Juez ordena libertad condicional para la exfiscal Hilda Niño

El juez 22 de Ejecución de Penas de Bogotá concedió la libertad condicional a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, quien ha estado recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía y ha mostrado un buen comportamiento.

“Su desempeño durante el tiempo privada de la libertad es positivo, dado que mantuvo su conducta en el grado de buena y ejemplar, según informa el registro de calificaciones en la cartilla biográfica de la interna”, dice la decisión del juez, que añade que “el tiempo de internación física cumplido resulta suficiente para que la enjuiciada haya recapacitado sobre su proceder ilícito y la posibilidad que tiene de reintegrarse a la sociedad”.

En agosto de este año, la exfiscal de Justicia y Paz, Hilda Niño Farfán, fue condenada a cinco años de cárcel por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como coautora del delito de cohecho propio.

La Sala señaló que en virtud de un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la procesada, Niño fue condenada anticipadamente por haberse valido de su condición de fiscal a cargo de la situación jurídica de los integrantes del Bloque Vencedores de Arauca para recibir dádivas de Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera y Orlando Villa Zapata. Esto con el propósito de “omitir su condición de narcotraficantes y presentarlos como destinatarios y beneficiarios del proceso de justicia y paz”.

Por lo menos desde el año 2013 la exfiscal recibió una cifra cercana a los 200 millones de pesos a cambio de “realizar acto contrario a sus deberes oficiales, como fue imputarle ante un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, incluso, actos constitutivos de narcotráfico”.

Según el fallo leído por el magistrado ponente Jorge Emilio Caldas Vera, la exfiscal Niño recibió grandes sumas de dinero para “adelantar labores tendientes a presentar a Villa Zapata y Mejía Múnera como miembros de un grupo paramilitar, a pesar de que era conocedora de su simple condición de traficantes de estupefacientes”.

“De tal suerte que, valiéndose de su condición de servidora pública, decidió ejecutar un acto arbitrario, contrario al ordenamiento jurídico y a sus deberes funcionales a cambio de importantes sumas de dinero, lesionando de forma efectiva el bien jurídico de la administración pública al utilizar su cargo como instrumento de injusticia y de enriquecimiento indebido”, subrayó.

Asimismo, dice el documento de agosto que es fácil concluir que la procesada obró con pleno conocimiento y en toda la capacidad de comprender que estaba cometiendo una infracción. “Es tan claro que, conocedora de la ilicitud de su actuar, acometió decididamente en su realización, al punto que como contraprestación de su ilícito actuar puso precio a la desviación de la función pública que le fue encomendada, mismo que no solo le fue pagado, sino que exigió con vehemencia en la modalidad dineraria convenida”.

Entre las pruebas usadas por las autoridades, están las conversaciones de múltiples chats entre ella y Juan Carlos Restrepo Bedoya, abogado de Mejía Múnera. Uno de los intercambios muestra cómo ella le dice que no ha recibido el dinero prometido y lo amenaza con no garantizar nada de lo pactado, por los incumplimientos en los pagos demandados.

Respecto de los delitos de fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, peculado por apropiación y peculado por uso, que también le fueron imputados, la Sala de Instrucción señaló en su momento que se suspendió la actuación penal por la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación.