistrados de la JEP, por el contrario, indica que Gómez Góngora y Martínez Lugo operaron como “una empresa criminal particular integrada por funcionarios y exfuncionarios públicos que se dedicó a ofrecer servicios de interceptación ilegal de comunicaciones a cambio de sumas de dinero”.

Magistrados del tribunal advirtieron, además, que las interceptaciones ilegales no afectaron a actores del conflicto armado, sino a personas que formaban parte, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

En cuanto al caso de las chuzadas a los negociadores de paz en Cuba, la JEP asegura que “no hay evidencia que soporte que las interceptaciones ilegales facilitaron la realización de operaciones militares en defensa de la seguridad nacional”.

A mediados del año pasado, Luis Carlos Gómez Góngora, excoordinador de la Sala Diamante del búnker de la Fiscalía, fue condenado a ocho años de cárcel por las interceptaciones ilegales a Acdac, el sindicato de pilotos de Avianca.

Por su parte, Fabio Augusto Martínez Lugo fue capturado en julio de 2019 y acusado por su presunta participación en la organización criminal.